Mossack creó las 'offshore' utilizadas para desviar fondos de la venta de armas a Angola

Al menos tres sociedades ‘offshore’ creadas por el despacho panameño Mossack Fonseca fueron utilizadas en la red de desvío de fondos de la venta de material policial de España a Angola realizado a través de la empresa de participación pública Defex.

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Los directivos de la empresa semipública José Ignacio Encinas Charro y Ángel María Larumbe Burgui, entre otros, están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por haberse llevado 41 millones de euros obtenidos de la venta de armas al país africano. Bajo la lupa de la Justicia está también Juan Carlos Cueto Marín, cuya empresa colaboró con Defex en el suministro. De acuerdo con la investigación, todavía bajo secreto de sumario, habrían conseguido desviar fondos a través de un entramado de sociedades opacas con ramificaciones en Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas, algunas de ellas vinculadas al bufete legal de Beatriz García Paesa, sobrina del conocido espía Francisco Paesa y letrada en el Gran Ducado.

El camino del caso Defex se cruza con los papeles de Panamá en las islas caribeñas, consideradas un paraíso fiscal. Los documentos internos del bufete de abogados Mossack Fonseca, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el 'Suddeutsche Zeitüng' y publicados en España por El Confidencial y La Sexta, permiten desvelar cómo el bufete panameño hizo posible el esquema perpetrado por Defex. Esta empresa, participada al 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y dedicada a la exportación de material de defensa, actuaba "como una organización criminal", según un informe de la Guardia Civil hecho público por el diario 'El País'.

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En la base de datos interna de Mossack Fonseca, está registrada Darwin Yachting Corp., afincada en Islas Vírgenes Británicas. La sociedad es una pieza fundamental en la trama investigada por la Audiencia. Sería una de las tres 'offshore' a las cuales se destinaron 10 millones de euros de los fondos transferidos a Luxemburgo desde España. Ese dinero procedía del suministro de vehículos, uniformes y equipamientos de comunicación para la Policía Nacional de Angola, vendidos por un importe de 152 millones de euros. El lote fue pagado, pero solo 35 millones de euros fueron entregados a las empresas proveedoras de Defex: 41 millones se desviaron a Luxemburgo, señala el auto de Ruz.

La persona que dispuso de esos fondos, de acuerdo con la investigación, fue Juan Carlos Cueto, gerente de la empresa con la que Defex colaboró (a través de una unión temporal de empresas) en la venta de armas a Angola. La documentación interna de Mossack Fonseca le vincula a otra sociedad 'offshore', JCB Consultancy SA [acceda aquí al documento], desde julio de 2008, un mes después de que se firmara el contrato de suministro al centro. A pesar de los repetidos intentos, este diario no ha conseguido contactar con Cueto. García Paesa, por su parte, ha confirmado que ella no tiene relación alguna con Defex y que Cueto es su cliente "con fondos de procedencia lícita, no habiendo ninguna actuación ilegal".

Parte del dinero desviado fue ingresado, finalmente, en Ginebra. Es aquí donde tiene su dirección Beaulac SA, firma suiza que contactó con Mossack Fonseca para crear Kogan International Limited en Islas Vírgenes Británicas. La investigación de Ruz encontró el nombre de Kogan en la documentación intervenida en el domicilio de Ángel María Larumbe Burgui, director de operaciones de Defex hasta 2013, y la identificó como su seudónimo para cobrar, en Suiza, más de 300.000 euros desviados desde Luxemburgo. La sociedad creada por Mossack quedó inactiva el mismo año del cese de Burgui, 2013, quien durante el juicio se acogió a su derecho a no declarar.

La conexión con Luxemburgo

En una periférica calle del Gran Ducado se encuentra la dirección con que Cueto, el primer implicado citado, quedó registrado en la base de datos del despacho panameño. En la misma ciudad tiene su sede el Etude Garcia, firma legal creada por Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía Francisco Paesa. Consta como cliente que gestionó JCB y Darwin Yacthing, la nombrada sociedad supuestamente receptora de los fondos, a través de Mossack Fonseca. La documentación interna del despacho, entre la que destaca el pasaporte de esta letrada, indica además que en octubre de 2015 García Paesa estaba relacionada con 17 sociedades y que 14 de ellas habían quedado inactivadas.

Así lo confirma el correo interno que acompaña la decisión del bufete de renunciar como agente registrado de dos sociedades. Se trata de las citadas JB Consultancy [documento] y Darwin Yachting Corp [documento] por su inmplicación en el caso Defex.

No fue hasta octubre de 2015 cuando Mossack Fonseca decidió prescindir de la relación con las dos compañías. En sendas cartas remitidas al estudio de García Paesa, pedía que, en un máximo de 90 días, se buscara un nuevo agente registrado para JCB y Yachting Club. "Mejor renunciar para proteger nuestra reputación", indicaba el Departamento de Control de Clientes del bufete.

García Paesa fue enviada a prisión tras las investigaciones del juez Ruz en julio de 2014, pero fue puesta en libertad en octubre de ese mismo año tras el pago de una fianza de 100.000 euros. En el caso, esta letrada fue imputada por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental en las transacciones comerciales internacionales contra la Hacienda pública. Mossack Fonseca no renunció a seguir trabajando con su despacho después de que estallara el caso.

Defex, en entredicho

Defex, fundada en1972, trabaja comoempresa intermediaria que pone en contacto a fabricantes de armamento y material de defensa con terceros países.

Su accionariado lo conforman la SEPI (ente público) en un 51%, mientras que el restante 49% está compuesto por fabricantes privados de armas, algunos de ellos con sede en Estados Unidos. Su facturación entre 2010 y 2014ha rondado los 50 millones de euros de media.

La investigación sobre esta sociedad, presidida por José Ignacio Encinas Charro durante los últimos 20 años, arrancó en 2012 en Luxemburgo. Ese país alertó a la Fiscalía Anticorrupción española de una transferencia de 41,4 millones de euros desde las cuentas de la UTE formada por Defex y Comercial Cueto 92 al Dexia Banque.

Tras la puesta en marcha de la operación Angora de la Guardia Civil, en verano de 2014 fueron detenidos varios altos cargos de Defex. De acuerdo con la investigación de Pablo Ruz, hubo un fraude en un contrato de 153 millones de euros para la venta de material policial a Angola, un equipamiento cuyo valor real no superaba los 50 millones. Hubo, según la investigación, sobornos a funcionarios angolanos y la creación de un entremado para blanquear los beneficios de la operación.

En una pieza separada, el juez De la Mata está investigando otro supuesto fraude de Defex, derivado esta vez dela comercializadora de armamento con Camerún y Arabia Saudí.