uruguay descubre 3 sociedades instrumentales

La actividad frenética de Zaplana: la UCO 'cazó' sus citas con su gestor uruguayo

Los investigadores detectaron que el exministro de Trabajo mantuvo hasta el mismo día de su detención una intensa actividad comercial para repatriar los fondos que ocultaba fuera

Foto: Zaplana, llegando a la comandancia de Madrid de la Guardia Civil tras ser detenido en mayo. (EFE)
Zaplana, llegando a la comandancia de Madrid de la Guardia Civil tras ser detenido en mayo. (EFE)

La Audiencia Provincial de Valencia rechazó este martes por cuarta vez la libertad del exministro de Trabajo y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana, en prisión desde que fue detenido el pasado 22 mayo por liderar presuntamente una red de blanqueo que le habría permitido ocultar comisiones ilegales por valor de hasta 10,5 millones de euros. Sus abogados habían alegado que, debido a su estancia en la cárcel, está experimentando un empeoramiento de la leucemia que sufre, pero los magistrados tumbaron ese argumento utilizando la abundante información recopilada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante meses de investigación y seguimientos.

Según fuentes cercanas al caso, el sumario de la llamada operación Erial documenta que Zaplana mantuvo hasta el mismo día de su detención una frenética actividad comercial que incluyó numerosos desplazamientos e intensas reuniones de trabajo. También largas comidas y cenas. El grueso de esas gestiones estaba encaminado a articular operaciones mercantiles que le permitieran repatriar los sobornos que supuestamente percibió durante su etapa como presidente autonómico (1995-2002) y que habían permanecido desde entonces ocultos en el extranjero, siempre a nombre de terceras personas para evitar ser detectado.

Frente a la prudencia con la que había operado durante más de una década y a pesar de su enfermedad, Zaplana intensificó en los últimos meses sus movimientos para recuperar el dinero que tenía fuera. Las fuentes consultadas destacan las reuniones que mantuvo con un letrado uruguayo que habría jugado un papel fundamental en la custodia de los fondos. Se trata de Fernando Belhot, socio fundador del despacho con sede en Montevideo South Capital Partners, especializado en la creación de entramados societarios. Los investigadores interceptaron citas en Madrid y conversaciones telefónicas en las que Belhot y Zaplana abordaron vías para transferir el capital a España.

Belhot ya era una viejo conocido de la UCO. Sus agentes se toparon con él durante los seguimientos al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la operación Lezo. Como reveló este diario, solo unas semanas antes de que el caso estallara en abril de 2017, Zaplana y González pactaron con el letrado uruguayo la creación de una empresa para distribuir en territorio nacional los productos químicos del fabricante alemán Shieer. Correos electrónicos intervenidos al expresidente madrileño desvelaron que Zaplana participó en viajes comerciales para vender una sustancia de depuración de aguas. A pesar de que la relación ya era pública, el exdirigente del PP continuó trabajando con el abogado uruguayo en los meses siguientes.

Las pesquisas de Erial han vinculado ahora a Belhot con sociedades instrumentales de Uruguay que habrían sido utilizadas por Zaplana para controlar cuentas bancarias en Europa, sobre todo en Andorra. Las propias autoridades de Montevideo han descubierto en las últimas semanas tres sociedades mercantiles que presuntamente formaban parte de la estructura 'offshore' del exministro de Trabajo. Se trata de Milbet SA, Parlawa SA y Urbamed Project Management SA, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación. Las compañías fueron creadas hace años pero, entre el 10 de mayo de 2013 y el 28 de febrero de 2014, las tres pasaron a estar controladas por el empresario valenciano Vicente Cotino, detenido junto a Zaplana el pasado mayo por tener también un papel destacado en la supuesta red de blanqueo.

En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia acusa a Cotino —propietario de Sedesa y sobrino del exvicepresidente valenciano y exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino— de haber pagado comisiones a Zaplana por el amaño de licencias de parques eólicos y centros de inspección de vehículos (ITV). Los sobornos, que sumarían 10,5 millones de euros, salieron de España bajo el paraguas del propio grupo empresarial de Cotino vía Luxemburgo, con la sociedad Imison International SA, constituida en 2001. En ese movimiento, la red contó con la asistencia de Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Paesa que está siendo investigada por el desvío de fondos de Defex y Mercasa.

Según fuentes próximas al caso, el dinero salió posteriormente desde Luxemburgo a mercantiles de otros países, entre ellos Uruguay. En ese proceso, los fondos y las sociedades siguieron estando a nombre de otras personas. Las tres sociedades descubiertas por las autoridades de Montevideo estaban domiciliadas en Zonamérica, una zona franca que ofrece condiciones fiscales muy favorables a las mercantiles que utilizan ese diminuto espacio próximo a la capital para triangular bienes y servicios con otros territorios. Se da la circunstancia de que el despacho de Belhot tiene una delegación dentro de Zonamérica.

La Audiencia Provincial de Valencia recordó este martes en su auto que Zaplana ni siquiera dejó de hacer negocios cuando sufrió una recaída de su leucemia en plena operación Erial y precisó asistencia hospitalaria. “Una vez más, nos vemos obligados a traer a colación la intensa actividad tanto profesional como social que desarrollaba, que incluía numerosos viajes, normalmente con una frecuencia superior a la semanal. No hace falta ser licenciado en Medicina ni tener una titulación de carácter sanitario para conocer que tanto los aeropuertos y estaciones como los aviones, trenes, restaurantes y reuniones sociales numerosas no propician en absoluto ese medio con ausencia de gérmenes patógenos que se pretende hacer ver que el recurrente necesita de forma inexcusable para hacer su estado de salud compatible con la vida. Antes el contrario”, reflejó el dictamen.

Frente a la resolución, su defensa sigue esgrimiendo dictámenes médicos que desaconsejan su permanencia en la cárcel y recuerda que el riesgo de que sufra complicaciones es muy alto en una enfermedad que ya de por sí tiene una tasa de mortalidad “cercana al 100%”. Uno de los informes está firmado por el oncólogo Guillermo García-Manero, de la prestigiosa clínica MD Anderson de Houston. "Es imposible que un paciente de estas características pueda abandonar el control de su médico", asegura este doctor.

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