Desactivar al testigo clave Belhot y anular los 'papeles del sirio': así buscará Zaplana salir libre de Erial

Desactivar el testimonio de uno de los testigos clave, el uruguayo Fernando Belhot, y enmendar como prueba los documentos que dieron origen a la investigación, con la intención de reclamar la nulidad de las actuaciones. Esa es la estrategia principal de defensa del exministro de Trabajo Eduardo Zaplana en el juicio oral que arranca en la Ciudad de la Justicia de Valencia el próximo 1 de febrero por la llamada operación Erial.

La Audiencia Provincial dio luz verde este jueves al calendario previsto para la celebración de las vistas en una causa en la que el también expresidente de la Generalitat valenciana figura como principal acusado por la presunta comisión de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental. La sala ha declinado atender la solicitud de aplazamiento solicitada por el equipo de defensa del exministro de Trabajo después de que su abogado, Daniel Campos, alegase razones de salud (ha sido intervenido por una afección cardiaca).

No es descartable que sea el propio tribunal que juzgará a Zaplana y a otra quincena de personas el que decida demorar el señalamiento y las vistas de un caso que contempla más de 40 sesiones durante esta primavera y la presencia de 200 testigos. Esto se conocerá el mismo jueves 1 de febrero, cuando arranque el juicio y se vea si Zaplana cuenta o no con abogado defensor, derecho básico amparado por la ley.

La Fiscalía Anticorrupción reclama 19 años de cárcel para Zaplana, que ya pasó nueve meses en prisión preventiva, y otra serie de penas para sus presuntos colaboradores. A todos ellos les atribuye la participación en una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales a través de paraísos fiscales que se inició con la privatización de las estaciones de ITV y la concesión de licencias para la instalación de parques eólicos en la Comunidad Valenciana.

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La acusación sostiene, básicamente, que Zaplana y un grupo de personas de su confianza movieron el dinero de sobornos procedentes de la familia Cotino a través de cuentas y sociedades en Luxemburgo, Andorra, Suiza, Uruguay, Panamá o Hong Kong. La tesis de Anticorrupción es que en su última etapa Zaplana recurrió al asesor financiero uruguayo Fernando Belhot para mover y repatriar los fondos. Así lo declaró el propio Belhot durante la instrucción, afirmación que tendrá que ratificar durante el juicio.

Belhot se ha convertido en testigo de cargo del caso y es una de las principales bazas de Anticorrupción. Ha entregado 6,7 millones de euros que han sido trasferidos a la oficina de recuperación de activos (ORGA) de los 20 millones que la acusación cree que llegaron a moverse. La confesión del uruguayo, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cazó junto a Zaplana en reuniones en el hotel Wellington de Madrid, conecta al exejecutivo de Telefónica con la trama exterior de movimientos de dinero, donde hay rastro documental de personas muy cercanas a él, principalmente su amigo de la infancia Joaquín Barceló Pachano, o el que fue su jefe de gabinete Juan Francisco García, que regularizó algo más de dos millones de euros de una sociedad en Luxemburgo, Fenix Investment, aprovechando la amnistía fiscal que aprobó el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro.

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Sin embargo, la defensa de Zaplana, que afirma que el caso debería juzgarse en la Audiencia Nacional y no en Valencia por sus ramificaciones internacionales, sostiene que el dinero no era suyo y que no hay pruebas suficientes que acrediten su nexo con los movimientos en el extranjero. El que fue líder del PP en la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2003 sostiene que las operaciones urbanísticas y las repatriaciones de dinero a través de las sociedades investigadas, Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras, son ajenas a sus intereses. Uno de los argumentos para sostener esa afirmación es que ninguna de las cerca de 20 personas interrogadas por recibir fondos procedentes de las cuentas de Barceló en Andorra ha admitido relación con él.

La estrategia se basa en desplegar un argumentario cortafuegos con toda la estructura presuntamente fraudulenta detectada por las investigaciones policiales, negando la existencia de indicios suficientes. Durante el juicio, el exministro pretende poner en cuestión el testimonio de Belhot, insinuando un posible interés del asesor en evitar que se indaguen otras operaciones realizadas a través de Natland, la sociedad de la que salieron los fondos procedentes de Luxemburgo. Durante la instrucción, Zaplana quiso que se investigase la operativa de la mercantil que ya se vio implicada en casos de blanqueo ligados a la Banca Privada Andorrana (BPA). Su tesis es que Belhot usaba esa empresa para hacer operaciones offshore que nada tienen que ver con él, que en el registro de su despacho en Montevideo no se encontró ninguna prueba que le vinculase al caso y que su confesión obedece a un acuerdo con el fiscal para comparecer como testigo y no como imputado. La Fiscalía siempre ha negado que el asesor fiscal llegase a figurar nunca como investigado judicialmente en la causa.

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El juicio también servirá para despejar la validez o no como prueba de los documentos que sirvieron a la UCO para realizar las primeras investigaciones. Se trata de los llamados papeles del sirio, en referencia al empresario Imad al Naddaf Yalouk, que durante un tiempo vivió en un piso en Valencia que anteriormente había sido propiedad de Zaplana. Los documentos recogen un esquema muy básico de la estructura societaria (Imison Internacional) que montaron en Luxemburgo los Cotino (los hermanos Vicente y José también están procesados) para canalizar dinero y referencias a las adjudicaciones de las ITV y los parques eólicos. Los papeles fueron hallados por agentes de la Guardia Civil en un registro en el despacho del primer abogado de Marcos Benavent, el autodenominado yonqui del dinero.

Del yonqui a Villarejo

Este declaró a los investigadores que se los había entregado el empresario sirio, aunque posteriormente, coincidiendo con un giro en su estrategia de defensa en las múltiples causas de corrupción que acumula por su etapa como gerente de la empresa pública Imelsa, de la Diputación de Valencia, calificó de "montaje" el asunto de los papeles, pasando de aparecer como colaborador de la Justicia a cerrarse en banda en todos los procedimientos. El abogado de Zaplana ha llegado a afirmar en sus escritos que hay una "operación política" en el hallazgo de los documentos que sirvieron para iniciar la operación Erial, apoyándose en una comparecencia en el Congreso del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien llegó a aludir al CNI a preguntas del diputado del PP Luis Santamaría, bien relacionado con Zaplana.

Sin embargo, los intentos de apartar esas diligencias de la instrucción se han topado con el rechazo de todas las instancias judiciales. Durante la investigación, han aparecido muchos más elementos que el juez instructor consideró inicialmente incriminatorios como para mandar al banquillo a todos los imputados, pero Zaplana no renuncia a que los papeles terminen siendo invalidados como prueba, alegando, entre otras cosas, una ruptura de la cadena de custodia, y que esto pueda derivar en la nulidad completa de las actuaciones. La estrategia procesal recuerda mucho a la nulidad de las grabaciones del llamado caso Naseiro. Un caso de posible cobro de comisiones que también le salpicó en los años noventa, cuando empezaba su carrera política en las filas del PP, y que terminó archivado.