Zaplana seguirá en prisión: la Justicia rechaza por segunda vez su recurso por leucemia

La Audiencia de Valencia ha rechazado por segunda vez el recurso presentado por los abogados de Eduardo Zaplana contra la prisión provisional sin fianza decretada por el instructor de la operación Erial. El exministro de Trabajo, que sufre desde hace más de dos años de una leucemia de la que sigue en tratamiento, está en la cárcel de Picassent desde el pasado 24 de mayo. La Fiscalía Anticorrupción y el magistrado apreciaron riesgo de fuga y destrucción de pruebas en el marco de la investigación de presuntos delitos de blanqueo de capitales repatriados desde el extranjero y con origen en posibles comisiones a cambio de contratos en la etapa en que fue presidente de la Generalitat valenciana.

El despacho de abogados que defiende a Zaplana, liderado por Santiago Milans del Bosch, lleva más de dos meses tratando de sacar al investigado de la prisión empleando como argumento su salud. Han presentado informes forenses y han hecho valer los ingresos hospitalarios que el expolítico popular ha tenido que realizar en el Hospital La Fe de Valencia. El bufete planteaba como alternativa la posibilidad de retenerlo en su domicilio bajo vigilancia. Sin embargo ya se ha estrellado en dos ocasiones no solamente con la jueza instructora, sino también en recurso de apelación con la sala de lo penal de la Audiencia de Valencia, una instancia superior. Ninguno de los dos tribunales ha visto motivos suficientes como para modificar la medida cautelar, como informaba este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Es probable que no sea la última ocasión en que la defensa del exministro de José María Aznar trate de buscar una libertad cuanto menos parcial. Puede presentar este tipo de recursos todas las veces que quiera.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga si Zaplana pudo blanquear al menos diez millones de euros procedentes de comisiones depositadas en el exterior procedentes de adjudicaciones de concesiones de ITV y de zonas para la construcción de parques eólicos en la Comunidad Valenciana. Se trata de concurso celebrados por la Generalitat en 1997 y en 2001 y, por tanto, muy antiguos. Sin embargo Anticorrupción cree que Zaplana pudo realizar operaciones para repatriar fondos de forma irregular a partir de 2005 y en estapas más recientes. Para ello habría utilizado una red de empresas aparentemente controladas por personas de su máxima confianza, como Joaquín Barceló, también en prisión preventiva. Un profesor universitario y economista, Francisco Grau, habría sido el cerebro financiero de las operaciones, de ahí que también haya sido encarcelado como medida cautelar.

La investigación señala a su vez a la familia Cotino, adjudicataria de parques eólicos y también de ITV en UTE con otras empresas. La juez ha imputado al empresario Vicente Cotino y a su tío, el expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Policía Nacional, Juan Cotino. Los Cotino controlaban formalmente una sociedad en Luxemburgo, Imison International, que habría servido para canalizar las comisiones de la trama. Tal como desveló El Confidencial, la mercantil, que era poseedora de participaciones en otras sociedades, fue gestionada en el pequeño país centro europeo por la abogada Beatriz García Paesa, sobrina del exespía Francisco Paesa, conocido por el caso Roldán.