Sanidad contrató coches VTC para mover a sanitarios que hacían test covid a domicilio

El Ministerio de Sanidad movió personal sanitario a domicilios de pacientes con síntomas de covid con vehículos con licencia VTC, popularmente conocidos por ser los utilizados por las plataformas Uber o Cabify.

Así se desprende de un contrato firmado por el departamento dirigido por Salvador Illa con Jobandtalent, firma criticada por sindicatos y conductores contratados por esta plataforma para dar servicio a Cabify. Se quejaban de las duras condiciones de trabajo. Esta adjudicación se produjo en el pico de la pandemia y coincidiendo con el peor momento de actividad, cuando los taxistas, sector en guerra con la VTC, menos facturaban debido al confinamiento.

Jobandtalent es una 'app' que opera en el sector del empleo temporal. Se dedica a unir trabajadores con empresas. Su presidente ejecutivo es un exfundador de Tuenti y entre sus inversores aparecen conocidos nombres como la Fundación José Manuel Entrecanales, Pelayo Cortina Koplowitz, Nicolás Luca de Tena, el fondo Qualitas Equity Partners, Kibo Ventures o el fondo creado por el fundador de Skype, Niklas Zennström.

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Juan Cruz Peña

Sanidad lanzó a finales de marzo una licitación por vía de emergencia para la logística de un programa piloto para la detección del covid. Dicho contrato, que no se conocía hasta ahora, correspondía al soporte logístico de este servicio, consistente en detectar pacientes con síntomas y hacerles pruebas diagnósticas de Sars Cov-2.

En este concurso, que se asignó sin publicidad ni concurso público por entenderse que era de extrema urgencia, se especificaba que el adjudicatario debía "poner a disposición del proyecto los conductores necesarios para asegurar el traslado de los sanitarios". "Los vehículos deben contar con licencia VTC" detalla el contrato, consultado por El Confidencial.

"Un aspecto muy relevante de esta operativa será la coordinación y optimización de las rutas que realizarán los vehículos con conductor para llevar al personal sanitario a los domicilios de los pacientes de la forma más eficiente y coordinada posible", asevera esta licitación de Sanidad, que obliga a la firma de cláusulas de confidencialidad, ya que cree que "uno de los temas más sensibles era el tratamiento de la información por parte del adjudicatario".

Jobandtalent para contratar sanitarios

Por otra parte, el contrato firmado entre Jobantalent y Sanidad advertía de que "en caso de que fuera necesario el adjudicatario también captará, contratará y gestionará al personal sanitario implicado en la realización de las visitas". Es decir, que se recurrió a la subcontratación de sanitarios para este proyecto.

Esta adjudicación tenía una duración de un mes y se desarrolló en la Comunidad de Madrid. En el proyecto piloto participó también personal de la UME. Además Jobandtalent debía aportar teleoperadores. Supuso un desembolso de más de 43.000 euros. Fue firmado el 23 de marzo, aunque Sanidad no había revelado hasta ahora el contenido del mismo. La prestación de este servicio coincidió con el momento que más golpeó el coronavirus al Sistema Público de Salud.

La adjudicación tenía una duración de un mes y se desarrolló en Madrid. Supuso un desembolso de 43.000 euros y fue firmado el 23 de marzo

Durante este periodo el Gobierno estableció el estado de alarma y se decretaron las medidas más duras de confinamiento para la sociedad, lo que supuso un fuerte parón para la actividad económica. Uno de los sectores que se vio más golpeado fue el del transporte, y concretamente el de los taxis, cuya actividad se paralizó y aún sigue a medio gas.

Sanidad contrató vehículos VTC para desplazar al personal sanitario a los domicilios de los particulares pese a que las plataformas que se abastecen de estas licencias, como Uber o Cabify, han sido fuertemente criticadas en el pasado por el socio de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos. Según los principales responsables de la formación morada, este servicio supone una competencia desleal para el sector del taxi porque paga muchos impuestos fuera de España. Antes de entrar al Gobierno, la formación que dirige Pablo Iglesias llegó a plantear su prohibición. Otra de las críticas habituales se fijaba en la precariedad de sus trabajadores.

La extensión del uso de Uber o Cabify motivó fuertes protestas del sector del taxi, por las que finalmente el Gobierno entró a regular su actividad. El actual ministro de Transportes, José Luis Ábalos, decidió ceder competencias del estado en esta materia a las CCAA.