La última víctima inesperada del Brexit: las playas de UK se llenan de aguas residuales

Tras el Brexit, los británicos se toparon con muchas sorpresas que no esperaban o, más bien, no quisieron escuchar en su momento. Descubrieron que determinados envíos cuestan ahora más que el producto adquirido, que aquellos que cuentan con casa en España ya solo la pueden disfrutar un máximo de 90 días cada seis meses o que viajar con sus mascotas se convierte ahora en una pesadilla burocrática. Pero con lo que nadie contaba era con que la salida de la UE iba a afectar también a los monitores de aguas residuales en la amplia costa británica o que las empresas podrían descargar agua sin tratar lo suficiente para asegurar su limpieza.

En las playas más populares de Inglaterra y Gales, los monitores están defectuosos o simplemente no están instalados, lo que significa que los ciudadanos podrían estar nadando entre desechos humanos sin tan siquiera saberlo. La polémica sale a la luz coincidiendo con los últimos días en Downing Street de Boris Johnson, el 'rockstar' de la causa euroescéptica.

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La mayor parte de Reino Unido tiene un sistema de alcantarillado combinado —que data de la época victoriana—, lo que significa que tanto el agua de lluvia como las aguas residuales (de inodoros, baños y cocinas) se transportan por las mismas tuberías a una planta de tratamiento. Según la Agencia de Medio Ambiente, la capacidad se puede exceder en ocasiones durante las fuertes lluvias, como las que tuvieron lugar la semana pasada. Esto podría provocar la inundación de viviendas, carreteras y espacios abiertos, por lo que el sistema está diseñado para desbordarse ocasionalmente y descargar el exceso de aguas residuales directamente al mar y ríos.

Las compañías de agua son las que controlan los vertidos mediante el uso de unos monitores. Pero un análisis elaborado por el partido de los Liberal-Demócratas ha revelado que 1.802 de estos aparatos proporcionaron información durante menos del 90% del tiempo. Es más, en 1.717 desbordamientos de tormentas no había ni siquiera uno instalado.

Pero ¿qué tiene todo esto que ver con el Brexit? La cuestión es que, a finales de 2021 —año en el que los británicos salieron a efectos prácticos del bloque—, a algunas compañías les resultó más difícil obtener productos químicos para el tratamiento del agua debido a la interrupción de las cadenas de suministro en los puertos.

La Agencia de Medio Ambiente decidió entonces relajar las restricciones, permitiendo a las empresas “descargar efluentes sin cumplir con las condiciones” de sus permisos, que normalmente requieren que el agua sea tratada mediante un proceso de varios pasos.

Mientras que Reino Unido era parte de la UE, tenía que cumplir con la Directiva Marco del Agua, que solicita a los Estados miembros que elaboren planes de gestión de cuencas fluviales para lograr un buen estado ambiental. Pero una vez fuera, puede ya imponer sus propias normas. El problema es que no están funcionando como deberían.

El montaje de un vídeo en el que sale Nigel Farage —gran protagonista de la victoria del Brexit— asegurando que es “algo brillante y muy británico” mientras señala a las aguas fecales —en el vídeo verdadero, estaba en un partido de críquet— se ha convertido en viral.

Amelia Womack, líder adjunta de los Verdes, asegura que los ríos “ya están terriblemente contaminados”. “Las compañías de agua descargaron aguas residuales sin tratar no menos de 400.000 veces el año pasado. Es normal que el público esté ahora horrorizado por este fracaso”, matiza.

Una de las voces más críticas y que culpa al Brexit de la situación actual es precisamente Stanley Johnson, padre del aún primer ministro. Durante una reciente entrevista a la radio 'LBC' defendió que, cuando Reino Unido se unió en 1973 a lo que es hoy la UE, “era conocido como el tipo sucio de Europa” debido a la falta de mediciones estadísticas de la calidad del agua en las playas.

"No son solo las aguas residuales las que van a nuestros mares y ríos. Es todo tipo de cosas. Y tienes que tener un marco general de gestión"

“Las regulaciones europeas transformaron la calidad del agua en toda Europa y Reino Unido realmente se limpió. Pero ahora que estamos fuera del bloque la situación es muy difícil y peligrosa”, aseveró. “No son solo las aguas residuales las que van a nuestros mares y ríos. Es todo tipo de cosas. Y tienes que tener un marco general de gestión”, añadió.

Cuando la presentadora del programa —que precisamente era su hija Rachel Johnson, hermana del inquilino del Número 10— le preguntó quién tiene la culpa de la situación actual, no dudó en señalar al Gobierno que aún dirige su hijo.

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“Tenemos que culpar al Ejecutivo por no presionar en este asunto con tanta fuerza como debería haberlo hecho”, explicó. “Sin el respaldo que brinda el marco de la UE nos enfrentamos a un largo trabajo. Me refiero en particular al respaldo de la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE y el hecho de que la gente antes podía llevar a las autoridades a los tribunales por no insistir en que se cumplieran estos estándares. En Reino Unido llevamos sin medir la calidad del agua en nuestras playas desde hace tres o cuatro años. Es impactante”, agregó.

Beneficios de las empresas

En cualquier caso, la situación no ha hecho que las bonificaciones anuales pagadas a los ejecutivos de las compañías de agua se hayan visto afectadas. Todo lo contrario. El año pasado aumentaron un 20%. El último análisis de los informes anuales de las empresas revela que, en promedio, los ejecutivos —a los que se les permite además tener otros trabajos— recibieron 100.000 libras en pagos únicos, además de sus salarios, durante un periodo en el que se bombeó agua sucia durante 2,7 millones de horas en los ríos y zonas donde está permitido bañarse en Inglaterra.

En total, los 22 jefes de las compañías se pagaron a sí mismos 24,8 millones de libras, incluidos 14,7 millones en bonos, beneficios e incentivos. Cinco de los directores ejecutivos de las nueve empresas de agua y alcantarillado de Inglaterra también trabajan como directores no ejecutivos en otras entidades, participando en comités de remuneración.

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Water UK, que representa a las compañías de agua, asegura que “Reino Unido es el primer país del mundo que ha establecido un programa integral de monitoreo para desbordes de tormentas”. “Las empresas están de acuerdo en que existe una necesidad urgente de actuar para abordar el daño causado al medio ambiente por los derrames de los desbordamientos de tormentas y las obras de tratamiento de aguas residuales. Se están invirtiendo más de 3.000 millones de libras para mejorar el sistema como parte de un programa nacional más amplio para reducir su impacto medioambiental entre 2020 y 2025”, matiza un comunicado.

Por su parte, Downing Street recalca que las empresas “deben anteponer a los clientes antes que a los accionistas”. “Es completamente inaceptable que no reduzcan adecuadamente las descargas de aguas residuales. Esperamos que tomen medidas urgentes sobre este tema o se enfrentarán a multas”, dijo un portavoz del Número 10, quien recalcó que la Agencia de Medio Ambiente “lleva a cabo acciones de cumplimiento y seguimiento que se han intensificado”.

Oportunidades perdidas

En cualquier caso, cuando el Ejecutivo tuvo la oportunidad de intensificar las restricciones, no lo hizo. El año pasado, durante la tramitación de la nueva Ley de Medio Ambiente, la Cámara de los Comunes —donde los conservadores tienen una amplia mayoría absoluta— y la Cámara de los Lores tuvieron una amplia disputa sobre si las empresas deberían reducir los desbordamientos de aguas residuales o eliminarlos por completo. En la esquina de 'eliminar' estaban el duque de Wellington, los defensores del medio ambiente y la oposición laborista. En la esquina de 'reducir' estaban las propias compañías y el Gobierno 'tory'.

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Las dos cámaras llevaron a cabo diferentes votaciones sobre numerosas enmiendas. Y finalmente el Ejecutivo se salió con la suya. En lugar de un deber de “garantizar que las aguas residuales no tratadas no se descarguen”, la nueva normativa obliga a las empresas a garantizar una “reducción progresiva del impacto adverso de las descargas” de los desbordamientos de las tormentas.

Los ministros defienden que terminar con todos los vertidos de aguas residuales es prácticamente imposible sin un aumento en las facturas de los clientes de 569 a 999 libras por año. Esto se debe a que actualizar el sistema de alcantarillado de la época victoriana costaría entre 150.000 y 660.000 millones de libras. Y en un momento en el que la inflación podría llegar al 18% a principios del próximo año, no es precisamente una prioridad.

"Lo que realmente se necesitaba era una acción clara y tangible para poner fin a la contaminación por aguas residuales"

El pasado mes de febrero, el Gobierno pidió al regulador Ofwat que priorizara la acción de las empresas de agua para “reducir significativamente los desbordamientos de tormentas”. Según los nuevos planes, todas las tuberías de desbordamiento tendrán dispositivos de monitoreo para finales de 2023. Por su parte, la Ley de Medio Ambiente también obligará a las compañías a publicar informes anuales detallados y entregar al Parlamento un “análisis de progreso” sobre los desbordamientos cada tres años.

La ONG Surfers Against Sewage, que defiende a los afectados por aguas residuales, señala que algunas de las medidas de la normativa están bien, pero que “lo que realmente se necesitaba era una acción clara y tangible para poner fin a la contaminación por aguas residuales y simplemente eso todavía no ha llegado”.