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Guardia Civil y Mossos investigan presuntas comisiones en los concursos catalanes de ambulancias
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Guardia Civil y Mossos investigan presuntas comisiones en los concursos catalanes de ambulancias

Los agentes rastrean supuestas comisiones ilegales hacia la antigua Convergència Democràtica. Fuentes del caso señalan que algunos de los nombres que aparecen en la investigación “son hombres cercanos a David Madí”

Foto: Foto: EFE/Alejandro García.
Foto: EFE/Alejandro García.

Guardia Civil y Mossos d’Esquadra comenzaron a registrar en la mañana de este jueves la sede de la UTE de ambulancias Egara-Lafuente buscando pruebas de comisiones ilegales hacia la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de amaño de adjudicaciones. También se ha registrado la sede de la gestoría RCM, en la misma Terrassa. La operación conjunta busca también pruebas de su implicación en el sumario del 3%. En el momento de la adjudicación, el consejero era Boi Ruiz y el president era aún Artur Mas. En un primer momento, el concurso se tuvo que paralizar por denuncias cruzadas entre todos los licitantes hasta que se pronunció el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público.

Según ha podido conocer El Confidencial, las investigaciones se dirigen a conocer las circunstancias de la adjudicación de los concursos de transporte sanitario que propiciaron que la UTE formada por Lafuente Transport Sanitari y la sociedad Ivemon Ambulancias Egara se llevase tres de los lotes de la licitación. El CEO de Egara es Óscar Simón, que participa a través de dos compañías, Inversions Financeres Simon y Sigarso XXI. En esta última es administrador único Fermí Ferran, que también es gerente de la sociedad de ambulancias Egara. Simón es uno de los hombres fuertes del transporte sanitario catalán y fue detenido este jueves en el marco de esta operación.

Los investigadores prestan especial interés en las relaciones de este grupo inversor con círculos políticos. Fuentes cercanas a las pesquisas señalan a este diario que algunos de los nombres que aparecen en la investigación “son hombres cercanos a David Madí”. De hecho, el nombre de Egara ya salía hace más de una década, mucho antes de obtener las adjudicaciones, como donante de la fundación CatDem, vinculada a Convergència: en 2009 le hizo una donación de 30.000 euros.

Foto: Efectivos de la Guardia Civil salen de la sede de CDC en la calle Córcega. (EFE)

Además, en las investigaciones aparecen vínculos con el empresario leridano Joan Albert Arqués, íntimo amigo de Artur Mas y consejero delegado de la constructora Benito Arnó e Hijos, implicada en el caso 3%. Arqué fue quien ayudó a Madí a tomar el control de Ambulancias Egara. El empresario leridano incluso participó en una reunión celebrada en el hotel Don Cándido, de Terrassa, para cerrar la operación. Esa reunión se produjo justamente antes del concurso que acabaría por dar a la UTE ahora bajo sospecha una parte del pastel del transporte sanitario de Cataluña.

Según la documentación en poder de El Confidencial, Josep Maria Padrosa y Francesc Bonet, en nombre de la Generalitat, firmaron un contrato el 15 de julio de 2015 con Óscar Simón, “gerente único de la empresa Ivemon Ambulancias Egara SL-Lafuente Serveis Sanitarisw SL-Grup Lafuente SL”, por el que le adjudican el transporte en ambulancia en tres zonas de Cataluña. La compañía que llevaba el mayor peso de la adjudicación era Lafuente Serveis Sanitaris. El importe de la contratación plurianual, por 10 años, era de 2.556 millones de euros, dividido en 13 lotes, correspondiente cada uno de esos lotes a una zona. Egara se había llevado las zonas de Lleida, Tarragona y Terres de l’Ebre. La anualidad de cada zona le suponía a la compañía un mínimo de 11 millones de euros.

Guardia Civil y Mossos d’Esquadra comenzaron a registrar en la mañana de este jueves la sede de la UTE de ambulancias Egara-Lafuente buscando pruebas de comisiones ilegales hacia la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de amaño de adjudicaciones. También se ha registrado la sede de la gestoría RCM, en la misma Terrassa. La operación conjunta busca también pruebas de su implicación en el sumario del 3%. En el momento de la adjudicación, el consejero era Boi Ruiz y el president era aún Artur Mas. En un primer momento, el concurso se tuvo que paralizar por denuncias cruzadas entre todos los licitantes hasta que se pronunció el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público.

Mossos d'Esquadra Generalitat de Cataluña