Suben las hipotecas y no los depósitos: doble castigo para las familias sin apoyo del Estado

Los hogares con más memoria saben lo que es enfrentarse a subidas de tipos de interés, con hipotecas más caras y menor acceso al crédito para el consumo. Pero en otros tiempos, de forma paralela aumentaban los tipos de interés de los depósitos y la rentabilidad del ahorro más conservador. Sin embargo, ahora se inicia un ciclo en el que la inflación y los tipos solo golpean la renta de los hogares, sin beneficios a la vista. Además, el Estado está presionado a equilibrar las cuentas, lo que podría obligar a más impuestos y menos transferencias de rentas.

Dicho de otra manera, la nueva situación deteriora el pasivo de las familias o su capacidad para endeudarse, pero no beneficia al activo. El Banco Central Europeo (BCE) ha telegrafiado sus próximos pasos, pero el mercado ya estaba descontando este nuevo escenario, y ahora ha acelerado la respuesta.

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La forma más evidente de verlo, además de con la prima de riesgo, es con el euríbor. El tipo interbancario a 12 meses, sobre el que están referenciadas la mayoría de hipotecas a tipo variable y que condiciona el precio de nuevos préstamos a tipo fijo, ha subido al 0,6%. Acelera así con su 'rally', que inició desde el -0,4% del 2 de marzo, y entró en positivo en abril por primera vez en seis años.

El impacto directo lo sufrirán los hipotecados a tipo variable. En mayo la media mensual fue del 0,277%, menos de la mitad de lo que será junio. Con el dato del mes pasado, para un préstamo de 300.000 euros a 30 años, la cuota pasa de 899 euros a 999 euros. Un incremento de 100 euros mensuales o de 1.200 al año.

Este incremento se intensificará en junio e irá a más en los próximos meses, si se cumplen las expectativas del mercado, alentadas por el BCE, que ha confirmado una subida de tipos en julio y otra en septiembre, que podría ser mayor que la anterior, y sin más compras netas de activos. PIMCO cree que el escenario central es de un alza de 50 puntos básicos en septiembre, y Goldman Sachs añade que serán 50 puntos básicos en septiembre y otros 50 en octubre, pudiéndose ir el tipo principal de financiación desde el 0% actual hasta el 1,25% actual.

En concreto, el futuro del euríbor a tres meses de diciembre de 2022 cotiza al 1,2%, y el de diciembre de 2023 al 2,1%. Siguen hacia arriba sin frenos. Se trata del indicador que usan los analistas para calibrar las expectativas del mercado sobre el tipo de facilidad de depósito, que está en el -0,5%, y sobre la evolución a futuro que anticipan los inversores del propio euríbor a 12 meses, que es la referencia habitual.

Es decir, se espera que siga subiendo el euríbor hasta niveles no vistos desde la crisis del euro. Toda la recuperación económica desde entonces, así como la forma de afrontar el covid, se ha basado, al menos parcialmente, en el endeudamiento barato. En el segmento familiar, los hogares han podido pedir prestado a tipos mucho más bajos que en el pasado.

Ahora sufrirán una erosión de la renta por varias vías. Esta es una evidente. Al subir los tipos, se encarece el crédito. Para los hogares que tengan una hipoteca a tipo variable es una mala noticia. Para los que estén pensando en pedir un préstamo, sea a tipo fijo o variable, para hipoteca o consumo, también implica mayores costes de financiación.

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El BCE ha movido ficha para luchar contra la inflación, que alcanzó el 8,7% en España. Desde Fráncfort se espera un 6,8% de media este año y un 3,5% el próximo. De forma global, supone un mordisco para el poder adquisitivo de las familias. Es decir, otro ataca a sus rentas. Es cierto que hay familias que han disfrutado en los últimos meses de revisiones al alza en los salarios o que alquilan y se han beneficiado de mayores ingresos, pero de forma agregada, el impacto es muy negativo.

En 2021, los salarios acogidos a convenio subieron un 1,7%, con la mayor pérdida de poder adquisitivo desde 2012, cuando se produjo una devaluación interna que permitió a España salir de la crisis con un aumento de las exportaciones. Este año se esperan revisiones mayores, pero es difícil que de forma generalizada alcancen la inflación. De hecho, se espera que no suceda para que no se retroalimente la inflación con efectos de segundo orden (cuando la inflación provoca más inflación).

Y luego está el deterioro del poder adquisitivo sobre el ahorro que provoca la inflación. Durante la pandemia, ante la incertidumbre y las restricciones a la movilidad, las familias dispararon su ahorro. Fruto de ello, los depósitos se han ido a niveles récord, con 982.200 millones en abril, según los últimos datos del Banco de España.

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Si el pronóstico del BCE acierta para la eurozona y se aplica para España, con un IPC medio esperado del 6,8% este año, supondría una pérdida de poder adquisitivo de 67.000 millones. Porque aunque suben tipos, no lo hace la remuneración de los depósitos, que en abril estuvo en el 0,02% para los depósitos a la vista y en el 0,05% de media ponderada en los depósitos a plazo.

Los bancos no remuneran los depósitos porque no necesitan en liquidez, y porque el BCE penaliza la misma con el tipo de facilidad de depósito, en el -0,5%. Es decir, el BCE cobra a las entidades hasta 50 puntos básicos por esta liquidez, una penalización que la banca ha trasladado a empresas y fondos, y en algunos casos a los patrimonios más altos sin vinculación, pero no de forma generalizada a las familias. Al menos, no de forma directa, ya que sí ha habido una oleada de más comisiones a los clientes menos rentables.

Se espera que suba el tipo de facilidad de depósito y entre en positivo y, de hecho, por ello los bancos han girado en su estrategia y mantendrán la deuda de 290.000 millones con el BCE por los LTRO hasta vencimiento. Pero como no necesitan liquidez, después de los préstamos del banco central, las emisiones baratas o los propios depósitos que han llegado sin necesidad de remunerar, no se anticipa una guerra por el pasivo.

Dicho de otra manera, se encarecen las hipotecas pero no suben los depósitos, que seguirán provocando pérdida de poder adquisitivo para las familias. Otras opciones para el ahorro más conservador son los fondos de renta fija. Pero aquí también hay drama. Los fondos que ya están constituidos están en pérdidas que, normalmente, tratan de evitar los ahorradores más conservadores.

El valor liquidativo de un fondo se calcula según el que tienen los activos de la cartera. La subida de rentabilidades de los bonos implica una disminución del precio y, por lo tanto, del valor de los fondos de deuda. Un drama que afecta a 80.000 millones en manos, principalmente, de los hogares. Otra cosa son las nuevas emisiones, que ya tienen cupones mayores. Por ello, los bancos están rescatando garantizados y pseudogarantizados. En ambos casos con condiciones de permanencia de entre cuatro y seis años. Los garantizados están ofreciendo un 0,35% de TAE anual, y los pseudogarantizados o de retorno objetivo, el 1%. Tampoco aquí hay escapatoria, porque lo que garantizan es perder poder adquisitivo durante varios años y, si se rescata antes el dinero, se hace con penalización y, por lo tanto, mayores pérdidas.

Menos margen para el Estado

El bono español a 10 años ya está en el 2,6%, con la prima de riesgo en los 120 puntos básicos. Un nuevo estadio para la economía, con la deuda pública en récord, en 1,45 billones (millones de millones) de euros. El Tesoro se enfrenta de por sí a vencimientos a un promedio de 6.500 millones mensuales. Ahora, no contará con el apoyo del BCE, que ya ha finalizado las compras netas.

Aunque la autoridad monetaria se deja un as en la manga para evitar la fragmentación financiera del euro (que colapsen las primas de riesgo, y la italiana ya va por los 230 puntos) pudiendo reinvertir los vencimientos del programa especial contra la pandemia (PEPP) con flexibilidad, lo cierto es que el Tesoro necesita a los inversores privados. En realidad, el éxito dependerá de atraer a los extranjeros, tanto fondos de inversión y de pensiones, como soberanos y bancos.

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El impacto es evidente para las finanzas públicas, y esto amenaza también a las familias de forma indirecta. El Estado se va a ver presionado a afrontar una senda de reequilibrio de sus cuentas. Todo el esquema de protección contra la pandemia, con los avales ICO, los ERTE y otras transferencias de rentas como el ingreso mínimo vital, han tenido el oxígeno financiero del BCE, al permitir emitir deuda barata. Pero ya ha habido un cambio de ciclo. Esta semana el Tesoro pagó más por letras a 12 meses que por bonos a 10 años en diciembre.

Y se espera que se acelere este encarecimiento, ya que el BCE ha anunciado que subirá tipos en julio y en septiembre, y en este último caso podría ser de 50 puntos básicos. Posteriormente habrá un camino gradual de subidas de tipos que dependerá de la inflación, que en mayo se situó en el 8,7% en España y en el 8,1% en la eurozona. El BCE espera ahora un promedio del 6,8% en 2022 y un 3,5% en 2023.

El Estado, por lo tanto, tendrá menos margen de maniobra fiscal. Ya sea con este Gobierno o con cualquier otro si así lo deciden las urnas el año que viene. Y por mucho que el periodo electoral retrase decisiones dolorosas en materia tributaria, se avecinan a medio plazo recortes de gasto o subidas de la presión impositiva. O, al menos, no habrá capacidad para apoyar a empresas y familias como en el último 'shock'.

Es cierto que ha habido un aumento de los ingresos. Hay una parte coyuntural, por el efecto de la inflación que aumenta la recaudación en varios impuestos, ya que aumentan los ingresos de algunas empresas (Sociedades), los salarios de muchos trabajadores (IRPF) y por el propio aumento de los precios de combustibles u otros bienes y servicios.

En Economía, además, creen que hay un aumento estructural de los ingresos que no se ha terminado de explicar académicamente. El propio ingreso mínimo vital, los ERTE o la digitalización de los pagos acelerada con el covid pueden haber inducido a que aflore economía sumergida. Sea como fuere, se cuenta con que la recaudación se asiente por encima del 40% del PIB.

Pero esto no es suficiente para evitar un déficit estructural del 4% del PIB, según un informe de Fedea. Las reglas fiscales comunitarias están suspendidas, pero en algún momento habrá que devolver el déficit por debajo del 3%, lo que implicaría ajustes. Instituciones como el Banco de España o la AIReF han pedido varias veces que haya un plan fiscal para reducir el déficit e iniciar una senda de descenso en la ratio de deuda sobre PIB, que roza el 120%.

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Además, el Gobierno se comprometió con Bruselas a una reforma fiscal que Moncloa siempre ha abrazado, y para lo que designó un comité de expertos que elaboró un informe que nació muerto, ya que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, retrasó cualquier decisión por la guerra de Ucrania y la inflación. El documento abogaba por subir Patrimonio y establecer tributos verdes, también cuestionaba deducciones de IRPF y Sociedades que elevarían la recaudación por estas vías.

En cualquier caso, lo lógico es esperar que con la subida de tipos, el Estado tendrá menos capacidad para seguir aumentando su deuda y pagará más por los costes asociados a la misma, tirando por tierra las previsiones previas en presupuestos. Por ello, se espera que haya menos apoyo público a las familias. De hecho, podría ocurrir lo contrario, con más impuestos y menos transferencias de rentas.