Las 11 citas del lobista opaco del 'procés': un informe apuntala la acusación contra Madí

Un nuevo informe de la Guardia Civil sobre el presunto desvío de fondos públicos al procés y otros presuntos delitos de corrupción acorrala a David Madí, antigua mano derecha de Artur Mas y uno de los cerebros en la sombra del 1-O. El documento revela que Madí se reunió con una decena de “altos cargos de la Administración catalana” para tratar de favorecer los intereses particulares de varias compañías privadas sin que esos encuentros “consten anotados en los registros públicos” de la Dirección General de Datos Abiertos, Transparencia y Colaboración de la Generalitat.

El hallazgo apuntala los indicios contra Madí que ya obraban en la causa que dirige el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. El exdirigente de Convergència fue detenido en octubre de 2020 en la llamada operación Voloh y afronta desde entonces una acusación por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación. Los agentes detectaron conversaciones y citas en las que Madí maniobró para que varias empresas que lo tenían en nómina consiguieran presuntamente contratos públicos de manera irregular y se modificaran aspectos de la legislación catalana que les perjudicaban.

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El pasado septiembre, el juez Aguirre requirió a la Dirección General de Datos Abiertos, Transparencia y Colaboración, del Departamento de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, que aclarara si esas reuniones habían sido declaradas por Madí o por los cargos involucrados, tal y como exige la normativa autonómica sobre lobbies y grupos de presión. El informe de la Guardia Civil incorporado ahora al caso y al que ha tenido acceso El Confidencial utiliza como punto de partida la contestación de ese organismo autonómico.

Por un lado, los investigadores han concluido que ni Madí, ni su mujer, Sandra Buenvarón, con la que comparte actividad, ni ninguna de las mercantiles administradas por ambos, como Macese SL, Nubul Consulting SL, Comtria Inversions SL, Icat Desenvolupament SL, Valldeboi 1900 SL e Iki CAT XXI SL, “se encuentran registradas como grupo de interés ni constan reuniones en la agenda pública con grupos de interés de los altos cargos y personal directivo”.

La segunda conclusión del informe es que ninguna de las 11 citas presenciales que mantuvo Madí en apenas un año de investigación (octubre de 2019-octubre de 2020) fue declarada al registro de grupos de interés. En concreto, el documento menciona encuentros con el consejero de Interior, Miquel Buch, el consejero de Territorio, Damià Calvet, la consejera de Empresa, Angels Chacón, el secretario de Infraestructuras y Movilidad, Isidre Galvín, el secretario general de Interior, Brauli Duart, los directores generales de Transportes y Movilidad Pere Padrosa y David Saldoni, el secretario de Comunicación, Antoni Molons, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Mercé Conesa, y el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Lluìs Ridao.

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Así, las reuniones de Madí se habrían producido de un modo completamente opaco, reforzando de ese modo las sospechas de tráfico de influencias. Las pesquisas indican que una de sus prioridades fue lograr concesiones públicas de suministro de agua potable para la compañía Aguas de Valencia, de la que cobró hasta el pasado octubre unos 300.000 euros anuales. También movilizó sus contactos en Junts per Catalunya y ERC para que ambos partidos apoyaran el asalto de Aguas de Valencia al gigante Aguas de Barcelona (Agbar).

Como adelantó este diario este lunes, el juez Aguirre ha citado a declarar en calidad de investigado al máximo accionista de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig Gimeno, para que aclare los motivos por los que contrató a Madí y si estaba al tanto de sus conversaciones con cargos catalanes para favorecer los intereses de su compañía. La comparecencia tendrá lugar en diciembre y se enmarca en la pieza separada número 2 del caso Voloh.

Madí también accionó sus resortes en la clase dirigente de la Generalitat para ayudar a otras compañías, como la logística del sector del automóvil Bergé, el fabricante estadounidense de coches eléctricos Rivian, una empresa con licencias VTC, un medio de comunicación creado por el expresidente de la Fundación la Caixa y exconsejero de Economía Jaume Giró y un distribuidor israelí de test covid del que pretendía recibir una comisión del 4%.