Hace más de un año, Occidente lanzó una nueva arma de política exterior para presionar al Kremlin para detener su guerra en Ucrania: sancionó a más de un centenar de importantes empresarios rusos y a sus familias, con la esperanza de que indujeran al presidente ruso, Vladímir Putin, a renunciar a sus planes expansionistas.
De momento, la estrategia no ha funcionado. La guerra sigue librándose y muy pocos multimillonarios rusos han denunciado públicamente a Putin o han vendido sus activos rusos. Mientras tanto, un puñado de oligarcas con mucho dinero están contraatacando, intensificando sus desafíos legales en los tribunales del Reino Unido y de la Unión Europea, en un intento a largo plazo de eliminar las restricciones, que incluyen prohibiciones de viajar y congelación de activos.
Las batallas legales pondrán a prueba si los empresarios rusos pueden utilizar el apego de Occidente al Estado de derecho para socavar sus propios objetivos de política exterior. También pondrán de manifiesto su principal crítica a las sanciones: que muchos de los afectados no tienen influencia sobre Putin y que las sanciones, lejos de presionar al presidente ruso, pueden estar empujando a los oligarcas descontentos a volver a sus brazos.
"Nunca antes habíamos visto tantos multimillonarios con una huella internacional tan grande sancionados de forma tan masiva al mismo tiempo", afirma George Voloshin, experto en sanciones de la Asociación de Especialistas Certificados en Antiblanqueo de Capitales, una asociación que comparte las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales. Dado que la mayoría de estos oligarcas no pertenece al círculo íntimo de Putin, "las sanciones son dolorosas para ellos y sus familias, pero no son realmente eficaces desde el punto de vista de la política".
Los funcionarios de los gobiernos occidentales afirman que las sanciones masivas deben considerarse parte de una ofensiva más amplia contra Rusia, que incluye prohibiciones de exportaciones clave al país destinadas a paralizar su economía, medidas que también han tenido un efecto limitado. También argumentan que no se debe permitir que los empresarios y políticos rusos sigan con su vida normal mientras el Kremlin, cuyo patrocinio les ha permitido enriquecerse, sigue adelante con una invasión ilegal.
El objetivo es "empezar a retirar el apoyo [a Putin] porque los oligarcas tienen una enorme influencia política y económica", explica John Smith, exdirector de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y socio del bufete de abogados Morrison Foerster. "Aún no hemos llegado a ese punto de inflexión. Pero eso no significa que no vayamos a llegar a él".
Los abogados de Roman Abramovich comparecieron recientemente en un tribunal de Luxemburgo para apelar contra las sanciones de la Unión Europea sobre su cliente ruso, argumentando que la designación le impedía "intervenir eficazmente" como conducto para las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, según documentos judiciales.
El multimillonario, antiguo propietario del equipo de fútbol inglés Chelsea FC, también esgrimió un argumento que otros oligarcas han presentado ante el tribunal: que se le persigue injustamente por el mero hecho de ser un hombre de negocios ruso y que se exageran sus vínculos con Putin. El tribunal se pronunciará en los próximos meses.
Mientras tanto, Eugene Shvidler se ha convertido en la primera persona en impugnar ante los tribunales el régimen de sanciones rusas del Reino Unido. Este antiguo compañero de negocios de Abramovich alegó que las sanciones causaban a su familia "graves dificultades" y eran desproporcionadas, según los documentos presentados ante el tribunal. El multimillonario, que tiene nacionalidad británica y estadounidense, también afirmó no haber tenido nunca pasaporte ruso y no haber visto a Putin en persona desde 2007, según los documentos.
En su defensa, el Gobierno británico declaró que Shvidler debía seguir sancionado en parte para poder presionar a Abramovich, quien a su vez podría presionar a Putin.
Ahora que no pueden acceder a su riqueza en Occidente, algunos oligarcas sancionados pueden depender más de sus activos en Rusia y del patrocinio de Putin. Muchos tienen prohibido legalmente viajar a Occidente. Abramovich, que basó sus operaciones en Londres durante años hasta que el Gobierno del Reino Unido no renovó su visado en 2018, ahora se desplaza entre Rusia, Turquía e Israel. Andrei Guryev, sancionado por Estados Unidos, redomiciliaba su holding propietario de acciones del gigante ruso de los fertilizantes PhosAgro a una zona de baja tributación en Rusia desde Suiza.
Putin ha pedido a los empresarios que regresen a Rusia.
"Andar por ahí con la gorra en la mano, mendigando vuestro propio dinero, no tiene sentido y, lo que es más importante, no consigue nada", dijo durante su discurso sobre el estado de la nación en febrero. "Dejemos de aferrarnos al pasado, recurriendo a los tribunales para recuperar al menos algo".
En las últimas décadas, las sanciones se han convertido en una herramienta clave del arsenal de Occidente contra las naciones delincuentes. Tienen un coste relativamente bajo, evitan la intervención militar total y pueden aplicarse de forma selectiva para infligir el máximo dolor con pocos daños económicos colaterales. Los regímenes de Irán, Corea del Norte, Venezuela y Siria han sido objetivo de Estados Unidos y sus aliados a lo largo de los años.
La sanción coordinada de una élite empresarial vinculada al Gobierno de un país es la última evolución de esta herramienta. En 2022, poco después de la invasión, la UE y el Reino Unido modificaron sus propias normas sobre sanciones para garantizar que pudieran aplicarse al mayor número posible de rusos.
Hasta ahora, las sanciones tienen un historial desigual. Según los analistas, las sanciones por sí solas rara vez sirven para cambiar un régimen o presionar a un país para que abandone un objetivo clave de su política exterior. Además, pueden avivar la ira de la población sancionada, que el régimen puede volver a dirigir contra Occidente.
Sin embargo, las sanciones pueden lograr objetivos más limitados o menos visibles, como disuadir a otros que podrían querer ayudar a Rusia. China, por ejemplo, se ha abstenido en gran medida de entregar armas a Rusia por temor a ser objeto de sanciones de represalia, según afirman funcionarios occidentales.
Mientras que oligarcas de alto perfil están haciendo frente a sus sanciones en los tribunales europeos, hasta ahora no han impugnado las sanciones de Estados Unidos "por la sencilla razón de que no creen que vayan a ganar", dice Voloshin. La Oficina de Control de Activos Extranjeros tiene un largo historial de victorias en impugnaciones legales presentadas por individuos sancionados. En 2021, el magnate industrial ruso Oleg Deripas demandó al Tesoro estadounidense para anular sus sanciones, impuestas tras la anexión de Crimea a Rusia en 2014, y perdió, sentando un precedente para otros casos.
Algunos rusos han argumentado con éxito que se vieron injustamente atrapados en el barrido. Recientemente, la UE retiró las sanciones a la madre del líder de los mercenarios de Wagner, Yevgeni Prigozhin, tras admitir que había declarado erróneamente que Violetta Prigozhina seguía controlando empresas vinculadas a su hijo. Nikita Mazepin, piloto de Fórmula Uno cuyo padre, Dimtry, es el antiguo propietario del gigante de los fertilizantes Uralchem, fue eximido provisionalmente de las sanciones en la UE alegando que le impedían proseguir su carrera como piloto y que no había desempeñado ningún papel en la guerra. El Reino Unido, sin embargo, rechazó un recurso similar.
Para los oligarcas, hasta ahora ha habido pocos incentivos para criticar abiertamente al Gobierno ruso o la guerra con la esperanza de obtener acceso a sus activos. Deripaska fue uno de los primeros oligarcas en criticar la guerra poco después de la invasión. El pasado diciembre, un tribunal ruso ordenó el embargo de un complejo hotelero de lujo de su propiedad en Sochi. Sigue sancionado por Estados Unidos, Reino Unido y Europa.
Sin embargo, hay señales de que se avecina un cambio. Oleg Tinkov, un multimillonario que tras el inicio de la guerra renunció a su ciudadanía rusa y criticó repetidamente las acciones de Putin en Ucrania, fue sancionado de todos modos por el Gobierno del Reino Unido. Pero este verano el Reino Unido lo retiró de su lista. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido anunció por medio de un comunicado que lo había retirado "tras considerar todos los factores de este caso, incluidas las acciones que el Sr. Tinkov ha llevado a cabo tras su designación como sancionado".
El Reino Unido también retiró de la lista a Lev Khasis, que dejó un alto cargo en el banco ruso Sberbank y huyó de Rusia justo antes de la guerra. No ha querido hacer comentarios.
*Contenido con licencia de The Wall Street Journal.
Hace más de un año, Occidente lanzó una nueva arma de política exterior para presionar al Kremlin para detener su guerra en Ucrania: sancionó a más de un centenar de importantes empresarios rusos y a sus familias, con la esperanza de que indujeran al presidente ruso, Vladímir Putin, a renunciar a sus planes expansionistas.
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