por el presunto blanqueo de 10,5 millones

La UCO registra en Uruguay la casa del socio de Zaplana y tres sociedades de Cotino

Los investigadores se llevaron documentación de dos empresas adquiridas por un presunto testaferro de Zaplana en 2009, Nysleny y Disfey, y también de otras tres mercantiles de Vicente Cotino

Foto: El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana. (EFE)

La investigación contra Eduardo Zaplana por el presunto blanqueo durante años de 10,5 millones de euros procedentes del cobro de comisiones ilegales acaba de experimentar un nuevo salto. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron la semana pasada a Uruguay para registrar la vivienda del abogado Fernando Belhot, un experto en la creación de estructuras 'offshore' al que los investigadores sitúan en la estructura que supuestamente diseñó el exministro de Trabajo (2002-2004) y expresidente de la Comunidad Valenciana (1995-2002) para repatriar los fondos que tenía ocultos en el extranjero.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, la actuación de la UCO se centró en la búsqueda de documentación relacionada con dos sociedades instrumentales, Misleny y Disfey, que fueron constituidas por Belhot y que en 2009 fueron compradas por Joaquín Barceló Llorens, el amigo de la infancia de Zaplana que está acusado en este mismo procedimiento de haber actuado como testaferro del exdirigente del PP para encubrir los bienes que supuestamente este había empezado adquirir en España para lavar su dinero. La mujer de Barceló, Felisa López González, habría jugado el mismo papel en la trama.

El registro en Uruguay se produjo el pasado jueves y, además de los agentes de la UCO, también estuvieron presentes la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, responsable del caso, así como el representante de la Fiscalía Anticorrupción, desplazados hasta el país sudamericano para supervisar esta nueva diligencia.

La incautación de documentos también afectó a otras tres sociedades creadas en Uruguay que están vinculadas a Vicente Cotino. Según la investigación, este donante ilegal confeso del PP habría pagado 10,5 millones de euros en comisiones a Zaplana por la adjudicación de licencias de ITV y autorizaciones para la construcción de parques eólicos. Solo con las concesiones eólicas, Vicente Cotino —sobrino del expresidente de las Cortes autonómicas y ex director general de la Policía Nacional Juan Cotino— habría obtenido plusvalías superiores a los 40 millones de euros.

Como adelantó este diario, las tres sociedades del empresario valenciano en Uruguay que supuestamente están implicadas en el blanqueo de los fondos de Zaplana son Milbet SA, Parlawa SA y Vecanwell SA (transformada luego en Urbamed Project Management SA). Aunque fueron inscritas a nombre de Cotino, el juez sospecha que el exdirigente del PP era su verdadero beneficiario. Las tres estaban domiciliadas en la zona franca de Zonamérica, en Montevideo, que ofrece condiciones fiscales ventajosas para la instalación de redes 'offshore'. Belhot no habría tenido ninguna intervención en la gestión de estas otras sociedades.

El abogado uruguayo ya era un viejo conocido de la UCO. Durante la investigación del caso Lezo contra la red del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, los agentes detectaron que este alcanzó un acuerdo con Belhot y Zaplana para comercializar en España y Portugal en exclusiva los productos químicos de un fabricante alemán, Shieer, dedicado a elaborar sustancias para la depuración y oxigenación de aguas. Belhot y Zaplana mantuvieron reuniones con Pescanova y Agbar para ofrecer su mercancía.

Pese a que esos contactos quedaron al descubierto al levantarse el secreto del caso Lezo, Zaplana y Belhot habrían seguido reuniéndose hasta el mismo momento de la operación Erial, el pasado 22 de mayo, que se saldó con la detención del exministro de Trabajo. Los seguimientos y escuchas apuntan a que Zaplana y su socio uruguayo estuvieron trabajando en negocios y operaciones inmobiliarias hasta el último momento. La instructora del caso sostiene que esos movimientos formaban parte de las maniobras del exdirigente del PP para reintroducir en el circuito legal el dinero de las comisiones ilegales que había percibido dos décadas antes.

El empresario Vicente Cotino. (EFE)
El empresario Vicente Cotino. (EFE)

Fuentes cercanas a Belhot han negado a preguntas de este diario que este haya participado en ninguna operación de blanqueo de capitales y aseguran que todas las operaciones comerciales en que participó en España se efectuaron utilizando los cauces bancarios habituales y, por tanto, están perfectamente registradas. Las mismas fuentes aseguran que la operación Erial pilló a Belhot en Uruguay y este ya que se había ofrecido a declarar por escrito o por videoconferencia, por lo que aseguran que no era necesario que se desplazara hasta allí una comisión judicial para registrar su casa.

La ejecución de esta diligencia allana el futuro inmediato de Zaplana, que permanece en prisión provisional desde que fue detenido. Su defensa ha pedido en cuatro ocasiones su libertad alegando que no existe riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas y que, además, sufre una leucemia que se está viendo seriamente agravada por su estancia en la cárcel. Sin embargo, todas las solicitudes han sido rechazadas por la Justicia. Con todo, la defensa de Zaplana lo intentó por quinta vez esta semana. El lunes, solo cuatro días después de los registros en Uruguay, se celebró una vista en la que su defensa volvió a reclamar su puesta en libertad. Tras el viaje de la comisión judicial, el riesgo de destrucción de pruebas ha disminuido de forma considerable. Se espera que el dictamen se conozca en las próximas horas.

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