Madí negoció con la Generalitat la vuelta de Uber a Cataluña

La guerra de los taxistas para acabar con las licencias VTC en Cataluña vivió una segunda parte gestada en la trastienda de la política donde se cruzaron intereses empresariales con intereses políticos y personales. De hecho, el empresario David Madí, uno de los detenidos el pasado miércoles, que este viernes quedó en libertad con cargos, negoció con la Generalitat el restablecimiento de los servicios de Uber en Cataluña, pero a través de la compañía de una empresaria afín a ERC.

Según las investigaciones que obran en el sumario que instruye el magistrado Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Madí llegó a mantener, en noviembre del 2019, una reunión con el consejero de Territorio y Movilidad, Damià Calvet, con Isidre Gavin (Secretario de Infraestructuras y Movilidad), y con Pere Padrosa (director general de Transportes). A esa reunión asistieron también Rafael García Tapia, consejero delegado de Moove Cars, la principal empresa de VTC, y Juan Galiardo, director general de Uber España.

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La 'cumbre' en la consejería de Territorio y Movilidad, de la que dependen las licencias de VTC es todo un emblema de la efectividad política de David Madí, que había sido la mano derecha de Artur Mas y el hombre que hacía y deshacía en Convergència. El nivel de los dos empresarios presagiaba también que el asunto a tratar era de enorme trascendencia: pactar la vuelta de Uber a Cataluña en condiciones parecidas a las de antes de la 'guerra de los taxistas', que provocó la huida de esta comunidad de Uber y Cabify. El 28 de noviembre de ese año, Madí comunicó a Rafael García que había estado cenando con el 'conseller' Calvet para tratar el tema de la vuelta de Uber.

En realidad, esta compañía le había contratado para las gestiones políticas indispensables con el fin de lograr la vuelta a Cataluña de la empresa de alquiler de vehículos.

De las conversaciones entre Madí y García se desprende que la Generalitat estaba interesada en que la empresaria María del Mar Alarcón, afín a ERC, pudiera entrar con su empresa Social Car en el negocio. Rafael García consideraba que esa empresa era "una mierda pinchada en un palo" (en ella, no obstante, había estado de consejero, hasta finales del año pasado, Josep Mateu, presidente del Real Automóvil Club de Cataluña, RACC), pero podría ser una oportunidad porque estaba "bien conectada con la Administración". De ese modo, los dos empresarios planearon utilizar a Alarcón y a su empresa para abrir las puertas a Uber y que esta volviese a operar en la ciudad de Barcelona. Además, pactaron que García y Madí serían quienes suministrarán los vehículos y las tarjetas.

La trampa de los empresarios

La planificación estratégica de los empresarios era pactar también los plazos y términos del proceso regulatorio. La misión de Madí era sondear y presionar, en su caso al Govern para ablandar las condiciones de los VTC. En enero del año pasado, los taxistas barceloneses fueron a la huelga y colapsaron la ciudad para expulsar a Uber y Cabify, a quienes consideraban competencia desleal. La Generalitat endureció las cláusulas de los VTC, hasta el punto de que ambas compañías decidieron suspender sus servicios en esta comunidad. Una de las medidas para poder prestar el servicio de VTC, además de limitar el número de coches y su porcentaje respecto a taxistas, era hacer obligatoria la precontratación de uno de esos vehículos al menos con 15 minutos de antelación.

Su principal preocupación era encontrar la fórmula para eludir el requisito de la precontratación con 15 minutos de antelación y el propio Madí sondeó a cargos de la Generalitat para que se legislase de nuevo y se eliminase ese requisito. Entre los empresarios, además, según los documentos judiciales, "valoraron la posibilidad de llegar a incumplir los compromisos adquiridos con la Administración, lo que podría provocar que Mar Alarcón fuese considerada, en palabras de los interlocutores, una traidora, pero resultando de interés contar con ella dada su posición en ERC y con el objetivo de que el proyecto se viese como muy catalán, pudiendo trasladárselo así a Damià Calvet, consejero de Territorio".

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De hecho, a través de las conversaciones telefónicas se desprende que pensaban respetar los pactos con la Administración hasta la celebración del salón Mobile, que tendría lugar en el mes de febrero (luego fue anulado por la incipiente crisis sanitaria), para incumplir lo pactado una vez pasado ese congreso.

Además de suavizar los requisitos, García también alertó a Madí de que los taxistas querían tener acceso al registro electrónico desde Cataluña y suponía que eso era un serio problema porque "la Administración dispondría de toda la documentación que necesita" para sancionarles y sabrían fácilmente que no iban a cumplir el requisito de los 15 minutos.

De las diligencias se desprende también que García contaba con información de primera mano facilitada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien le habría hecho partícipe de un plan "muy agresivo para la movilidad urbana a través de una ley estatal de bases".

Pero, a pesar de todo, los negocios catalanes de Uber no fructificaron. En enero de este año, Rafael García ya estaba enfadado porque el proyecto estaba encallado. Se quejaba a Madí de que las condiciones para operar de nuevo no se estaban dando y de que, además de las dudas sobre la regulación del sector había que añadir la inestabilidad política de Cataluña. En febrero de ese año, el propio Madí se planteaba ya dejar el asesoramiento de los VTC porque, además, le debían las facturas de los meses de noviembre y diciembre y en el mes de abril, ya rotos los puentes con Rafael García, se planteaba la posibilidad de una demanda por impago de sus honorarios.