el dinero se movió luego a uruguay, panamá y andorra

Zaplana usó a la sobrina del espía Paesa para esconder sus comisiones vía Luxemburgo

El exministro de José María Aznar canalizó las presuntas comisiones ilegales a través de una abogada madrileña implicada en los casos de corrupción Defex y Mercasa que tiene bufete en el ducado

Foto: Zaplana, el pasado martes, durante el registro de su chalé en Benidorm. (EFE)
Zaplana, el pasado martes, durante el registro de su chalé en Benidorm. (EFE)

Eduardo Zaplana niega haber cobrado 10,5 millones de euros en comisiones ilegales y haber blanqueado luego esos fondos en el extranjero mediante testaferros y sociedades pantalla, pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado a la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, la jueza Isabel Rodríguez, pruebas contundentes sobre esos movimientos de dinero y sobre las vinculaciones delictivas de algunas de las personas que intervinieron en la trama.

Una de las personas clave en la red mercantil que habría utilizado el expresidente de la Generalitat Valenciana (1995-2002) y exministro de Trabajo (2002-2004) es la abogada madrileña Beatriz García Paesa, sobrina del espía que entregó a Roldán, Francisco Paesa. La letrada está bajo el radar de la Audiencia Nacional desde 2014. La Guardia Civil descubrió que había diseñado una estructura 'offshore' para blanquear comisiones ilegales de la empresa semipública de armamento Defex por un importe aproximado de 100 millones de euros. Al menos tres de las sociedades que utilizó para desviar esa fortuna fueron creadas por el despacho panameño Mossack Fonseca, como descubrió la investigación periodística de los Papeles de Panamá. Además, García Paesa también está implicada en desvío de otra empresa participada por la SEPI, Mercasa, dedicada a la gestión y construcción de mercados centrales de abastecimiento.

García Paesa realizó esas operaciones desde su bufete de Luxemburgo, Etude García, con domicilio en el número 5 del Boulevard Royal del ducado. La UCO ha acreditado ahora que la red vinculada a Zaplana utilizó sus servicios para gestionar la sociedad opaca por la que supuestamente se canalizaron las comisiones que habría recibido por amañar licencias de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) y concesiones para construir parques eólicos. Estos últimos pelotazos datan de 2001, precisamente el mismo año en el que se inscribió en el registro de Luxemburgo la mercantil Imison International SA, la firma que según los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil recibió los sobornos, como adelantó 'El Mundo'.

En el año 2006, García Paesa se convirtió en administradora de esa mercantil, utilizando la dirección postal que figura en los casos Defex y Mercasa y una segunda, del despacho Luxembourg International Consulting SA, en el número 7 de val Sainte Croix. La contabilidad de Imison International SA revela un crecimiento exponencial de su patrimonio. Al cierre de 2001, su primer año operativa, declaró unos activos de 607.000 euros. Cinco años después, ya con García Paesa al frente de la compañía y con Zaplana ejerciendo como portavoz del principal partido de la oposición en el Congreso de los Diputados, la sociedad ya controlaba activos por valor de 5,8 millones de euros. En 2009, la cifra se elevaba por encima de los diez millones.

Despacho Luxembourg International Consulting SA. (Google Maps)
Despacho Luxembourg International Consulting SA. (Google Maps)

Una parte importante de estos activos eran participaciones en otras empresas, lo que apuntaría a que Imison International sirvió como firma matriz de otra red mayor de sociedades. Si en el año de su fundación las participaciones en terceras empresas estaban valoradas en libros en 582.840 euros, esa cantidad se había elevado en 2008 a 2,9 millones de euros. Ese mismo ejercicio, tenía en sus cuentas en efectivo tres millones de euros, según los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial. Un año después se incorporaron derechos de cobro de préstamos a sociedad relacionas con 'holding' por valor de 7,8 millones.

Según la instructora de la causa, que este jueves acordó el ingreso de Zaplana en prisión provisional sin fianza, las presuntas comisiones canalizadas a través de Imison International SA fueron abonadas por los hermanos Vicente y José Cotino, propietarios de la constructora Sedesa, una de las principales beneficiadas por el supuesto amaño de las estaciones ITV y los parques eólicos. Solo en este último sector, los Cotino consiguieron una plusvalía de 39 millones de euros. Los dos empresarios fueron detenidos por la UCO en la operación de esta semana. Son sobrinos del exvicepresidente de la Generalitat y exdirector general de la Policía Nacional Juan Cotino, imputado también en el caso Zaplana aunque no llegaron a arrestarlo.

El Confidencial se puso en contacto con el entorno de los Cotino para preguntar por el papel que juega Imison International en su actividad empresarial y si es cierto que se empleó la mercantil para pagar mordidas. Este entorno, que no negó la existencia de la sociedad, se limitó a manifestar que la causa está bajo secreto de sumario, que desconocen con exactitud los hechos que se les imputa y que no iban a hacer más comentarios.

Se da la circunstancia de que Vicente y José Cotino utilizaron Sedesa para crear precisamente en 2001 una sociedad con un nombre casi idéntico al de supuesta mercantil luxemburguesa usada por el exministro de Trabajo, Inversiones Imison SL. Según el registro, a través de esta sociedad con domicilio en una filial de Sedesa, los Cotino controlaron las empresas de materiales de construcción Leitosa SA, Aridos de Trazos SL, Morteros de Lugo SL, Hormigones Monterroso y Canteras de Muro SL. La firma fue a concurso en 2012, solo un año después de la liquidación de Imison International SA.

Fuentes cercanas al caso apuntan a este diario que los 10,5 millones de euros en comisiones habrían salido hacia Luxemburgo por ese canal. Allí permanecieron alojados hasta que el exdirigente del PP comenzó a repatriar el dinero hace unos meses. Para reintroducirlo en el circuito legal de España, los fondos viajaron desde el ducado a otras jurisdicciones, sobre todo, Uruguay y países de su entorno. Finalmente, el dinero dio el salto a territorio nacional a través de mercantiles controladas por amigos de Zaplana. Como adelantó este diario, la investigación atribuye un papel destacado en esta parte de la operativa al matrimonio formado por Joaquín Barceló Llorens y Felisa López González, ambos detenidos también por la UCO.

Barceló es amigo del expresidente valenciano desde la infancia. El exministro lo convirtió en su mano derecha en la sombra. Lo nombró director del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm, director general de la Consejería de Turismo y consejero del parque temático Terra Mítica como responsable de Relaciones Institucionales. Se mantuvo en este último cargo hasta 2016. Barceló y su mujer controlan más de una decena de mercantiles dedicadas a la promoción inmobiliaria que, según las pesquisas de la UCO, camuflaron la entrada en España de los fondos que Zaplana tenía en el extranjero desde hace casi dos décadas. Se trata de Costera del Glorio SL, Gesdesarrollos Integrales SL, Medlevante SL, Barceló López SL y Gavina del Arsenal SL, entre otras. El matrimonio controla a través de estas promotores un patrimonio de 7,4 millones de euros repartido en solares, edificios, viviendas, locales y plazas de aparcamientos.

La jueza también sitúa en la ruta de la repatriación del dinero de Zaplana a la mercantil Turnis Sylvatica SL, administrada a su vez por Barchilla SL. Esta otra estructura es propietaria de varios inmuebles. Destaca una finca ubicada a las afueras de Alicante con más de 7.500 metros cuadrados de terreno y un inmueble de más de 1.500 metros construidos.

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