¿Poner un tope a la factura de la luz? UK lo tiene y el país está en un caos energético

La crisis energética que está golpeando Europa y haciendo que se disparen los precios de la luz en todo el continente está poniendo a prueba las diferentes herramientas con las que los gobiernos pueden proteger los bolsillos de sus ciudadanos. En el caso de España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca rebajas fiscales y todo tipo de medidas adicionales para intentar suavizar el impacto. Pero estas reformas palidecen en comparación con la legislación en Reino Unido, donde existe un techo en la factura eléctrica que impide que los consumidores paguen más de un máximo establecido. ¿El problema? Cientos de británicos se están quedando ahora sin compañía de suministro eléctrico.

El precio que deben pagar los mayoristas ha aumentado un 250% desde principios de año y un 70% desde agosto. Ante la excepcionalidad de las circunstancias, las eléctricas están pidiendo ayudas. Pero el Ejecutivo británico no quiere ni oír hablar de “rescates”, como se hicieron con los bancos ante la crisis financiera de 2008, y ha asegurado que no hay ninguna posibilidad de que el país sufra un apagón eléctrico —“La gente no se va a quedar sin luz ni calefacción”, recalcó el ministro de Negocios y Energía, Kwasi Kwarteng—.

Los analistas del sector dicen que de las 55 empresas de suministro eléctrico que existen actualmente en el país, menos de 10 podrían sobrevivir a finales de año. De momento, ya han caído cinco. La última de ellas es Green, que contaba con 250.000 clientes y que cayó este miércoles. Por su parte, Bulb, la sexta compañía energética más grande del Reino Unido, con 1,7 millones de consumidores, está buscando financiación. Y mientras que el primer ministro, Boris Johnson, asegura que el aumento del precio del gas será algo “temporal”, tanto su ministro de Negocios como Jonathan Brearley, director ejecutivo de la Oficina de los Mercados del Gas y la Electricidad (Ofgem), advierten de que este podría dilatarse en el tiempo.

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Ante el incremento de precios en el mercado mayorista, el Gobierno de Johnson está bajo gran presión por parte de las eléctricas para eliminar el límite de precios impuesto en su momento por Theresa May para las facturas de los consumidores. Pero, de momento, el Gobierno asegura que “bajo ningún concepto” tocará el llamado 'energy price cap'.

La medida fue aprobada en 2018 y pasó por Westminster sin hacer demasiado ruido. May estaba entonces en sus horas más bajas y en la agenda política no había otro tema que no fuera el Brexit. Pero desde 2019, la Oficina de los Mercados del Gas y la Electricidad (Ofgem, por sus siglas en inglés, el organismo regulador) establece dos veces al año —en abril y octubre— el límite de los recibos para aquellos hogares que no hayan contratado una tarifa fija.

Entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, este techo se situará en 1.277 libras anuales (1.488 euros). Aproximadamente 15 millones de hogares en Inglaterra, Gales y Escocia (Irlanda del Norte funciona mediante otro mecanismo) se enfrentarán, por tanto, a un incremento de 235 libras (273 euros). Esto supone una subida del 12,33% respecto al invierno pasado, comparada con el aumento de casi un 35% que afecta a los españoles.

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Normalmente, cuando un mayorista colapsa se busca otro proveedor y el Gobierno adjudica los clientes al postor más bajo —sin garantizar, eso sí, que estos puedan pagar una factura más alta—. El problema es que ahora ninguna compañía quiere ampliar su cartera. Bill Bullen, director ejecutivo de uno de los pequeños intermediarios, Utilita, asegura que no se lo puede permitir. “Por cada 1.000 nuevos clientes que trajera a la empresa, tendría que asumir 250.000 libras esterlinas en costos adicionales por semana”, ha lamentado.

El Gobierno está estudiando distintas medidas para hacer frente a la crisis. La preferida pasa por proporcionar garantías de préstamos a los grandes proveedores para ayudarlos a cubrir los costos adicionales de contratar a los clientes de las compañías que se han hundido. Otro de los planes contempla el nombramiento de un “administrador especial” para los proveedores pequeños y medianos que quiebren —es decir, nacionalizarlos—. El administrador podría solicitar préstamos y otros apoyos del Ejecutivo, cuyo costo se trasladaría a los clientes en forma de facturas más altas. Por último, entre las opciones más radicales está la propuesta por las compañías más grandes de que los clientes de los proveedores en quiebra se trasladen a una opción temporal similar a los 'bancos malos' creados tras la crisis financiera de 2008.

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Durante su comparecencia este miércoles ante el comité de Negocios y Energía de la Cámara de los Comunes, el ministro Kwarteng señaló que también estaban mirando muy cerca el modelo español, respecto a confiscar los beneficios extraordinarios de las energéticas. “Estamos analizando todas las opciones”, dijo. “Lo que [España] está haciendo es reconocer que es un sistema complejo. Estoy discutiéndolo con Ofgem y otros funcionarios que valoran todas las medidas”, señaló.
El presidente Sánchez explicó recientemente que “no era aceptable” que existiesen ahora empresas con beneficios extraordinarios. Los llamados 'beneficios caídos del cielo' son las ganancias que obtienen las empresas por producir electricidad mediante energías 'baratas' como la hidráulica o la nuclear que se retribuyen en época de alta demanda (como la actual) como si fueran tan caras como la térmica o de ciclos combinados.

Lo que está claro es que en el Reino Unido cualquier tipo de ayuda a las eléctricas va a poner aún más presión a las arcas públicas. La deuda acumulada llegó a finales de agosto a los 2,20 billones de libras (2,55 billones de euros), lo que equivale al 97,6% del producto interior bruto (PIB) del país, la mayor tasa desde marzo de 1963, según informó este martes la Oficina Nacional de Estadísticas.

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El Banco de Inglaterra ya se encuentra en una situación difícil, ya que la inflación ha escalado hasta el 3,2%, frente al 2% de julio, el mayor salto desde que comenzaron los registros en 1997. Cuando a partir de octubre suban los precio de las facturas de la luz de los consumidores, aumentará la presión sobre el organismo para que controle su política ultraflexible del programa de alivio cuantitativo impuesto con la pandemia, con el que ahora inyecta cada semana 3.400 millones de libras, con unas tasas de interés en el mínimo histórico del 0,1%.

Sin duda alguna, no es el inicio de curso con el que Boris Johnson había soñado. Con el Brexit, el político había ideado un plan para la nueva Global Britain que se vio truncado por la pandemia. Todo se tuvo que poner en pausa. Y cuando las cosas parecía que estaban mejorando, el castillo de naipes se ha desmoronado de nuevo. El invierno puede ser muy frío en el Número 10. En todos los sentidos.