Los Cotino ingresaron 86M con la eólica y la ITV y pagaron a la red de Zaplana hasta 2011

Las empresas de la familia Cotino hicieron un buen negocio con los contratos de licencias de ITV y las concesiones de parques eólicos. Los investigadores de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalan el 'modus operandi' que presenta su grupo empresarial Sedesa con respecto a estas dos adjudicaciones, y que evidenciaría que, en realidad, no desarrolló ni mantuvo estas adjudicaciones públicas durante un largo periodo de tiempo y que los objetivos eran mucho más a corto plazo. Pocos años después de ser beneficiarios de las referidas licitaciones, los Cotino llevaron a cabo la venta de su participación en las mercantiles adjudicatarias, Valenciana de Revisiones (ITV) y Proyecto Eólicos Valencianos (Plan Eólico). Estos movimientos, según recoge el sumario de la operación Erial al que ha tenido acceso El Confidencial, les reportaron unos ingresos por importe total de 86,5 millones de euros, una parte de los cuales, al menos 8,5 millones, se habrían destinado "indiciariamente" al pago de comisiones a la red del exministro Eduardo Zaplana y del que fue su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, que fue presidente de la mesa de contratación del reparto de ITV.

Para canalizar los pagos, los Cotino constituyeron en 2001, el mismo año de la tramitación del Plan Eólico Valenciano, dos sociedades en Luxemburgo: Imison Internacional y Fenix Investment, ambas tuteladas durante un tiempo por el bufete luxemburgués de Beatriz García Paesa, sobrina del exespía Francisco Paesa. Las dos sociedades acabaron en manos del entorno del expresidente de la Generalitat a través de un mecanismo de ingenieria financiera consistente en hacerlas partícipes de otras sociedades en España, que a su vez fueron recompradas por el grupo Sedesa-Asedes. Imison recibió por ello 6,4 millones y Fenix, 2,3 millones. La primera, según reflejan certificados de la Agencia Tributaria, tuvo como representante a Joaquín Barceló 'Pachano', considerado el principal testaferro de Zaplana y cuya relación casi de jefe y subordinado queda en evidencia a lo largo de conversaciones intervenidas y seguimientos realizados por los agentes de la UCO.

Un correo electrónico dirigido a la DG de la Policía revela que Juan Cotino estuvo informado de la preparación del concurso del Plan Eólico

Los investigadores creen acreeditado el retorno a España a través de una entramado de empresas ligadas a Zaplana de 2,9 millones entre 2005 y 2006 en lo que se refiere al expresidente de la Generalitat valenciana, que habría liderado la ejecución de operaciones inmobiliarias y compra de bienes, como coches de alta gama, joyas o pisos, para blanquear el origen ilícito de los fondos. Los otros 3,5 millones fueron desviados a otras sociedades, según sospechan Anticorrupción y la UCO, cuando Imison Internacional fue disuelta en 2010. Hay que tener en cuenta que la magistrada instructora, Isabel Rodríguez, mantiene en secreto otra parte del sumario, la relativa a los 6,3 millones de euros de los que se ha incautado en dos cuentas de Suiza y que atribuye en un 90% a Zaplana y en un 10% a Barceló y Francisco Grau, considerado el cerebro financiero y fiscal del exministro. También están pendientes de llegar al juzgado comisiones rogatorias de Uruguay, Holanda, Panamá y Andorra.

Por su parte, Juan Francisco García se destapó como propietario de Fenix Investment cuando esa sociedad luxemburguesa fue liquidada en 2012. Ese mismo año, coincidiendo con la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, García regularizó ante la Agencia Tributaria 2,3 millones de euros con un recargo de apenas el 10%. El Tribunal Constitucional declaró nula la aministía, pero no con carácter retroactivo. Esto libera a García de la responsabilidad por un delito fiscal, pero no así de un delito de blanqueo de capitales, razón por la que sigue investigado.

TE PUEDE INTERESAR

De Naseiro a Lezo, Eduardo Zaplana siempre aparecía en las quinielas

Víctor Romero. Valencia

Pero, además de los 2,3 millones de euros que Juan Francisco García regularizó en 2012, el grupo empresarial de los Cotino (Sedesa-Asedes, primero, y Pontia Assets, después) realizó pagos a su consultora española por otros 1,3 millones que se prolongaron entre 2003 y 2011. Tras abandonar la Generalitat con la salida de Zaplana en 2002, el que fue su director de Gabinete creó una sociedad limitada unipersonal llamada Dobles Figuras. Esta mercantil recibio pagos periódicos del grupo de Vicente Cotino hasta el año 2011, tal como refleja el sumario. La media anual era de algo más de 125.000 euros los primeros años, aunque luego esa cifra fue creciendo hasta 246.523 en 2009. En 2011, el pago fue de 60.028 euros. Se da la circunstancia de que son años en los que García desempeña cargos y la labor de presidente del club de baloncesto Estudiantes.

Las documentos requisados por la Guardia Civil revelan, además, que parte del entramado societario y la organización de las adjudicaciones se elaboró cuando Juan Cotino, tío de Vicente, era director general de la Policía Nacional. El que fue después 'conseller' con Francisco Camps y presidente de las Cortes Valencianas, que era socio de Sedesa, llegó a recibir un correo a una dirección con dominio del Ministerio del Interior (@dgp.mir.es) en el que se le informaba "de las condiciones habladas con Endesa de los parques eólicos de la Comunidad Valenciana". En el mensaje se detallaba cuál sería la composición accionarial, la inversión prevista y cómo se estaba planificando la financiación. "Se infiere que desde el primer momento Juan Cotino no fue ajeno al desarrollo empresarial de su familia, del que por otro lado además forma parte, y del interés que el grupo tenía en determinadas adjudicaciones públicas", señala un resumen ejecutivo de la UCO.

Otra persona sobre la que los investigadores han puesto el foco es José Luis Olivas. El expresidente valenciano, vicepresidente de Zaplana entre 1999 y 2002, sucesor de este hasta mayo de 2003 y después presidente de Bancaja y vicepresidente de Bankia, recibió 580.000 euros en dos pagos de Sedesa Inversiones a su sociedad Imarol que los investigadores vinculan con comisiones relacionadas con el Plan Eólico. "El primero de los dos pagos mediante los que se materializa el total, por importe de 290.000 €, es efectuado con fondos provenientes de la venta de la sociedad adjudicataria del PECV, lo cual supone una similitud con respecto a lo acaecido en el caso de las sociedades luxemburguesas y la venta de la concesionaria del servicio de ITV", señalan los agentes de la UCO.

Olivas ya fue condenado en enero de 2017 por falsedad documental después de que un juzgado de lo penal de Valencia considerase que la factura de aquel pago de 580.000 euros no se correspondía con ninguna actividad prestada y que, por tanto, era falsa. Por esta razón, impuso una condena de año y medio al expresidente de Bancaja y al de Sedesa, Vicente Cotino, por falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública.

Los investigadores sostienen que los ingresos que Zaplana, Olivas y Juan Francisco García obtuvieron de los Cotino fueron sobornos por adjudicaciones

"A juicio policial, dado el supuesto incremento patrimonial que obtuvo Sedesa con ocasión de la venta de las adjudicatarias públicas, cuyas licitaciones presuntamente podrían haber resultado amañadas y/o haber existido un concierto previo interesado para beneficiar a este grupo concreto, lo que daría sentido al contexto de la denominada 'hoja de ruta' y al resto de elementos de valor indiciario que se han recogido durante la causa; parece obvio ponderar, que la fuente de ingresos de rentabilidad extraordinaria que en parte terminó en las cuentas bancarias de las dos sociedades luxemburguesas y de las consultoras radicadas en Valencia, podría corresponder efectivamente al pago de contraprestaciones económicas", se escribe en el informe de la Guardia Civil. "Esta fuente de ingresos, a la vista de los indicios recabados, y no habiéndose detectado relaciones comerciales legítimas entre los investigados, a juicio policial, solo pudo ser aquella que de manera reiterada ha irrumpido a lo largo de la investigación, es decir, el presunto cobro de sobornos", afirma de forma rotunda.

"Además, y en relación a la afirmación anterior, se sabe la implicación y responsabilidad directa de determinados cargos públicos, como en el caso de Eduardo Zaplana, Juan Francisco García o José Luis Olivas Martínez, en las adjudicaciones que se investigan y que se relacionan con estas contraprestaciones económicas", dicen en referencia a las ITV y el Plan Eólico. "En definitiva, desde la óptica policial, y por las evidencias recabadas a lo largo de la causa, la hipótesis que permite entender de un modo racional el verdadero sentido al conjunto integral de hechos y circunstancias que se vinculan a estos fondos es precisamente el origen delictivo de los mismos", remata.