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Zaplana adjudicó ITV a empresarios amigos con sociedades en Islas Vírgenes Británicas
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Zaplana adjudicó ITV a empresarios amigos con sociedades en Islas Vírgenes Británicas

El notario Antonio Magraner, amigo personal del exministro, y el empresario Tomás Velasco crearon una 'offshore' con Mossack Fonseca a la vez que se integraban en una de las UTE ganadoras

Foto: Zaplana, con agentes de la UCO en el registro de su casa en Benidorm. (EFE)
Zaplana, con agentes de la UCO en el registro de su casa en Benidorm. (EFE)

El 20 de noviembre de 1997 aparecía publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana una resolución firmada por el entonces secretario general de la Conselleria de Industria, José Antonio Manteca, con la adjudicación de cinco lotes de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) repartidas por toda la Comunidad Valenciana. El procedimiento fue uno de los primeros y más importantes concursos de cuantos puso en marcha Eduardo Zaplana en su primera legislatura al frente del Gobierno valenciano. Lo fue tanto por su volumen (6.157 millones de pesetas de la época, 37 millones de euros) como porque introducía el elemento privatizador en un servicio hasta entonces prestado por la Administración pública.

Ahora se sabe que tras al macroconcurso, dividido en cinco lotes, pudo haber intenciones menos confesables que el teórico discurso de la mejora en la eficiencia de la gestión. La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investigan si Zaplana cobró comisiones ilegales por ese concurso y el del llamado Plan Eólico Valenciano pocos años después, si ese dinero se movió en el extranjero y si más recientemente realizó operaciones con sociedades pantalla y personas de su confianza como testaferros para repatriarlo de forma irregular, con un posible delito de blanqueo.

El Grupo Mayve formó parte de la UTE que se llevó las ITV de Alicante, Elx y Benidorm. Días antes de la adjudicación, nació Leyster Bay Corporation

Como consecuencia de la operación Erial, Zaplana y dos de sus presuntos colaboradores, Joaquín Barceló y Francisco Grau, están en prisión preventiva. La causa sigue secreta, pero hasta ahora ha trascendido que la jueza investiga movimientos de fondos por valor de al menos 10 millones de euros a través de empresas radicadas en paraísos fiscales o países de fiscalidad laxa como Luxemburgo o Uruguay. Una de las empresas investigadas es Imison International, formalmente vinculada a la familia Cotino y que, según la investigación de la jueza, sirvió para canalizar comisiones, algo que el entorno del exministro niega.

placeholder Justificante de trasferencia de Magraner a Mossack Fonseca por los gastos de Leyster Bay.
Justificante de trasferencia de Magraner a Mossack Fonseca por los gastos de Leyster Bay.

El empresario Vicente Cotino y su tío Juan, expresidente de las Cortes Valencianas, tenían intereses tanto en el concurso de las ITV como en el Plan Eólico. Su empresa Sedesa resultó adjudicataria en ambos procedimientos y obtuvo con el tiempo jugosos beneficios con la venta de sus participaciones, tal como relató El Confidencial.

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Sin embargo, los Cotino no fueron los unicos adjudicatarios con sociedades en el extranjero. Otros empresarios muy cercanos a Zaplana también lograron colarse en el reparto de las ITV a la vez que manejaban sociedades ‘offshore’. Se trata de una dupla que hasta hace no mucho compartió todo tipo de negocios en Benidorm, población de la que fue alcalde Zaplana y que está en el origen de su carrera política: el notario Antonio Magraner Duart y el empresario Tomás Velasco Gómez. Los dos han sido accionistas del Grupo Mayve, una compañía inmobiliaria benidormí compuesta por una docena de sociedades que formó parte de la UTE adjudicataria del lote cinco de las ITV que se correspondía con las estaciones de Alicante, Elx y Benidorm. Mayve formó consorcio para ese contrato con la Caja Mediterráneo, Gesfesa y Pavasal, pero pocos años depués, al igual que hicieron los Cotino, todos ellos fueron desprendiéndose de su participación con plusvalías. Estas estaciones han terminado bajo la órbita del grupo Applus.

placeholder Constitución de un poder general en favor de Magraner y Velasco sobre la sociedad de las Islas Vírgenes. (Pinche para ampliar)
Constitución de un poder general en favor de Magraner y Velasco sobre la sociedad de las Islas Vírgenes. (Pinche para ampliar)

Días antes de que Manteca firmase la resolución del concurso, Velasco se puso en contacto con el despacho Mossack Fonseca para tramitar la constitucion de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas denominada Leyster Bay Corporation, con sede en la isla de Tórtola. La sociedad nació con un capital de 50.000 dólares y pese a que sus directivos, Roy G. Carrington y Charles C. Reece, eran testaferros situados por Mossack Fonseca, tanto Velasco como Magraner Duart mantuvieron un poder general para hacer y deshacer en la mercantil radicada en este paraíso fiscal, según documentación que forma parte de los papeles de Panamá, obtenidos por el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y El Confidencial y La Sexta en España.

Leyster estuvo activa al menos hasta el año 2002. Pero no fue la única mercantil de las Islas Vírgenes vinculada a los empresarios. Los archivos de Mossack Fonseca revelan que Velasco ya tenía poderes desde 1994 sobre otra sociedad, Fintside Investments, también creada con un capital de 50.000 dólares por el bufete panameño especializado en fabricar estructuras 'offshore'. Fintside estuvo en funcionamiento durante muchos, como mínimo hasta 2009, según los documenos de Mossack Fonseca. Los papeles de Panamá reflejan una tercera sociedad apoderada por Velasco desde diciembre de 1993, Harwich Enterprises. Fue constituida en Islas Vírgenes Británicas a través del bufete por encargo de otro despacho suizo denominado Eade Consultans, radicado en Ginebra.

El nombre de Tomás Velasco apareció en la lista Falciani con un millón de euros en cuentas de la filial de banca privada del HSBC en Ginebra (Suiza)

El nombre de Velasco ya apareció en otra de las listas negras de la evasión fiscal, la lista Falciani. El empresario estuvo vinculado a tres cuentas en la filial de banca privada del HSBC en Suiza desde el año 2001 hasta 2009, según reveló en 2015 'Levante-EMV' a partir de la información publicada por El Confidencial. En aquel momento, Velasco aseguró que había regularizado con Hacienda su situación fiscal, coincidiendo con la salida a la luz pública de los documentos que el antiguo empleado del banco había entregado a las autoridades españolas y francesas.

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Este periódico ha tratado ahora de ponerse en contacto con Velasco para conocer las razones que le llevaron a crear estructuras en las Islas Vírgenes, pero no ha contestado a los mensajes. Quien sí lo la hecho es el notario Antonio Magraner, una persona muy conocida en Benidorm por su labor de fedatario público, ahora afincado en Madrid. Magraner admitió su relación estrecha con Zaplana (ambos eran miembros de la peña festera El Picarol). "Mi mujer y la mujer de Eduardo son amigas desde la primera comunión", señaló el notario, quien dijo no recordar la existencia de las sociedades 'offshore'. "Se pudo constituir una sociedad y no tener contenido. No recuerdo si existía, la verdad es que me comentó algo a vuela pluma", afirmó trasladando la responsabilidad a su socio Tomás Velasco. "Yo puedo hacer una sociedad y ponerle a usted de apoderado y usted no enterarse. No lo recuerdo porque no llevaba la administración [del Grupo Mayve]". No obstante, un documento en poder de El Confidencial revela que el propio notario realizó pagos a Mossack Fonseca desde una cuenta a su nombre en el Banco Popular por gastos de tramitación de la sociedad 'offshore'.

"Yo puedo hacer una sociedad y ponerle a usted de apoderado y no enterarse. No lo recuerdo porque no llevaba la administración [del Grupo Mayve]"

Magraner explicó que vive con su antiguo socio "un proceso largo de ruptura" que le ha llevado a interponer acciones judiciales contra él. "Hemos acabado mal. Ha hecho actuaciones no correctas y he puesto alguna querella", reveló. "Él hacía y deshacía". Sobre las cuentas de Velasco en el HSBC, el notario aseguró haberse enterado "por los periódicos" y manifestó que como consecuencia de esta información, de hace más de dos años, "hay una reclamación en marcha".

placeholder Tomás Velasco, que ya controlaba la 'offshore' Fintside Investments, tramita una nueva sociedad en Islas Vírgenes días antes de la adjudicación de las ITV. (Pinche para ampliar)
Tomás Velasco, que ya controlaba la 'offshore' Fintside Investments, tramita una nueva sociedad en Islas Vírgenes días antes de la adjudicación de las ITV. (Pinche para ampliar)

Interpelado sobre si la creación de Leyster Bay Corporation pudo tener algo que ver con la adjudicación del contrato de las ITV, dijo: "No creo que eso tuviera nada que ver. Participábamos en una sociedad con el 5%. Tampoco sé qué pasó. Creo que vendimos las participaciones".

No es la primera vez que el nombre de Magraner aparece ligado a un caso que salpica a Eduardo Zaplana. El notario, que fue consejero de la Caja Mediterráneo por decisión del PP, está emparentado con la familia Puchades, que según informaciones publicadas tuvo participación en Grupo Futuro Financiero, una de las sociedades citadas en las grabaciones del llamado caso Naseiro sobre financiación irregular de los populares. Esas cintas fueron anuladas como prueba judicial y la investigación sobre las cuentas del PP no prosperó.

Magraner y Velasco (Mayve) también han sido socios del empresario de nacionalidad francesa George Santamaría en Aqualandia, el grupo de ocio propietario de un parque acuático del mismo nombre, de Mundomar y de Terra Mítica, el parque temático de Benidorm impulsado por Eduardo Zaplana. Se da la circunstancia de que Santamaría tuvo su propia estructura 'offshore', con sociedades en las Islas Virgenes con las que hizo inversiones en España, tal como reveló El Confidencial a partir de los llamados Paradise Papers.

El 20 de noviembre de 1997 aparecía publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana una resolución firmada por el entonces secretario general de la Conselleria de Industria, José Antonio Manteca, con la adjudicación de cinco lotes de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) repartidas por toda la Comunidad Valenciana. El procedimiento fue uno de los primeros y más importantes concursos de cuantos puso en marcha Eduardo Zaplana en su primera legislatura al frente del Gobierno valenciano. Lo fue tanto por su volumen (6.157 millones de pesetas de la época, 37 millones de euros) como porque introducía el elemento privatizador en un servicio hasta entonces prestado por la Administración pública.

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