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Promesas, recursos judiciales y una empresa pública en el rescate de las ITV valencianas
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FIN DE LA GESTIÓN PRIVADA

Promesas, recursos judiciales y una empresa pública en el rescate de las ITV valencianas

La Generalitat recuperará el 1 de enero de 2023 la gestión directa de las estaciones después de 25 años de concesiones. Las empresas anuncian una lluvia de reclamaciones por deudas pendientes

Foto: Las ITV valencianas pasarán a gestión pública en enero de 2023. (ITV de Levante)
Las ITV valencianas pasarán a gestión pública en enero de 2023. (ITV de Levante)
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Un cuarto de siglo después de que el popular Eduardo Zaplana las privatizase, la gestión de las estaciones valencianas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) volverá a manos públicas el partir del 1 de enero de 2023. Coincidiendo con el fin de los contratos, la Conselleria de Economía de la Generalitat valenciana, dirigida por Rafael Climent (Compromís), ha puesto en marcha un proceso de recuperación del servicio con la creación por decreto autonómico de una nueva empresa de capital público que asumirá el casi millar de trabajadores repartidos ahora entre las siete concesionarias repartidas por el territorio. La Administración valenciana, que se ha topado con los tribunales a la hora de intentar rebajar las tarifas fijadas en el inicio de las concesiones, ampara su decisión en la finalización de la relación contractual y en su derecho legítimo a elegir el modelo de gestión, pero ello no ha evitado el choque con las sociedades, que han anunciado reclamaciones judiciales.

El regreso al ámbito de la gestión directa supondrá una prueba para el Consell del Botànic, que encabeza el socialista Ximo Puig. El servicio de inspección de vehículos está cedido a concesionarios privados en casi todas las autonomías españolas. Para fundamentar económicamente el regreso al ámbito de la gestión directa, Economía encargó a la consultora Nuve Consulting un informe financiero que cifra en casi 40 millones de euros el resultado de explotación que obtendría la Generalitat y que incluso le da margen de reducción de tarifas a los usuarios a partir de 2023.

Los usuarios valencianos han estado pagando una de las tarifas más caras de España, hasta 63 euros, en virtud de una prueba de sonido implantada en 2004, en la etapa del Partido Popular, que el último presidente conservador, Alberto Fabra, trató de rebajar un 17%, aunque se topó con los recursos judiciales de los concesionarios en los tribunales. Tras perder una primera batalla en 2017, la Generalitat optó por aprobar un nuevo cuadro tarifario en 2019 rebajado, que fue también recurrido con sentencia favorable a las empresas prestadoras del servicio. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de la Administración.

placeholder El 'conseller' de Economía, Rafael Climent. (EFE)
El 'conseller' de Economía, Rafael Climent. (EFE)

Esa guerra tarifaria está en el origen de las posibles reclamaciones económicas que las compañías han anunciado por ingresos no recibidos durante el periodo en que estuvo en vigor la rebaja. La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) cifra en 133 millones de euros más intereses la deuda pendiente, según señalaron el presidente de la entidad, Paco Llopis, y su predecesor y vocal, Manuel Trigo, el pasado martes. Entre las empresas concesionarias están los grandes del sector como TÜV SÜD o Applus y empresas participadas por financieras como Ahorro Corporación.

Los accionariados de las adjudicatarias han ido cambiando a lo largo de los años, con algunas salidas con plusvalías millonarias de los socios originales. El concurso de 1997 siempre ha estado bajo sospecha y, de hecho, ha sido cuestionado por la Agencia Valenciana Antifraude en la causa del caso Erial, que afecta a Eduardo Zaplana. La instrucción fija el origen del patrimonio exterior que los investigadores atribuyen al exministro de Trabajo, que él niega, en comisiones de la familia Cotino por los concursos de las ITV y el Plan Eólico Valenciano.

Foto: Estación de ITV de Levante en Valencia. (Atisae)

Los concesionarios agrupados en Aecova-ITV, una entidad asociada a la patronal autonómica CEV, atribuyen el retorno a la gestión pública a razones "ideológicas". "No tiene ninguna justificación, ni técnica, ni económica ni de calidad (…) No somos Zaplana ni tenemos nada que ver con sus amigos", señalaban Llopis y Trigo, que cuestionan también los datos económicos con los que trabaja la Generalitat.

Frente a la actitud crítica de las empresas, este miércoles el 'conseller' Rafael Climent defendía el regreso al paraguas público y ofrecía guante blanco a los concesionarios salientes para hacer una transición "amable". "No lo vamos a hacer de manera unilateral", manifestaba. “El objetivo está muy claro, para nosotros la seguridad vial es un servicio básico, equiparable a la sanidad, la educación o los servicios sociales, tenemos que ser muy rigurosos porque salva vidas, y ha de ser un servicio mejor si cabe”, señaló Climent, señalando además la rebaja tarifaria como uno de los objetivos.

Además de designar un equipo de gestión y tomar el control empresarial de las estaciones el año que viene, Economía tiene que incorporar por subrogación las plantillas a la nueva empresa pública como personal laboral. La Generalitat prevé crear un grupo de trabajo con las siete concesionarias para facilitar el traspaso. A partir de 2023 podrá evaluarse si la Administración estaba o no preparada para bajar a la arena de inspeccionar vehículos, si el servicio termina siendo más barato para los usuarios y si la Generalitat ganará o perderá dinero.

Un cuarto de siglo después de que el popular Eduardo Zaplana las privatizase, la gestión de las estaciones valencianas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) volverá a manos públicas el partir del 1 de enero de 2023. Coincidiendo con el fin de los contratos, la Conselleria de Economía de la Generalitat valenciana, dirigida por Rafael Climent (Compromís), ha puesto en marcha un proceso de recuperación del servicio con la creación por decreto autonómico de una nueva empresa de capital público que asumirá el casi millar de trabajadores repartidos ahora entre las siete concesionarias repartidas por el territorio. La Administración valenciana, que se ha topado con los tribunales a la hora de intentar rebajar las tarifas fijadas en el inicio de las concesiones, ampara su decisión en la finalización de la relación contractual y en su derecho legítimo a elegir el modelo de gestión, pero ello no ha evitado el choque con las sociedades, que han anunciado reclamaciones judiciales.

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