La gran X del caso Zaplana: la investigación se cierra sin saber quién pagó más de 4 millones

La investigación que va a sentar en el banquillo al exministro de Trabajo del Partido Popular Eduardo Zaplana ha destapado una presunta red de cobro de comisiones y movimientos de fondos ilícitos a través de una telaraña de sociedades y cuentas en el extranjero, cuyo liderazgo la Fiscalía Anticorrupción atribuye al también expresidente de la Generalitat valenciana. El origen de las pesquisas se remonta al año 2017, cuando se judicializaron unos papeles encontrados en el despacho del abogado de Marcos Benavent, el autodenominado 'yonqui de dinero', que reflejaban un esquema de 'mordidas' pagadas por la familia Cotino a cambio de adjudicaciones de concesiones de estaciones de ITV y derechos de parques eólicos por parte de la Administración autonómica entre 1997 y 2001. Fueron encontrados supuestamente por un ciudadano sirio, Imad Ahmad Al Naddaf Yalouk, tras comprar una vivienda propiedad de Zaplana en la plaza de la Legión Española de Valencia. Pero en esta enorme trama todavía hay cuatro millones de euros de procedencia desconocida.

Aquel hallazgo, que quien fue portavoz del Gobierno de José María Aznar ha tratado de invalidar como prueba desde el principio, permitió tirar de un hilo que destapó una serie de transacciones económicas iniciadas a través de Luxemburgo con personas muy cercanas a Zaplana como principales beneficiarias, especialmente Joaquín Barceló, alias 'Pachano', considerado el testaferro del expolítico nacido en Cartagena. En total, el escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción atribuye a los Cotino el desembolso de casi 10 millones de euros a Zaplana y su entorno, incluyendo los 3,4 millones que recibió su exjefe de Gabinete y expresidente del Estudiantes, Juan Francisco García, parte de ellos también usando la sociedad luxemburguesa Fénix Investment.

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La instrucción y las pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han desvelado, además, otras operaciones económicas ligadas a la maraña de sociedades de lo que Anticorrupción considera una organización criminal, y que Zaplana niega. Hay dos claramente identificadas. Una es el ingreso de 4,3 millones de euros de Urbanizadora Somosaguas, mercantil propiedad del promotor de la Urbanización La Finca de Pozuelo, el ya fallecido Luis García Cereceda, por la compraventa de una vivienda de lujo que precisamente había sido adquirida por la sociedad Costera del Glorio por 800.000 euros. Los investigadores sostienen que esta mercantil fue receptora de fondos procedentes de comisiones ilícitas llegados a España desde el extranjero.

Hay una segunda operación que fue descubierta en la fase final de la instrucción: el pago de 2,2 millones a la sociedad holandesa Natland, del empresario Carlos Rodríguez, también procesado, por una presunta intermediación de Zaplana para que Bankia refinanciase la deuda de su grupo empresarial. Natland es una empresa controlada por el asesor uruguayo Fernando Belhot, quien según Anticorrupción recibió el encargo de gestionar financieramente la fortuna 'offshore' de la trama ligada a Zaplana. Así lo ha reconocido el propio Belhot.

Además de las citadas cantidades (abonadas por la familia Cotino, Cereceda y Rodríguez), los investigadores han detectado movimientos por valor de más de cuatro millones de euros que sospechan que proceden de comisiones ilícitas, pero que no son capaces de atribuir a nadie. Es decir, desconocen su origen. La Fiscalía y la jueza instructora, que acaba de decretar la apertura de juicio oral, han ordenado el decomiso de 20,6 millones de euros, el valor de las operaciones presuntamente irregulares. Gran parte de ese dinero de procedencia desconocida se localizó a través de las comisiones rogatorias y el seguimiento realizados en Andorra. Se ha especulado con el posible cobro de comisiones por obras en la construcción del parque temático de Benidorm, Terra Mítica. Pero esto no se ha acreditado y no aparece en la causa.

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"En paralelo a la estructura societaria diseñada en Luxemburgo por Vicente Cotino y la organización de Eduardo Zaplana que tenía como principal misión ocultar y residenciar las comisiones por las adjudicaciones amañadas descritas, la organización constituyó un entramado societario en Panamá creando cuentas bancarias en Andorra permitiendo también recibir dinero de procedencia ilícita por contrataciones y adjudicaciones públicas amañadas, que era el principal negocio de la organización", señala el escrito del relato de los hechos de la instructora.

Los investigadores señalan aquí a Joaquín Barceló como encargado de la gestión de todos estos fondos que terminaron en cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad que fue intervenida por blanqueo de capitales por las autoridades andorranas tras una denuncia del Tesoro de Estados Unidos. Barceló era quien tenía la titularidad y poderes de sociedades panameñas y cuentas bancarias, "permitiendo que su jefe se mantuviese oculto en todas las operaciones". Esto es algo que Zaplana niega, al señalar que no tiene ninguna relación con el dinero incautado en el exterior.

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"El dinero de procedencia ilícita que llega por diferentes vías a las cuentas abiertas en Andorra entre el 17 de febrero de 2004 y 9 de marzo de 2007 asciende a un total de 9.892.520 euros, que se integran finalmente en el conjunto de operaciones con la sociedad de Luxemburgo y con el resto de sociedades que se van creando en Uruguay y en España para la ocultación, integración y aprovechamiento de los fondos por los miembros de la organización", señala la instructora sobre cómo fueron confluyendo los fondos aportados por los Cotino y otros de procedencia desconocida.

Para mover este dinero, que se perdió parcialmente en operaciones de inversión fallidas, se emplearon sociedades con sede en Panamá como Puncak Services, Merceron Investments o Plaza Fountains. Justificantes de trasferencias millonarias se encontraron en casa del acusado Saturnino Suanzes, hermano de la exdiputada del PP Elvira Suanzes, también acusada de participar en la ocultación de bienes.

Del total de los 20 millones de euros atribuidos a operaciones irregulares, el juzgado ha intervenido cautelarmente 10,1 millones de euros en efectivo. La mayor cantidad, unos 6,7 millones, fue trasferida por Fernando Belhot desde Suiza. El resto estaba en cuentas bancarias personales de los acusados o en las sociedades investigadas.