Zaplana usó cambistas al estilo sudamericano y movió 15 millones en mordidas, según la jueza

El exministro de Trabajo Eduardo Zaplana movió de manera directa o indirecta más de 15 millones de euros procedentes de comisiones ilícitas detectadas durante la instrucción del caso Erial. Es la cantidad presuntamente fraudulenta que, según recoge el auto de procedimiento abreviado dictado por la jueza María Isabel Rodríguez, ingresó la trama dirigida, supuestamente, por el también expresidente de la Generalitat valenciana. La magistrada ha dejado al borde del banquillo a Zaplana y ha pedido a la Fiscalía que formule escrito de acusación. Le atribuye delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad de documento público y prevaricación y propone juzgar a otras 19 personas, entre ellos a los considerados testaferros, Joaquín Barceló 'Pachano' y Francisco Grau, a los hermanos Vicente y Juan Cotino, a su exjefe de gabinete Juan Francisco García o al expresidente de la Generalitat Bancaja, el popular José Luis Olivas.

La jueza pone el inicio de la posible comisión de delitos a partir del año 1997, cuando la Administración valenciana, entonces presidida por Eduardo Zaplana, adjudicó a sociedades participadas por la familia Cotino estaciones de ITV y derechos de construcción y explotación de parque eólicos. Los investigadores se basan en informes periciales de la Agencia Valenciana Antifraude para sostener que se efectuaron "concursos a la carta" para que las empresas interesadas, previa estipulación de comisión, se hicieran con dichas adjudicaciones.

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Los Cotino terminaron por vender sus participaciones en esas concesionarias, con ingresos de 86,5 millones de euros. Los investigadores han detectado que estuvieron haciendo pagos a personas cercanas a Zaplana hasta el año 2011. Uno de los que recibieron fondos fue Olivas. La jueza cree que un abono de 580.000 euros, procedente de una empresa de los Cotino, fue una comisión por su participación en la tramitación de los concursos del Plan Eólico Valenciano.

El dinero que orilló en el entorno del exministro del Partido Popular tuvo un primer destino en Luxemburgo a través de una sociedad constituida por los Cotino, Imison Internacional, que terminó siendo traspasada a los testaferros de Zaplana. La mercantil fue gestionada por Beatriz Paesa, sobrina del que fue espía del Cesid Francisco Paesa. Parte de los fondos se canalizaron a cuentas en Andorra y otros países como Panamá hasta que en 2009 apareció en escena el asesor financiero uruguayo Fernando Belhot, quien asumió el control del dinero 'offshore'.

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Los recursos comenzaron a moverse por paraísos fiscales y mercantiles extranjeras, primero con las sociedades Misleny y Disfey, y luego con otras como Natland. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detectado hasta 23 sociedades en 10 países que vincula al que fue ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar. Belhot y Paesa figuran como testigos en la instrucción porque la jueza considera que no conocían la procedencia ilícita del dinero que gestionaban. Su testimonio, especialmente el del asesor uruguayo, es clave para la causa por que vinculan a Zaplana con la trama en el extranjero, algo que este niega con rotundidad. Belhot ha entregado al juzgado 6,7 millones de euros que estaban depositados en cuentas de Suiza y atribuye al expolítico conservador.

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La magistrada admite que el dinero no ha sido recuperado en su totalidad porque parte fue incautado por las autoridades andorranas. El supuesto delito de blanqueo procede del intento de Zaplana y sus cómplices de repatriar fondos para inyectar liquidez en su día a día, comprar inmuebles y coches o realizar inversiones. Para ello, utilizaron sociedades españolas, siempre según el relato de la jueza. "Belhot, en su declaración, fijó la fecha de contacto con Zaplana, Grau y Barceló en el año 2009. Dijo que se dio cuenta de que la figura protagonista era el Sr. Zaplana, a quien consultaban continuamente, y que Zaplana le dijo que él tenía la mayoría de las empresas y ellos dos una pequeña cantidad y que no había querido aparecer como titular de dichos activos financieros porque había sido persona con actividad pública muy importante", señala el escrito.

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"Tras todo este entramado de sociedades en España, Uruguay, Panamá, Luxemburgo, y cuentas abiertas en países como Andorra y Luxemburgo, entre otros, y con el fin de poder retornar el dinero a España y utilizarlo, era necesario contar con sociedades con sede en España, y así se constituyen Medlevante, administrada por Joaquín Miguel Barceló Llorens, siendo socio el mismo, y la sociedad Costera del Glorio, también del mismo, y de la que fue también administradora su mujer Felisa López González", dice la instructora.

Se compraron pisos en Madrid y áticos en Xàbia; se exploraron inversiones en el puerto deportivo Marina Greenwich de Altea, o se hicieron operaciones millonarias en la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Pero, según la magistrada, también se movió mucho dinero en efectivo. En concreto, el auto de procedimiento abreviado señala un sistema de repatriación de fondos basado en el sistema de cambistas, "evitando con ello el rastreo del dinero". "También recibió dinero Eduardo Zaplana a través del sistema de cambistas, forma esta muy común en Sudamérica y que consiste en que dichos cambistas reciben el dinero y a su vez facilitan a otra persona que lleve a cabo la entrega del mismo en el país interesado a la persona que se designe, haciéndolo siempre en efectivo, no dejando rastro del mismo y siendo en este caso en concreto la receptora de ese dinero la secretaria de Eduardo Zaplana, Mitsouko Flerida Henríquez".

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En resumen, el mecanismo permite mover dinero en B a través de intermediarios haciendo un intercambio en cada país: alguien que quiere sacar dinero de España lo entrega a otra persona que a su vez quiere sacarlo de otro país para introducirlo en España y viceversa.

Con este sistema, según el auto judicial, Zaplana recibió a través de su secretaria 2,3 millones de euros, que previamente había ingresado en una cuenta de Julius Bär en Uruguay. En esta cuenta llegó a haber depósitos por valor de 7,9 millones de euros.

La jueza ha dado 10 días a la Fiscalía Anticorrupción para que formule el escrito de acusación. Los investigados tienen cinco días para recurrir el auto de procedimiento abreviado. La defensa de Zaplana, que niega que el dinero incautado sea suyo, había solicitado la testifical del comisario jubilado José Manuel Villarejo y del llamado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent. Este último, que ha cambiado de abogado y de estrategia legal, dice ahora que los papeles encontrados en el despacho de su primer abogado y que dieron origen a la investigación contra Zaplana son "un montaje". Sin embargo, la magistrada ha vuelto a negar nuevas diligencias. El exministro de Trabajo tendrá que pedirlas en la fase de juicio oral y con ello intentar anular la causa, deslegitimando la investigación en su origen.