Los expertos fiscales aconsejan al Gobierno imponer el impuesto al patrimonio a Madrid

El comité de personas expertas designadas por Hacienda ha presentado ya su libro blanco, y una de las cuestiones más polémicas, versa sobre el Impuesto al Patrimonio. Así lo ha reconocido su presidente, Jesús Ruiz-Huerta, catedrático de la URJC, que explicado que se apuesta por un mínimo en todas las comunidades, lo que obligaría a la tributación en Madrid.

El comité de expertos se creó en abril de 2021 a instancias del Ministerio de Hacienda para impulsar una reforma fiscal íntegra, en la que deberá trabajar ahora el Gobierno con el argumentario de estos investigadores. El trabajo de los expertos no ha estado exento de polémica, con dos dimisiones de sendos miembros por no estar de acuerdo con la línea de trabajo. Durante este periodo ha habido 21 sesiones.

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El objetivo de fondo era dotar al Ejecutivo de fundamento para una reforma fiscal, y se establecieron cinco puntos clave: imposición medioambiental, imposición societaria, tributación de la economía digitalizada, fiscalidad de las actividades económicas emergentes y armonización de la tributación patrimonial.

Este último punto, aunque no es el más importante a efectos recaudatorios, sí es el que puede traer mayor batalla política cuando Hacienda desarrolle la reforma fiscal. La primera constatación importante es el problema de la concentración de la riqueza y la desigualdad. La evidencia parece demostrar que es así, con lo que puede tener todo el sentido aplicar impuestos sobre la riqueza”, ha justificado Ruiz-Huerta.

El investigador ha admitido que la armonización es “la cuestión más polémica. Hemos estudiado con cuidado cómo garantizar el equilibrio entre el reparto de competencias y la eficiencia tributaria. La deriva de los últimos años ha consistido en competencia a la baja en estos tributos que tienen importancia en acompañamiento del control de la renta personal. Nos encontramos con un problema de competencia a la baja”.

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Así, los expertos proponen un mínimo autonómico, y a escala nacional abogan por reducir los tipos de gravamen en Patrimonio pero con el ensanchamiento de las bases imponibles, limitando las deducciones. En la misma línea, la catedrática María Teresa Soler ha hecho mención de la solidaridad fiscal que manda la Constitución entre las comunidades. De hecho, el argumento de los expertos es que si no se limita la autonomía en una comunidad en este sentido se puede ir contra la autonomía general por una tendencia de vaciamiento del impuesto por competencia a la baja.

La investigadora también ha defendido que los organismos internacionales como el FMI o la OCDE han mostrado preocupación por la desigualdad de la riqueza, abogando por impuestos que graven esta. También ha recordado que aunque hay pocos países con un impuesto propio al Patrimonio, como ocurre en España, sí es habitual que se haga tributar a las grandes fortunas por bienes específicos o por el cómputo de su patrimonio en tributos como la renta.