Los salarios de convenio sufren la mayor pérdida de poder adquisitivo en una década

La inflación está mermando la capacidad de compra de los trabajadores españoles al mayor ritmo de la última década. Los salarios acogidos a convenio subieron un 1,7% en 2021, pero la espiral de precios dilapidó por completo la revalorización: el poder adquisitivo de esos sueldos cayó, de hecho, un 1,38%. Se trata del mayor desplome desde 2012, cuando empieza la serie histórica que recoge el Consejo Económico y Social (CES) en su memoria anual.

El órgano consultivo constata que los esfuerzos por adaptar la capacidad adquisitiva de los trabajadores al nuevo entorno no han servido para mucho. Hasta el 31 de marzo de este año, se revisaron 3.367 convenios colectivos con efectos en 2021, que implican a 8,7 millones de empleados, una cifra provisional que seguirá subiendo. Pero, a diferencia de lo ocurrido durante 2019 y 2020, cuando las bajísimas tasas de inflación favorecieron unos incrementos en el poder adquisitivo de cerca del 2%, el año pasado la espiral causada por los récords de la energía diluyó las subidas salariales.

En 2021, la actualización salarial fue más modesta que en los dos años anteriores, pese a una inflación superior

La media anual del índice de precios al consumo (IPC), un 3,08%, no solo engulló la revalorización del 1,7%, sino que provocó una pérdida de capacidad de compra como no se veía desde la Gran Recesión. Desde el inicio de la recuperación, en 2014, los sueldos habían ido ganando poder adquisitivo de forma casi ininterrumpida, con la excepción de la caída de 2017, muy inferior a la del año pasado. Entonces se pactó una revalorización salarial similar a la actual, pero la inflación apenas llegaba al 2%. En 2021, la actualización fue más modesta que durante los dos años anteriores, pese a una subida de precios superior.

La situación solo puede empeorar en 2022. Los principales organismos internacionales prevén una inflación media del 7%, pero esos niveles nunca se trasladarán a los convenios colectivos: el empobrecimiento de los trabajadores continuará. Además, como ya ocurrió en 2021, no existe una referencia sobre la mesa, al haber finalizado la vigencia del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Las conversaciones para el nuevo acuerdo están rotas debido a la exigencia de los sindicatos de garantizar el poder adquisitivo de los salarios.

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El manido pacto de rentas, con el que el Gobierno pretendía repartir entre empresarios y trabajadores el empobrecimiento causado por la guerra de Ucrania para embridar la inflación, ha fracasado precisamente en este punto, y dibuja una situación incierta de cara a los próximos meses. Pese a que la memoria del CES no entra en detalles, el director del informe, el economista Raymond Torres, defendió en la presentación del documento el establecimiento de "compensaciones puntuales" para evitar las pérdidas de poder adquisitivo. No se trataría, aclaró Torres, de cláusulas de garantía salarial como las que demandan los sindicatos, sino de una suerte de 'extra' para paliar la subida de los precios que en ningún caso garantizaría el mantenimiento del sueldo real durante todo el periodo de vigencia de los convenios ni se consolidaría en las tablas. Según Torres, existen "márgenes empresariales suficientes" en algunos sectores para poder emprender esta medida.

¿Efectos de segunda ronda?

Más allá de los intereses de empresarios y trabajadores, el equilibrio entre las subidas salariales y la contención de la inflación se antoja esencial para no malograr la recuperación. Preocupan los efectos de segunda ronda, aunque en algunos despachos más que en otros. "De momento hay una espiral de precios, no de salarios", destacó Torres, unas horas antes de que el gobernador del Banco de España advirtiese en el Congreso de los acuciantes peligros de una revalorización salarial excesiva. De hecho, De Cos llegó a pedir que los pensionistas y los funcionarios también formasen parte del pacto de rentas.

Por primera vez en mucho tiempo, el año pasado la revalorización final fue superior a la pactada

La nueva situación ha resucitado las cláusulas de garantía salarial, que habían caído prácticamente en desuso durante la última década, en línea con lo sucedido en los principales países europeos. Mientras que en 2007 tres de cada cuatro convenios las incluían, en 2021 la cifra ascendía a solo el 13,3%, según el informe del CES. Como es lógico, las cláusulas fueron activadas en la inmensa mayoría de los casos: por primera vez en mucho tiempo, la revalorización final (1,7%) fue superior a la pactada inicialmente (1,49%).

El dato constituye un indicio de lo que puede ocurrir en 2022. Durante muchos años, los sindicatos consideraron que era mejor negociar las revalorizaciones salariales ejercicio por ejercicio, en un escenario de subida irrisoria de los precios. Sin embargo, la espiral inflacionista ha cambiado las tornas: según explicó el regulador en sede parlamentaria, los convenios con cláusulas de salvaguarda subieron en marzo hasta el 30%, y entre los que llegan a 2023 —que afectan a 1,8 millones de trabajadores—, la cifra se eleva al 50%.

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"Hay un cierto agotamiento del pacto de rentas implícito. De ahí la importancia del pacto de rentas", sentenció De Cos. Mientras las negociaciones del AENC se encuentran paradas, los empresarios continúan subiendo precios para mantener sus márgenes y el IPC escala a máximos desde los años ochenta. Nadie quiere apretarse el cinturón para evitar el riesgo de que la recuperación descarrile por la espiral iniciada por la energía. Casi sin darse cuenta, los trabajadores ya lo hicieron el año pasado tras una década 'disfrutando' de una inflación raquítica.