El juez pide a Hacienda datos de las comisiones de David Madí en plena crisis sanitaria

El que fuera hombre fuerte de Artur Mas, David Madí, exresponsable de Comunicación de Convergència, está siendo investigado por el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, por nueve visitas que realizó a los despachos de la Generalitat entre 2019 y 2020. Madí había admitido ante el magistrado que había realizado gestiones en “diversas consejerías” porque estaba registrado como lobista ante la Generalitat de Cataluña y, por este motivo, estaba autorizado a realizar esas visitas.

Madí, por su parte, señaló a El Confidencial que nunca dijo que era lobista “porque jamás solicité ninguna reunión en la Generalitat. Sí que era asesor estratégico de algunas empresas y, como tal, acompañé a mis clientes a reuniones que ellos habían solicitado, nada más. Lo que no sé es si la Generalitat registró esas visitas”.

El otrora hombre fuerte de Convergència (y, durante un breve lapso de tiempo, del Govern) se refería al Registro de Grupos de Interés, un mecanismo que ha de ser público, abierto y transparente. El magistrado, no obstante, no encontró el nombre de Madí en dicho registro, ni como persona física ni a nombre de ninguna de sus empresas. “Se han consultado las sociedades con las que ha tenido alguna vinculación el señor Madí. Respecto a Nubul, al parecer sociedad patrimonial suya, tampoco existe ninguna inscripción en el registro. Respecto a la sociedad Ikki XXI, tampoco está inscrita. Ha existido vinculación de David Madí con otras muchas sociedades en las que tuvo algún cargo, pero que no consta que estén activas ni que el señor Madí realice alguna actividad relacionada con ellas, según el atestado de la Guardia Civil”, explica el magistrado en un auto.

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Madí no aportó ninguna documentación acreditativa del registro, “de tal manera que solo por este motivo existiría causa suficiente para poder dictar auto de procesamiento abreviado contra él por el delito de tráfico de influencias”, relata el escrito judicial.

No obstante, sí que figura inscrita como grupo de interés la empresa Companyia General d’Aigües de Catalunya, que en la actualidad cambió su denominación y se llama Aigües de Catalunya. “Se trata de una sociedad anónima participada por Global Omnium y Comsa-Emte. No consta que el señor Madí sea socio, pero sí presidente y apoderado”, relata el magistrado. En los registros de la Generalitat, figuran nueve visitas a despachos de la Generalitat de representantes de esta compañía. El motivo era el genérico de “representación de la empresa”. Pero especifica el auto que “ese objeto no le ampararía para efectuar negocios como el que fue detectado con el presidente de Global Omnium, señor Enrique Calabuig [en realidad, el nombre correcto es Eugenio Calabuig], empresa que es la matriz a la que pertenece Aigües de Catalunya que preside David Madí”. Calabuig fichó a Madí como su hombre fuerte en 2018 para acometer su expansión en Cataluña.

El empresario, no obstante, atribuye la actual situación no a los movimientos en torno al sector del agua, sino a las reuniones que tuvo con representantes de Uber y del Govern para gestionar la crisis del alquiler de coches con conductor (VTC), que provocó graves protestas de los taxistas.

Restricciones de los lobistas

El juez ordena en su auto a la Guardia Civil que compruebe “si los seguimientos efectuados y que dieron resultado relevante respecto del señor Madí coinciden con alguna de las fechas que figuran en el Registro de Grupos de Interés a nombre de Companyia General d’Aigües de Catalunya”. Aclara, no obstante, que “estar inscrito como grupo de interés únicamente respecto de Aigües de Catalunya le inhabilitaría para ejercer de grupo de interés en otro negocio diferente al de las aguas. Incluso tratándose de las aguas, el objeto de la visita debe coincidir con la actividad constatada por la Guardia Civil, dado que la legislación sobre grupos de interés exige una total transparencia sobre el motivo de la visita”.

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El titular del Juzgado Número 1 también ha pedido a Hacienda documentación sobre Madí y sobre su empresa patrimonial “a fin de comprobar si cobró comisiones por actos presuntamente ilícitos” durante los ejercicios fiscales de 2019 y 2020: reclama “copia del modelo 347” tanto del empresario como de su compañía Nubul.

David Madí, en cambio, señala a este diario que “el juez debe de referirse a algunas visitas que solicitó Uber y a las que yo asistí, pero como asesor. En aquel momento, la Generalitat mantenía reuniones con varios sectores de transportes para delimitar el papel de los VTC. Yo fui contratado por un fondo británico para asesorarles y asistí a alguna reunión que no era para temas públicos. Además, de las gestiones que realicé todavía no cobré algunas mensualidades”.

Las investigaciones de la Guardia Civil descubrieron los negocios de David Madí en varios sectores, siempre con vinculaciones políticas que llevaban a altos cargos de la Generalitat. Las pesquisas concluyeron que, en uno de las grandes operaciones que pilotaba, Madí había activado sus contactos ante la Generalitat con el objetivo de lograr apoyo para que Aigües de Catalunya comprase la multinacional Agbar.

“En esta operación, se corrobora una vez más la capacidad de influencia y el acceso a una información que afecta al mercado del agua, al alcance de pocos, por parte de David Madí”. Las indagaciones permitieron descubrir que el grupo de Calabuig pensaba utilizar sus influencias en La Caixa para llevar a cabo la operación y que se había informado de la misma al presidente de la entidad bancaria, Isidre Fainé. “El propio David Madí comentó a Eugenio Calabuig, tras hablar con Juan Maria Nin [que había sido director general y consejero delegado de La Caixa] que jugarían con las cartas marcadas”, ya advertía el magistrado en un auto firmado el 28 de octubre de 2020.

Múltiples negocios

Según los indicios que afloraron tras los seguimientos de la Guardia Civil, los investigadores detectaron que Madí también logró “contactos con prisiones, dependiente de la Secretaría General de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, del Departamento de Justicia y con la pretensión de acceder a la directora de servicios del departamento para saber la forma en que se licitará el contrato definitivo. Todo parece indicar que la intención es obtener información privilegiada que les permita hacerse con la adjudicación”.

"Todo parece indicar que la intención es obtener información privilegiada que les permita hacerse con la adjudicación"

Los contactos de Madí se realizaron también con la Agencia Catalana del Agua (ACA), para lo que el exconvergente “trata de influir en Lluís Ridao, su director, con el objetivo de que se realice un concurso para la detección de covid en agua. Hasta tal punto llega su esfera de poder que pretende proponérselo a Salvador Illa, ministro de Sanidad, accediendo a él a través de José Luis Ábalos, ministro de Transporte”.

Otra de sus intenciones, según el auto de registro dictado por el juez, fue “intentar obtener rédito económico de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Esos negocios pasaron por activar, una vez más, sus contactos políticos, como Victor Cullell, secretario del Govern, o Brauli Duart, secretario general de Interior. Este último le explicó el desbarajuste que se estaba viviendo en la gestión de la crisis”. No hay constancia de que las gestiones que hizo Madí diesen los frutos apetecidos finalmente.

No obstante, en una conversación mantenida el 3 de abril de 2020 entre Madí y Sergio Brenner, administrador de las compañías sanitarias Distribución de Productos de Puericultura Internacional SA y Ortopedia y Cirugía SL, el primero le comentaba que había hablado con “uno de los jefes del Procicat [el organismo de la Generalitat que decidía qué hacer y las medidas que tomar en plena pandemia]”, refiriéndose a Brauli Duart, miembro también de ese organismo. “Le he dicho… oye, mira... os estáis equivocando en esto. Y mira, yo lo que os pido es que tengáis una reunión con esta empresa, ¿eh?, que discriminéis técnicamente… que os expliquen los planteamientos y en función de esto, decidís, ¿vale? Entonces, me ha dicho que sí, que lo hablaba dentro del comité. Lo hablaba con los… con los de Sanidad, ¿vale? También le he pasado tu contacto, ¿vale? Te lo digo porque si te llega una llamada extraña o que tal, estate al caso, ¿vale? […]. Si te llama, dímelo y hablamos y preparamos un poco la estrategia”.

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En este caso, Madí señala a este diario que “en aquel momento, había una escasez total de todo el material sanitario. Yo tuve conocimiento de que una empresa tenía 300.000 test que había traído para Alemania y que estaba dispuesta a traer a Cataluña. No era un chiringuito, sino una empresa líder del sector, muy acreditada. Yo solo la puse en contacto con el Govern porque era un tema de emergencia, pero nada más. Sólo sé que no les hicieron caso y punto final”.

Vendrell, de mediador

Para apuntalar su intermediación, Madí recurrió a su amigo Xavier Vendrell, exsecretario de Organización de ERC y exconsejero de Gobernación. “Esto es muy bueno, porque es el hombre de confianza para las emergencias del vicepresidente Aragonès [Pere Aragonès, hoy ‘president’ de la Generalitat] y entonces, por un lado, tengo encendida la mecha por la parte del Procicat y ahora la he encendido con éste, ¿vale? […]. Tengo confianza que éste [Vendrell], porque es un tío competente y muy operativo y tengo confianza que éste lo puede desencallar […]. Tenemos que facilitar toda una serie de gente para que… el 10 de mayo tengamos aquí 5 millones de test porque, si no, todo este plan no es… es… es papel quemado…”, relataba David Madí a Sergio Brenner el 9 de abril de 2020. Ese mismo día, Vendrell habló también con Brenner para confirmarle que “estoy hablando con Pere Aragonès, el vicepresidente del Govern, y le he pasado la información de la posibilidad que tienen ustedes de suministrar test. Me pide exactamente qué tipo son y la validación que tienen”.

Según los informes de la Guardia Civil, Madí no solo convence a Duart, miembro del Govern y del Procicat, “sino que, sabiendo la relevancia de Xavier Vendrell como persona de máxima confianza del vicepresidente Pere Aragonès, ha hablado con él porque lo considera muy competente y muy operativo, obviamente en el sentido de respaldarle en su intención de que prospere su negocio con los test, especialmente, en cuanto a superar los escollos que supone la contratación administrativa”. El cometido de Vendrell era el de “presionar a altos cargos de ERC, incluida Marta Rovira [la secretaria general fugada en Suiza] para convencer a Pere Aragonès de comprar test masivamente, lo que, de producirse, y con independencia de la utilidad sanitaria que ello puede tener, podría derivar en un importante lucro personal para los investigados David Madí y Xavier Vendrell”.