Los expertos de Montero amenazan las estructuras fiscales de las grandes fortunas

El Ministerio de Hacienda recibirá en un mes el informe del comité de expertos para tener un análisis técnico a partir del que diseñar una reforma fiscal integral. Los economistas elegidos barajan propuestas para la armonización de algunos tributos entre comunidades autónomas, como el impuesto al patrimonio. También ultiman recomendaciones para modificar la construcción de la base imponible del propio impuesto, según fuentes cercanas.

Este cambio, a efectos presupuestarios, no sería notable. La recaudación total fue de 1.219 millones en 2019, según los últimos datos de la Agencia Tributaria. El año pasado debería haber aumentado por la subida desde el 2,5% al 3,5% del tipo impositivo a grandes fortunas por encima de los 10 millones.

Pero una modificación de la base imponible de patrimonio, o del universo de afectados, al incluir la Comunidad de Madrid, supondría un terremoto para las grandes fortunas. Desde hace años, muchas decisiones se basan en reducir la base imponible de este tributo, como la proporción de activos necesarios para la actividad económica en las empresas familiares o la inversión en capital riesgo. Al final, los grandes patrimonios tienen asesores financieros y fiscales para maximizar el resultado neto, derivado de sus inversiones y de los impuestos devengados.

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El informe que ultima el comité de expertos, compuesto por 15 miembros tras la dimisión de dos de ellos, apuntará a una reforma ‘light’ en términos macroeconómicos, tal y como avanzó El Confidencial. Esto es, no habrá un cambio significativo que afecte a la recaudación de los principales tributos, como son IRPF, sociedades e IVA. Tampoco se tocará la financiación autonómica, pendiente de reforma desde hace años con otro informe de expertos en un cajón.

Pero sí habrá recomendaciones que, si se siguen, supondrán cambios importantes, como avanzar en una fiscalidad verde, con mayor penalización al diésel y otros productos contaminantes, clarificar la fiscalidad de las criptomonedas o poner las bases para la fiscalidad de la economía digital. También hay un análisis sobre algunas deducciones en IRPF o sociedades, dado que junto a fomentar una economía más verde, el análisis también busca contribuir a una modernización del sistema tributario y eliminar ineficiencias en la asignación de recursos.

Según fuentes cercanas al comité de expertos, las recomendaciones del informe también apuntarán a una armonización fiscal para evitar la competencia entre comunidades, especialmente en el impuesto al patrimonio. El Gobierno, que persigue este movimiento, contará con argumentario técnico a partir de este informe. Será también el cambio que generará más ruido político.

En la Comunidad de Madrid, el impuesto al patrimonio está bonificado al 100%. Dicha bonificación ascendió a 989,9 millones en 2019, según la Agencia Tributaria. Es decir, equivale al 81% de la recaudación total del resto de las comunidades autónomas, a partir de 19.090 fortunas con un patrimonio de 193.947 millones. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso está impulsando una ley de blindaje fiscal, amenazando con ir al Constitucional si el Gobierno de Sánchez toca la fiscalidad madrileña. Según fuentes jurídicas, es un brindis al sol, aunque los recursos al Constitucional podrían retrasar y dificultar el camino para imponer la tributación de patrimonio o elevar sucesiones y donaciones en Madrid.

Los asesores fiscales de las fortunas afincadas en Madrid ya trabajan con la hipótesis conservadora de que se tributará por patrimonio ya en 2022. El objetivo es optimizar las estructuras patrimoniales, a imagen y semejanza de lo que ocurre en otras comunidades autónomas donde sí se tributa, para minimizar el impacto. Si es que llega.

Dentro del comité de expertos fiscales, hay tendencia a la recomendación de armonizar la tributación por autonomías. “Un elemento de ineficiencia es la competencia fiscal entre comunidades, que acaba siendo un dilema del prisionero (bajo la teoría de juegos de Nash). O tenemos armonización o seguiremos teniendo competencia”, explican fuentes conocedoras de las ponencias de los expertos, que están terminando sus trabajos antes de elaborar el informe que deberán presentar a Hacienda en febrero.

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Las mismas fuentes advierten de que se han creado demasiadas expectativas respecto a los trabajos de los expertos, dado que las recomendaciones no están orientadas a una reforma integral que eleve la recaudación a corto plazo. Se busca evitar distorsiones, que los recursos se muevan por productividad marginal y no por la fiscalidad autonómica y que las decisiones de consumo, ahorro e inversión no tengan motivaciones fiscales, salvo si se quiere penalizar algo expresamente, como el diésel y otros bienes contaminantes.

Bajo esta premisa, la propia existencia del impuesto al patrimonio y, también, de la tributación por sucesiones y donaciones distorsiona mucho. Varios expertos apuntan en sus ponencias que hay que corregirlos. Se asume que es difícil eliminar estos tributos en la reforma fiscal que España se ha comprometido a enviar a Bruselas en el primer trimestre de 2023, a las puertas de un ciclo en el que subirán tipos de interés y se espera una reducción de la deuda sobre PIB. Así, si siguen estos tributos, varios expertos proponen que se modifiquen para evitar distorsiones.

Los impuestos sobre patrimonio, sucesiones y donaciones tienen varias deducciones importantes que motivan decisiones de las grandes fortunas. Por una parte, está el escudo fiscal entre patrimonio e IRPF, por el que no se puede tributar más del 60% de los ingresos anuales. Muchos grandes patrimonios orientan su capital a minimizar las rentas que generan cada año.

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Asimismo, los activos afectos de las empresas familiares, que parten de los activos necesarios para la actividad, reducen la base imponible. Los empresarios toman decisiones atendiendo a este hecho, ya que deben superar el 50%, en vez de por motivaciones puramente empresariales. También la inversión en capital riesgo o en vivienda, si es a través de sociedades profesionales y se cumplen ciertos requisitos.

Varios de los expertos del comité designado por Hacienda han advertido de ello. Y también han recibido informes externos para estudiarlo. Uno de ellos, según fuentes conocedoras, procede de un experto del ámbito financiero familiarizado con las prácticas en banca privada, donde la gestión de altos patrimonios incluye bienes inmuebles, inversión en capital riesgo o activos financieros que no generen dividendos u otras rentas por la tributación en patrimonio.

Este análisis hace referencia a la experiencia reciente de Francia con el impuesto al patrimonio. Emmanuel Macron abolió el tributo en 2018, por el que tributaban franceses con una riqueza superior a los 1,3 millones. Pero no lo suprimió sin más, sino que lo sustituyó por un impuesto sobre los bienes inmobiliarios, que tributan los que tienen inmuebles con un valor neto superior a ese umbral. Es decir, lejos de incentivar la compra de activos inmobiliarios como ocurre con el impuesto al patrimonio español, para que luego se gestionen en sociedades familiares y se reduzca la base imponible, Macron ha buscado penalizar la inversión inmobiliaria, favoreciendo la financiera.