Las promesas doradas del Brexit se hunden en un mar de papeleo y sobrecostes

Una de las grandes promesas del Brexit fue “liberar a las empresas británicas para darles el margen de maniobra necesario para maximizar su productividad y su contribución a la economía”. Sin embargo, “el único impacto detectable hasta ahora del divorcio es el aumento de los costes, papeleo y retrasos en la frontera”. Esta es la conclusión del informe clave del Comité de Cuentas Públicas (PAC) de Westminster, el organismo de control de gastos del parlamento, publicado este miércoles..

Si bien recalca que es “difícil” desentrañar las consecuencias del Brexit de los efectos del covid-19 y problemas globales más amplios de suministro y mano de obra -acrecentados en el Reino Unido por la nueva ley de inmigración-, también deja claro "que la salida de la UE ha tenido un impacto” en los volúmenes comerciales. Algo que tampoco sorprende, teniendo en cuenta que casi la mitad de las exportaciones británicas se dirigen al bloque.

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El informe supone un varapalo para Boris Johnson -abanderado de la causa euroescéptica- justo cuando su autoridad está más cuestionada que nunca por el escándalo del 'partygate'. Tras la dimisión de hasta cinco asesores clave la semana pasada, el 'premier' se encuentra en plena reestructuración de su equipo, intentando salir a flote. Y entre los cambios más significativos esta semana se encuentra el nombramiento de Jacob Rees-Mogg como nuevo secretario de Estado para las 'Oportunidades del Brexit y la Eficiencia Gubernamental'. Desde luego que la publicación del informe no es la mejor manera de comenzar en la nueva oficina.

Se trata de un cargo cuyas competencias no están aún muy definidas, pero con el que Johnson espera contentar a los 'brexiteers', después de que el ministerio del Brexit como tal desapareciera a finales del año pasado tras la dimisión de su titular, David Frost, frustrado por “la dirección que estaba tomando el Ejecutivo”. Todo apunta a que Rees-Mogg supervisará ahora los planes para transformar la legislación 'heredada' de las directivas comunitarias en una desregulación normativa que fomente la inversión. Johnson ha prometido una ley de Libertades del Brexit que ha sido acogida con recelo por los gobiernos autónomos de Escocia y Gales, que temen que conlleve una pérdida de sus competencias y una mayor recentralización del Estado.

El Comité de Cuentas Públicas se muestra especialmente crítico con Downing Street. “Siempre ha habido retrasos en los plazos prometidos. Es hora de que el Gobierno sea honesto sobre los problemas en lugar de prometer demasiado”, matiza. Asimismo, recalca que el Gobierno “debería estar haciendo mucho más trabajo a corto plazo para comprender y minimizar la carga actual sobre quienes comercian con la UE, abordar los riesgos y preparación de los nuevos controles y tener una frontera que esté operando de manera efectiva sin más demoras o medidas temporales”. En este sentido, describe los planes del Número 10 para crear “la frontera más efectiva del mundo para 2025” como “optimistas, dada la situación actual”.

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Tras el periodo de transición, el Reino Unido salió a efectos prácticos de la UE el 31 de diciembre de 2020. Bruselas lleva implementado los nuevos controles completos de los productos procedentes del Reino Unido desde principios de 2021. Las medidas sobre los bienes que iban en sentido contrario también deberían haber entrado en vigor en su totalidad. Sin embargo, Downing Street se está encontrando con serias dificultades, que se han incrementado por la falta de transportistas. Se calcula que hay un déficit de 100.000 camioneros.

Pese a su nueva normativa de inmigración, el pasado mes de septiembre, el Gobierno se vio obligado a ofrecer 10.500 visados de trabajo temporales hasta Navidades: 5.000 para camioneros y 5.500 para empleados de la industria avícola. En principio, los nuevos controles aduaneros se retrasaron hasta marzo. Luego hasta octubre. Y finalmente se impuso una nueva prórroga hasta inicios de 2022. Aunque algunos referentes a seguridad sanitaria y fitosanitaria para productos agrícolas no se implementarán hasta el próximo mes de julio.

Con todo, ya hay colas kilométricas de largas horas para los camiones en el puerto de Dover, principal conexión con el Canal de la Mancha. “Es como estar en la cola de un supermercado y ver cómo la persona que tienes delante, en lugar de pagar rápido con tarjeta, se pone a pagar con diferentes cupones. Eso lleva su tiempo”, explica de un modo muy gráfico Rod McKenzie, director ejecutivo de Road Haulage Association, la mayor agrupación de transportistas por carretera. “Y en los supermercados puede haber algo de espacio para moverse, pero en el puerto de Dover es limitado”, añadía.

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Aparte de los retrasos, los parlamentarios expresan su preocupación por el potencial contrabando que pueda existir antes de que se complete las nuevas infraestructuras fronterizas cerca de Dover. Los camiones que lleguen al puerto tendrán que viajar alrededor de 100 kilómetros hasta Ebbsfleet si es necesario que los funcionarios de aduanas controlen físicamente sus envíos. Y eso aumenta el riesgo, advierte el comité, de que los bienes puedan descargarse en el camino. Downing Street defiende que está en conversaciones con las autoridades francesas para discutir cómo podrían operar los nuevos controles sin causar colas, aunque reconoce que estas conversaciones “se encuentran en una fase inicial”.

En 2019, el servicio de aduanas del Reino Unido, HMRC, ya estimó que cumplir solo con las nuevas normas aduaneras podría costar a las empresas británicas y comunitarias 15.000 millones de libras al año. En este sentido, el Comité pide al Gobierno que apoye a las pequeñas y medianas empresas que enfrentan costos adicionales. Hasta la fecha, se han dado ayudas a 10.000 compañías que solían comerciar solo con la UE, mientras que otras han recibido ayudas a través del Fondo de Apoyo al Brexit para PYMES de 20 millones de libras. Sin embargo, el Comité recalca que “los criterios estrictamente definidos significaban que muchas empresas no podían acceder a este apoyo y solo se han pagado 6,7 millones de libras”.

El fantasma de la frontera de Irlanda del Norte

Otro de los puntos más importantes que aborda el informe es el impacto del polémico Protocolo de Irlanda. Durante las negociaciones de divorcio, el mayor objetivo siempre fue el de evitar una frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte para no poner en peligro la paz entre católicos y protestantes. Después de que Downing Street se negara a permanecer en la unión aduanera, optó por dejar a la provincia británica en un régimen distinto al del resto del Reino Unido, obligando ahora a Belfast a ejecutar controles a los productos que se reciben desde Gran Bretaña (Escocia, Gales e Inglaterra).

Se trata de una decisión que no solo está acarreando grandes problemas burocráticos, sino también tremendas tensiones políticas, hasta el punto de que los unionistas del DUP (que se sienten traicionados por Londres) han forzado el colapso del Gobierno de coalición en Belfast, generando una crisis a tan solo tres meses de las elecciones autonómicas.

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La dimisión el pasado jueves del ministro principal norirlandés, Paul Givan (DUP), provocó la salida automática de su número dos, Michelle O'Neill (Sinn Féin). El DUP ha advertido de que ve “difícil” regresar al Ejecutivo después de los comicios del 5 de mayo si no se solucionan los “problemas” que está causando el Protocolo en la provincia británica.

Su mayor miedo es que Irlanda del Norte está ahora más alineado a la República de Irlanda que a Gran Bretaña, lo que está dando impulso a los católicos del Sinn Fein en las encuestas. Para los republicanos, su objetivo histórico siempre ha sido la reunificación de la isla. Y con la reunificación comercial ven ahora el primer paso. Según el Comité, “los bienes que fluyen de Irlanda del Norte a la República de Irlanda aumentaron un 61% interanual entre enero y agosto de 2021 y los bienes de Irlanda a Irlanda del Norte aumentaron un 47% durante el mismo período”.

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En la sesión semanal en la Cámara de los Comunes, Boris Johnson ha señalado este miércoles que quiere negociar con Bruselas una solución a los problemas que está causando el Brexit en la provincia británica. Pero ha insistido en que si la UE no actúa “de manera razonable”, no dudará en activar el artículo 16 del Protocolo, lo que llevaría a la suspensión de su aplicación.

Por otra parte, el Comité de Cuentas Públicas mostró su preocupación por lo que sucederá cuando el tráfico de pasajeros a través de la frontera del Reino Unido vuelva a los niveles normales a medida que la pandemia vaya remitiendo. En este sentido, destaca que existe un riesgo significativo de más retrasos a finales de este año cuando la UE introduzca controles biométricos de pasaportes bajo su nuevo Sistema de Entrada y Salida.