para introducir productos de un fabricante alemán

González y Zaplana pactaron en febrero con un 'testaferro' un negocio de aguas residuales

El presidente de la Comunidad de Madrid y el exministro de Trabajo se reunieron en Madrid con el abogado uruguayo Fernando Belhot para sellar la venta en España de productos de la marca Shieer

Foto: Fotografía de archivo de Eduardo Zaplana (i) e Ignacio González.
Fotografía de archivo de Eduardo Zaplana (i) e Ignacio González.

Ignacio González estaba buscando negocios para invertir su dinero B cuando estalló la operación Lezo. El pasado febrero, se reunió varias veces con un abogado uruguayo, Fernando Belhot, para entrar en la venta de productos químicos para el tratamiento de aguas. González acudió a esas reuniones acompañado del exportavoz del Gobierno y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, interesado también en esa operación. Según ha podido saber El Confidencial, los encuentros se produjeron en Madrid, donde Belhot abrió despacho en febrero de 2016, en plena investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el desvío de fondos del Canal de Isabel II, la empresa pública del agua que González presidió entre 2003 y 2012.

[Actualización: Eduardo Zaplana, detenido por presunto blanqueo, malversación y prevaricación​]

Fernando Belhot.
Fernando Belhot.

El negocio prometía grandes beneficios. El despacho de Belhot, South Capital Partners (SCP), con sede principal en Montevideo (Uruguay), adquirió en enero la licencia de la compañía alemana Shieer para vender en España y Portugal su catálogo de productos químicos, que incluye desde líquidos para depurar aguas residuales a aditivos para la oxigenación de los estanques de acuicultura, pasando por productos para la limpieza de superficies metálicas. La marca, fundada en 1989, está presente en América, Asia y otros países de Europa. Supuestamente, González y Zaplana iban a encargarse de introducirla en territorio nacional.

En conversación telefónica con El Confidencial, Belhot confirma desde Montevideo que mantuvo varias reuniones con los dos exdirigentes del PP para sellar un pacto de colaboración. “Tras una primera fase de prueba de los productos, estábamos ya en la fase de búsqueda de clientes”, admite el abogado uruguayo, antes de subrayar que fue su bufete el que compró la licencia de Shieer y que González y Zaplana iban a limitarse a participar en su venta. Lo cierto es que sus nombres no aparecen en el registro mercantil vinculados con la filial española de South Capital Partners ni con ninguna otra sociedad de intermediación.

 Página web de la compañía Shieer.
Página web de la compañía Shieer.

Pero los investigadores manejan otra versión. Fuentes cercanas al caso sostienen que, en realidad, Belhot habría actuado como testaferro para encubrir la participación de González y Zaplana en esta actividad con dinero de procedencia desconocida. Las conversaciones interceptadas durante la operación Lezo avalan esa tesis, según el instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El auto de prisión de González incluye las conversaciones sobre las patentes de Shieer en la lista de movimientos que el expresidente de la Comunidad de Madrid y su mujer, Lourdes Cavero, estaban “planeando y ejecutando” para el “afloramiento de capital de origen ilícito” presuntamente escondido en el extranjero.

Según Velasco, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría detectado maniobras de González para “la adquisición del 50% -junto con Eduardo Zaplana- de una sociedad relacionada con el abogado uruguayo Fernando Belhot -cuyo despacho facilita a sus clientes estructuras societarias en numerosos países- que controlaría los derechos de patente de un producto de desinfección de agua”. El auto añade que “las diligencias realizadas han revelado los planes del expresidente de la CAM para acometer esta inversión a través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la inversión”.

El juez aclara que no se realizaron más diligencias para conocer la participación exacta de González y Zaplana en este negocio por temor a que terminaran descubriendo que estaban siendo objeto de una investigación secreta, pero según ha podido confirmar ahora este diario, el abogado uruguayo que pretendían utilizar como testaferro cerró la compra de la licencia de Shieer el pasado enero y el negocio ya estaba en marcha. El tipo de sector escogido, sustancias para el tratamiento de aguas, no sería casual. La operación Lezo ha descubierto que González utilizó presuntamente el ente público del agua de la Comunidad de Madrid para cobrar comisiones ilegales y desviar fondos públicos. Incluso después de abandonar la política, el exsecretario general del PP madrileño seguía teniendo contactos en el Canal para colocar productos de su marca. Además, operando a través de un abogado, nadie podría descubrir esa relación.

González y Zaplana también querían utilizar a Belhot para ejecutar otras operaciones. “En una de las conversaciones intervenidas”, resume Velasco, “Ignacio González proponía a Eduardo Zaplana montar una estructura financiera a través del abogado uruguayo -valorando positivamente que trabaja en jurisdicciones como Holanda, Estados Unidos o Uruguay- 'para canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo...”. Según el juez, “el hecho de que pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados”.

Como reveló El Confidencial, González también había contactado en los últimos meses con varios empresarios para ofrecerse a desatascar “asuntos con la Administración”. Prestaba sus servicios por una tarifa del 5% sobre el importe de las operaciones. Como credencial, exhibía los contactos que conservaba en decenas de ayuntamientos de la comunidad y en la propia administración regional. Su base de operaciones era el despacho que abrió a comienzos de 2016 en el número 89 de la calle de Alcalá. Fuentes del caso precisan que, ante la falta de clientes, González se habría visto obligado a simular préstamos con su padre de 90 años y con su hermano, Pablo González, también imputado en el caso, para ocultar la necesidad de disponer de fondos B. Su despacho fue una de las dependencias registradas por la UCO el pasado miércoles, en la primera fase de la operación Lezo.

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