Operación policial contra el 'arquitecto del procés': se buscan pruebas contra David Madí

La operación que ha ordenado el juez Santiago Pedraz para investigar la adjudicación de los contratos de ambulancias en 2015 en Cataluña no ha dado los resultados esperados. El dispositivo conjunto de la Guardia Civil y de los Mossos d’Esquadra en la unión temporal de empresas (UTE) Lafuente-Egara quedó lejos de las pretensiones iniciales. Los agentes registraron la sede de la compañía, así como sus oficinas de Tarragona, Lleida y las comarcas del sur de Cataluña, y la gestoría RCM, pero no se encontró ningún documento fuera de lo normal. El objetivo de la operación era encontrar rastros de la participación de David Madí, otrora mano derecha de Artur Mas.

No es un caso menor. Madí está considerado en algunos sectores judiciales y de la Inteligencia españoles como el principal cerbero del procés catalán. En diversas escuchas telefónicas y documentos se le señala como uno de los miembros de la cúpula política que diseñaron la arquitectura del 1-O. Mientras era miembro en la sombra del sanedrín rupturista, según los archivos judiciales, formaba parte de consejos asesores de las principales empresas del Ibex 35. Paradojas de la vida. Por esa tarea, cobraba cientos de miles de euros anuales de compañías como Telefónica, Endesa y otras similares.

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El antiguo dirigente de Convergència fue condenado en otoño pasado a 14 meses de prisión por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental por, presuntamente, desviar dinero público con factura falsas emitidas en operaciones con TV3. Se conocía este proceso como el caso Triacom, el nombre de la empresa de un exdirector de la compañía que se asoció con él para recibir contratos públicos, una parte de los cuales repercutía después en los bolsillos del convergente. Según varias fuentes consultadas por El Confidencial, a partir de estas investigaciones, se comenzó a investigar el proceso de la adjudicación del servicio de ambulancias en Cataluña y se llegó a la conclusión de que podía haber irregularidades.

Un contrato de 2.556 millones

Según fuentes consultadas por El Confidencial, a partir de las operaciones acreditadas en ese caso, se siguió la pista a otras operaciones del tiburón de Convergència, hasta llegar a la adjudicación del macrocontrato de las ambulancias. No era uno cualquiera. El monto económico para 10 años era de 2.556 millones de euros. A la UTE Lafuente-Egara le correspondían tres lotes (los de Lleida, Tarragona y Terres de l’Ebre), que suponían unos 40 millones de ingresos al año, según confirmaron fuentes de la propia empresa.

Para el concurso, se dividió el territorio de Cataluña en 12 zonas. La parte del león se la llevaron las empresas Flack y Transports Sanitaris de Catalunya (TSC). La tercera fue la UTE de Egara y Lafuente, en que la empresa fuerte era Lafuente. Hubo problemas y denuncias entre las compañías licitantes, por lo que el contrato fue suspendido y se aplazó la adjudicación. Al final, Lafuente-Egara se llevó los lotes citados. Solo en el caso de esta UTE, el volumen de negocio es de unos 40 millones de euros anuales. En el periodo de todo el contrato, eso significa unos 400 millones de euros.

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Por eso, los agentes registraron este jueves la sede central de la UTE, en Terrassa, así como sus oficinas de Tarragona y Terres de l'Ebre, y las de la gestoría RCM. Pero, según ha podido conocer este diario, no se encontraron documentos comprometedores. Fuentes de la adjudicataria reconocen a El Confidencial que “el Juzgado 3 de la Audiencia Nacional ha iniciado un procedimiento basado en imponderables, en cosas intangibles". "Por lo que hemos podido dilucidar, iba buscando documentación para saber si David Madí era accionista de esta empresa. Pero es mentira. Ni es accionista ni ha sido. Alguien se ha excedido en este tema”.

Las fuentes consultadas lamentan que “el mayor perjuicio es el reputacional, porque no hemos cometido ningún delito”. Un alto cargo de la UTE señala a este diario que el objetivo es “demostrar que David Madí es accionista de esta empresa, pero es imposible que lo demuestren porque no es así”. Esta fuente señala que “existe una caza contra David Madí, pero esta caza no va a llevar a ningún lado”. La empresa admite que el contrato le supone unos 40 millones al año y que fue adjudicado en 2015, con Artur Mas como president y Boi Ruiz como consejero de Salud. “El contrato era por seis años, con opción a una prórroga de cuatro años”, admiten en la entidad. Eso significa que más del 80% de la facturación de la empresa, que se sitúa en unos 50 millones anuales, provenía de fondos públicos.

Le pidieron buscar comprador

Fuentes implicadas en la investigación aseguran también que esta se encadenó después de las investigaciones del denominado caso Triacom, derivado del caso 3%. Este último hace referencia a la mordida del 3% que hacía Convergència Democràtica a las empresas que querían contratos públicos: les cobraba a través de la Fundación CatDem. De esa causa se comenzó a investigar Triacom, que era sobre contratos de TV3, la televisión pública catalana, que fueron concedidos a empresas donde participaba David Madí.

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Algunos indicios llevaban a presuponer que podía haber una línea de financiación irregular de CDC a través de estas compañías con las que tenía relación Madí. No hay que olvidar que CatDem es la fundación a través de la que se desviaron hacia Convergència millones de euros poniendo como pantalla el Palau de la Música, en uno de los mayores escándalos político-económicos de la historia de Cataluña.

En la trama de Triacom aparecía también un empresario leridano, Joan Albert Arqués, CEO de Benito Arnó e Hijos, una de las constructoras de cabecera de CDC, socio de David Madí e íntimo amigo de Artur Mas, con quien acostumbraba a verse los fines de semana por una vieja amistad que tenían cuatro matrimonios de la cúpula político-empresarial catalana. Las investigaciones buscan la relación de Madí y Arqué con la UTE Lafuente-Egara, derivada de la relación de Arqué con Madí, pero fuentes cercanas a la empresa insisten en que no hay motivo de alarma.

“David no conoce a nadie de esta empresa, salvo a uno de los directivos. Es cierto que hace unos 12 años los antiguos propietarios de Ambulancias Egara acudieron a su despacho para saber si conocía a alguien que pudiese comprar su empresa. Es la única relación que tuvo con el asunto. Jamás volvió a hablar con ellos. Lo que pasa es que hay una campaña dirigida en su contra desde hace ocho meses y se han estado publicando desde entonces filtraciones y mentiras sobre sus actividades. David Madí no ha tenido nada que ver con la adjudicación del servicio de ambulancias de Lafuente-Egara. Todo es una gran mentira para inculparlo en una operación de Estado”, señalan a El Confidencial fuentes cercanas al antiguo hombre de confianza de Mas.