El extraño nexo entre Zaplana y el 'yonqui del dinero': "Fue un montaje; no sabía qué decía"

La defensa del exministro de Trabajo Eduardo Zaplana está concentrando las baterías para tratar de anular la causa del caso Erial a partir de la deslegitimación como prueba detonante de la investigación de los documentos que un ciudadano sirio entregó a Marcos Benavent, el alto cargo del Partido Popular valenciano que está en el epicentro del llamado caso Taula. Aquellos papeles, que la Guardia Civil encontró en 2015 en un registro en el despacho del que entonces era abogado del autodenominado 'yonqui del dinero', sirvieron para tener el primer esquema del entramado de sociedades en Luxemburgo que la instrucción atribuye al también expresidente valenciano y el vínculo con adjudicaciones de contratos públicos con la familia Cotino.

A partir de aquí, surgieron las investigaciones lideradas por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que terminaron desembocando en la detención de Zaplana por orden judicial el 22 de mayo de 2018 y en el estallido del llamado caso Erial. El exministro pasó nueve meses en prisión preventiva por riesgo de destrucción de pruebas y a la causa se han sumado cientos de folios con grabaciones de audio y vídeo, comisiones rogatorias al extranjero, documentos mercantiles y testimonios.

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El carácter seminal de aquellos primeros documentos tiene obsesionado a Zaplana. Su objetivo es tumbarlos como mecha de la investigación y, con ello, hacer caer toda la causa contra él. Su defensa lo ha intentado por ahora en vano. Pero en los últimos días se han producido movimientos, en apariencia inconexos, que están sirviendo para apuntalar esta estrategia y que en el mundillo judicial han levantado la sospecha de no ser casuales.

El primero tuvo como escenario el Congreso de los Diputados. Se produjo el pasado 20 de octubre en la comparecencia de la comisión del caso Kitchen del comisario José Manuel Villarejo. Aquí, casi sin venir a cuento y a preguntas del diputado del Partido Popular Luis Santamaría, cuya amistad con Zaplana es pública y conocida en Valencia, Villarejo lanzó: “Creo recordar que había un interés, no sé por qué, en destruir al Sr. Zaplana y se utilizó a un informador sirio, un confidente del CNI, no recuerdo ahora su nombre, para ver las fórmulas, en fin, de ver cómo, en fin…”. El comisario atribuyó esa intención al PSOE, si bien la detención de Zaplana se produjo con Mariano Rajoy en la Moncloa y un ministro del Partido Popular al frente de Interior, Juan Ignacio Zoido.

Dos días después de la comparecencia de Villarejo, el letrado de Zaplana, Daniel Campos, remitió a la jueza del caso Erial un escrito solicitando la declaración como testigo del comisario para que aclarase la presunta “operación política” en su contra. El escrito no ha sido contestado todavía.

Menos de una semana después, se ha producido otro hecho que la defensa de Zaplana prevé aprovechar para disparar contra los llamados ‘papeles del sirio’, encontrados por Imad Ahmad Al Naddaf Yalouk, un empresario que en una entrevista posterior con agentes de la UCO manifestó que había encontrado esos documentos en una vivienda que había estado ocupada por el exejecutivo de Telefónica en Valencia.

El giro que el entorno de Zaplana cree que le beneficia en su defensa lo ha protagonizado Marcos Benavent. El ‘yonqui del dinero’ ha pasado de estar representado por un despacho considerado ‘modesto’ en el mundillo judicial, Blasco Morales, a tener como asesor legal a Juan Carlos Navarro, un letrado estrella en causas penales que ha tenido como cliente, por ejemplo, a Francisco Correa o que ejerce la acusación particular en el caso de la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

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La primera decisión de la nueva defensa de Benavent, que acumula ya dos procesamientos por causas ligadas a su etapa en la Diputación de Valencia, ha sido pasar de presentarlo como colaborador de la Justicia a reclamar la nulidad de pruebas incriminatorias que están en el origen del llamado caso Taula, que terminó por salpicar de lleno al Partido Popular de la ciudad y la provincia de Valencia. Y entre las pruebas que Benavent quiere anular están los documentos que los investigadores obtuvieron del registro de 2015, incluidos los papeles que incriminaban a Zaplana. Benavent compareció este miércoles ante el instructor del caso Taula y las partes para señalar que aquellos primeros indicios, como las famosas grabaciones del “mil, dos mil, tres mil… Dos millones de pelas”, le han generado indefensión durante todo el procedimiento.

En un momento de la declaración, el investigado explica que entre los papeles que tenía en aquel despacho había documentación de la empresa Imelsa, archivos propios y también material “de lo del sirio”, con lo que “se arma todo el montaje contra Zaplana”. “Toda la documentación que surge con el sirio del señor Zaplana”, repite de nuevo en el cruce de preguntas y respuestas ante el juez entre abogado y cliente (no hubo contestación a preguntas de otras partes), según la declaración a la que tuvo acceso El Confidencial.

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Al final de su comparecencia, hace una especie de enmienda a su rol colaborador. “He hecho mucho daño a la gente, con esa legítima defensa he hecho falsos testimonios sobre muchísima gente”, afirma. Y añade: “Me he implicado durante todo este tiempo. He venido incluso sin dormir, me acuerdo cuando vine de lo del señor Zaplana, sin saber a dónde venía y de qué forma y presionado”, explicó sobre el día que ratificó los documentos. Esas referencias concretas a Zaplana, que no está investigado en el caso Taula, sino en otro procedimiento, llamaron la atención de abogados de las partes conectados por videoconferencia, que no dudaron en interpretar una intencionalidad clara por poner negro sobre blanco en la declaración judicial las referencias al exministro. Pese a todo, Benavent puede haber acabado haciendo un favor a la acusación, pues no pudo negar que los papeles le fueron entregados por el ciudadano sirio y que su hallazgo fue casual por los agentes, lo que desmontaría la fábula de Villarejo.

Fuentes cercanas a la defensa de Zaplana admitían ayer que prevén solicitar de nuevo que Benavent declare ante la magistrada del caso Erial ante lo que consideran “un montaje” contra el expolítico. La petición del comisario se remitió el viernes pasado. La del ‘yonqui del dinero’, que ratificó ante la judicialmente el origen de los papeles, ya fue rechazada en una ocasión por la instructora tras solicitarlo el exministro. Todo indica que la defensa de Zaplana volverá a insistir, tanto ahora, aunque se vuelva a rechazar, como en el caso de que finalmente se abra juicio oral contra él, que es hacia donde parece conducir la instrucción.

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¿Puede la deslegitimación de aquel registro policial de 2015 dar al traste con toda la investigación, tanto la de Taula como la de las actividades del que fue ministro con José María Aznar? Es lo que buscan tanto Benavent en las causas que tiene abiertas como Zaplana en la suya. El exministro se libró de una primera investigación sobre corrupción en 1990 gracias a la anulación de unas grabaciones telefónicas surgidas de un caso de narcotráfico que desvelaban de forma colateral la posible financiación irregular del Partido Popular en aquellos años. Se bautizó, en referencia el entonces tesorero del PP, como caso Naseiro. La sombra de este escándalo persiguió durante años a Zaplana, pero no hizo mella en su carrera política.

La diferencia con aquella investigación es que, digan lo que digan los documentos hallados en el despacho del abogado de Benavent, investigaciones posteriores han confirmado y ampliado el relato que allí se exponía: la existencia de las sociedades de Luxemburgo Imison y Fenix Investment. La primera fue creada por la familia Cotino y terminó en manos de personas cercanas a Zaplana, principalmente el que los investigadores consideran su principal testaferro, Joaquín Barceló, alias ‘Pachano’. Esta firma dispuso de más de seis millones de euros que terminaron circulando por las cañerías de una maraña de sociedades, algunas de ellas paraísos fiscales, y operaciones inmobiliarias. La segunda tenía como beneficiario al que fue su jefe de gabinete, Juan Francisco García, que llegó a manejar más de dos millones de euros que después regularizó con Hacienda.

Los investigadores sostienen que los fondos procedían del pago de comisiones por la adjudicación de concursos de estaciones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana en favor de los Cotino. Y en todo este relato tiene un papel clave Fernando Belhot, asesor financiero de Zaplana, que ha testificado ante la jueza y la Fiscalía Anticorrupción que, pese a no figurar a su nombre ni formalmente como beneficiario, el exministro era el verdadero titular de la trama de intereses tras la figura de Joaquín Barceló. La colaboración de Belhot ha permitido recuperar más de ocho millones de euros de cuentas en Andorra y Suiza. Un dinero que Zaplana siempre ha negado que fuera suyo.