Anticorrupción cierra en Luxemburgo la investigación de Zaplana antes de liberarlo

Los investigadores del caso Erial ultiman las pesquisas en el extranjero antes de pronunciarse a favor de la liberación del exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, en prisión preventiva desde el pasado mes de mayo. Una comisión judicial en la que ha participado la Fiscalía Anticorrupción se desplazó la semana pasada a Luxemburgo para indagar en el entramado de sociedades atribuidas a la presunta estructura de blanqueo de capitales ligada al también expresidente de la Generalitat valenciana. Este, junto al desplazamiento a Uruguay para realizar registros, ha sido uno de los últimos movimientos del equipo de investigadores, que está a la espera de completar las diligencias exteriores con la recepción de comisiones rogatorias.

El riesgo de que Zaplana pudiera interferir en las investigaciones si abandona la cárcel o la situación de vigilancia que tiene ahora en el Hospita La Fe de Valencia es uno de los argumentos que la jueza Isabel Rodríguez ha esgrimido para negarle la libertad. La defensa del exministro ha solicitado de nuevo su salida en base a los informes médicos de los sanitarios que le tratan en el hospital, liderados por el jefe de Hematología Guillermo Sanz, y que alertan de su estado de salud y del riesgo de contraer infecciones mortales si vuelve al centro penitenciario de Picassent. Hasta ahora, la posición de la jueza ha sido ratificarse en la prisión preventiva, aunque dejará que Zaplana permanezca hospitalizado en tanto en cuanto los médicos no le den el alta. Fuentes cercanas a la familia sostienen que su estado emocional es, además, delicado, y se ve agravado por la pérdida de peso.

Zaplana lleva siete meses privado de libertad mientras los investigadores mantienen bajo llave el secreto de sus pesquisas, una confidencialidad que se ha prorrogado un mes más. Hasta ahora, ha trascendido que los indicios apuntan a un intento de Zaplana de repatriar fondos procedentes de comisiones o no declarados a Hacienda que se canalizaban a través de sociedades inmobiliarias de la mano de su amigo de la infancia y testaferro Joaquín Barceló, conocido con el apodo de 'Pachano', y con el asesoramiento fiscal de Francisco Grau, los dos también encarcelados de forma preventiva. Estas salidas al extranjero fueron anticipadas por 'La Razón' y la presencia de una comisión judicial en Luxemburgo confirmada por El Confidencial de fuentes solventes. Los investigadores han indagado en los datos de sociedades con activos domiciliadas en el pequeño país centroeuropeo conocido por sus ventajas fiscales.

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Entre las mercantiles que han estado en el punto de mira desde el primer momento en Luxemburgo figura Imison International, vinculada a la familia Cotino y que los investigadores consideran sospechosa de haber servido para canalizar hasta 11 millones de euros procedentes de comisiones por el reparto de concesiones para parques eólicos en la Comunidad Valenciana. Tal como reveló El Confidencial, una de las personas encargadas de representar en Luxemburgo a Imison International fue Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa. García Paesa gestiona un bufete en este país llamado Etude García.

La sociedad Imison International sirvió para manejar otras sociedades desde Luxemburgo

Imison fue registrada en Luxemburgo en 2001, cuando se produjo uno de los repartos de concesiones por la Generalitat, con Zaplana al frente de la presidencia. Una empresa de los Cotino, Proyectos Eólicos Valencianos, obtuvo derechos de explotación de 400MW de potencia eólica. La sociedad fue vendida años después, en 2008, a Endesa con una importante plusvalía de 40 millones de euros. El sucesor de Zaplana en la Generalitat, José Luis Olivas, después presidente de Bancaja y vicepresidente de Bankia, fue condenado por cobrar una comisión de 580.000 euros ligada a esa operación de venta.

Durante los años en que ha mantenido actividad, Imison tuvo en su balance activos líquidos, pero también participaciones en otras sociedades, por lo que habría servido a la trama para manejar otras mercantiles. Los investigadores han indagado si parte de los fondos que se movieron a través de Imison sirvieron para financiar operaciones en España contra sociedades como Medlevante, Costera del Glorio, Gesdesarrollos Integrales o Turnis Sylvatica, vinculadas a Barceló y Grau.

La red de sociedades en Luxemburgo o Uruguay y los movimientos de fondos en otros países como Panamá, además de la estructura empresarial creada en España y que habría servido para blanquear fondos con operaciones inmobiliarias, sustentan el grueso de una investigación que permanece secreta. El exministro y su mujer, Rosa Barceló, también investigada, tienen bienes y activos bloqueados judicialmente (vehículos de alta gama, viviendas y cuentas bancarias), al igual que el resto de investigados.