La Fiscalía reafirma los 6 años de cárcel y Borràs replica: "La sentencia ya estaba escrita"

La presidenta de Junts per Catalunya (JxCAT) y expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, se quedó este miércoles un poco más sola después del alegato final en su juicio por corrupción presentado por la Fiscalía, que ha determinado seguir pidiendo para ella seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y 144.000 euros de multa.

A sus compañeros de banquillo, Isaías Herrero y Andreu Pujol, la Fiscalía les rebaja la petición de penas: al primero, amigo de Borràs y hacia cuyo bolsillo fueron desviados 335.700 euros de fondos públicos, le pide ahora dos años de cárcel y cuatro años y seis meses de inhabilitación (le solicitaba seis años de prisión y 21 de inhabilitación); al segundo, un año y dos meses de prisión (le pedía dos años de cárcel y 10 de inhabilitación).

Borràs está acusada de haber otorgado 18 contratos a su amigo Isaías Herrero por un monto de 335.700 euros ente 2013 y 2017, mientras ella era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo público de la Generalitat. El dinero acabó en los bolsillos de su amigo Isaías Herrero, un informático al que fueron adjudicados los 18 contratos, presuntamente fraccionados de manera ilegal y cobrados a través de diversas empresas pantalla. En el sumario constan correos entre Borràs y Herrero en los que comentan cómo hacer los trapis para burlar la ley y cómo presentar presupuestos falsos para aparentar concurrencia pública y normalidad en las adjudicaciones. Todos los trabajos estaban relacionados con la remodelación de la web de la institución o con algunas de las actividades que realizaba la ILC.

La dirigente independentista negó todos los hechos y se negó a contestar a las preguntas de la Fiscalía y de los abogados defensores de los demás acusados. Además, delegó toda la responsabilidad de lo que había hecho en sus superiores, de los que le dijo que le dieron luz verde, y en sus subordinados, a los que intentó involucrar asegurando que ellos fueron los que tramitaron los expedientes.

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El relato de Fiscalía desmiente la versión de la expresidenta del Parlament y actual presidenta de JxCAT, y subraya las lagunas de su relato, en el que “faltó a la verdad”. El Ministerio Público dio carta de naturaleza a las declaraciones de los cargos de la ILC, los exadministradores Assumpta Pagespetit y Roger Espar, así como a la funcionaria Iolanda Pelegrín, “que declararon exactamente lo mismo ante la Policía, ante el Juzgado de Instrucción Número 9, ante el TSJC y ante este tribunal”.

De sus declaraciones se desprende que Laura Borràs en persona "decidía el adjudicatario, justificaba el trabajo realizado y ordenaba los pagos" en las contrataciones que hacía. Este aserto contrasta con las declaraciones de la propia Borràs, que echó las culpas a sus subordinados por tramitar los expedientes. “Ellos eran simplemente tramitadores, porque todo lo decidía la señora Borràs”, dijo la fiscal. Y subrayó: “La credibilidad de estas tres personas está por encima de las manifestaciones exculpatorias de la señora Borràs ante las pruebas que la inculpan”.

Los polémicos tres presupuestos

Puso en evidencia las razones de la dirigente política sobre los motivos de su proceder: “Dice la señora Borràs que contrató al señor Herrero porque era un experto y que era el único que podía hacer esos trabajos. Pero no está justificado que ningún expediente sea por su experiencia y que no haya ninguna otra persona que pueda hacer ese trabajo. Si es así, que solo él lo podía hacer, ¿por qué se piden tres presupuestos? Si adjudicas algo a una persona, es porque esa persona es la única que puede hacer ese trabajo. Pero, entonces, no hay motivo para presentar los tres presupuestos”. Hubiese sido lo normal realizar un contrato negociado, y de esa manera no se hubieran infringido las normas legales.

"Dice la señora Borràs que contrató a Herrero porque era experto y que era el único que podía hacer esos trabajos. Pero no está justificado"

La Fiscalía también acusó a Borràs de engañar a la Intervención Delegada de la Generalitat al ocultar que, pese a que oficialmente se facturaba con proveedores diferentes, todo el dinero se iba al mismo sitio: a los bolsillos de su amigo Isaías Herrero. Borràs aseguró ante el tribunal que la intervención de la Generalitat alertó de alguna deficiencia en el año 2013, pero que, tras sus alegaciones, aprobó los expedientes. Desde entonces, jamás hubo problema. Pero el relato de la fiscal es muy diferente: entre 2013 y 2016, la Intervención alertó todos los años de que podía haber vulneración de la ley por supuestos fraccionamientos de contratos.

Además, ocultó a la Intervención que, aunque algunas tareas eran facturadas por distintas cooperativas y empresas, en realidad los contratos eran con su amigo Herrero. El hecho de facturar con nombre supuesto permitía fraccionar contratos sin que aparentemente se notase, puesto que en las facturas oficiales no aparecía el nombre de Herrero continuamente. “Eso posibilitaba enmascarar que el beneficiario final era Herrero y así la Intervención no detectaba el fraccionamiento”, zanjó la Fiscalía.

En el tema de la falsificación de presupuestos, Borràs había dicho que jamás había redactado ningún presupuesto y que no sabía que eran falsos. La fiscal le sacó sus propios correos y comunicaciones con Isaías Herrero sobre el particular. “Hay incluso un presupuesto de LAB Hermenia. ¿No le resultó raro que su propio grupo de investigación presentase presupuestos a la licitación de estos contratos menores?”, preguntó el Ministerio Público. Hermeneia es un grupo de investigación que la propia Borràs preside y que creó ella misma desde la Universidad antes de asumir responsabilidades en la Administración pública. La demoledora pregunta fue el preludio de una batería de pruebas documentales, corroboradas luego con las declaraciones de testigos, peritos o de los otros acusados, con las que intenta acreditar la mano de Laura Borràs detrás de toda la trama corrupta.

Correos incriminatorios

Así, leyó correos de la dirigente política ofreciéndose a Isaías para confeccionar ella misma los presupuestos con el fin de aparentar normalidad. “Por cada tuyo, hemos de hacer tres presupuestos por factura… (…). He pensado que tú presentes cuatro y sólo ganes uno”, le decía. Los otros serían adjudicados a diferentes empresas pantalla, pero el dinero acababa siempre en el mismo sitio. Otros correos muestran cómo manipulaba incluso los conceptos de los presupuestos para adaptarlos a las necesidades puntuales que tenía de justificación.

“Por cada tuyo, hemos de hacer tres presupuestos por factura… (…). He pensado que tú presentes cuatro y sólo ganes uno”

Fiscalía rechazó que las pruebas fuesen contaminadas y subrayó que los peritos de Guardia Civil y de Mossos d’Esquadra desacreditaron el informe que Borràs y su abogado Gonzalo Boye encargaron al ultraderechista Emilio Hellín. Entre otras cosas, los peritos alegaron que las pruebas fueron alteradas, ya que en los metadatos de los CD con las pruebas figuraba una hora posterior a la finalización del registro del ordenador de Isaías Herrero.

Pero los "expertos" olvidaron que su lectura fue en realidad con un horario diferente al oficial (contabilizaba dos horas más, con el horario de otro país), por lo que la grabación de las pruebas se hizo dentro de entrada y registro y no fuera de ella, como quisieron hacer creer los abogados de Borràs. “Intentaron decir que pasadas las dos de la tarde, cuando finalizó la entrada y registro, se accedió a los dispositivos y se conectaron dispositivos, ejecutando programa. Pero luego tuvieron que recular, como se dice vulgarmente, y pedir disculpas. Este punto ya resta toda credibilidad al informe (…). Las manifestaciones de los peritos [de la defensa] no pueden ser tenidas en cuenta. Querían utilizar el informe de manera torticera para discutir la cadena de custodia”.

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También contradijo la Fiscalía lo que Borràs dejó caer de que la web en la que había enterrado los 335.700 euros desapareció por la investigación judicial y la persecución política: desde enero de 2016, Herrero comenzó a tener problemas en su trabajo y desatendía algunos aspectos. Aun así, Borràs le encarga todavía cuatro contratos.

Pero lo más grave es que, cuando ella ya era consejera de Cultura, le comunican que su amigo está desaparecido y que solo él tiene las claves para administrar la web. “Un correo de 2018 de Herrero le dice a la señora Borràs que no puede aguantar más, que los gastos que suponen los servidores no los podrá pagar, y la señora Borràs llama entonces a un subordinado para que mueva el tema el CTTI. “Una comunicación interna con Herrero dice que no pueden acceder a la base de datos, que todas las claves las tiene él… En definitiva, todos los dominios estaban a nombre de Herrero. ¡El portal institucional de la ILC estaba a nombre de un particular que dejó de pagar y por ese motivo dejó de existir! Los más de 300.000 euros que se gastaron sirvieron de poco, porque ya no existe esa página, la ILC debe pedir explicaciones, pero no a la Guardia Civil ni a los Mossos d’Esquadra”.

Su última intervención, un mitin

Borràs quemó su último cartucho lanzando un auténtico mitin político para finalizar el juicio en el que se la acusa de prevaricación y falsedad documental. El tribunal le concedió el beneficio de tener la última palabra, los otros dos acusados (Isaías Herrero y Andreu Pujol) renunciaron a ella, pero Borràs tomó la palabra y comenzó un duro alegato político.

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Sin embargo, Borràs no las tiene todas consigo. “Dicen que la sentencia ya estaba escrita antes de llegar a juicio”, aseguró ante el tribunal cuando le cedieron la palabra final. En su alegato, fue cortada dos veces por el presidente de la sala, Jesús María Barrientos, porque no era el lugar para discursos políticos. “Quiero compartir cómo me siento después de años de haber estado sometida a juicio público permanente, con la pena del Telenotícies. Ustedes no han dictado sentencia aún, pero yo llego aquí ya con una condena, se me ha trinchado, se me ha caricaturizado. Ha habido interés en presentarme como una corrupta, pero todos saben que soy una persona íntegra (…). He estado en un proceso de libertad vigilada, de coacciones, de juicios paralelos, se me ha producido a mí y a mis allegados dolor innecesario e irreparable con un objetivo: perjudicarme personal y políticamente. Por eso hablo de lawfare y persecución política. Se ha confirmado en sede judicial que este caso es una investigación prospectiva contra mi persona, contra mi intimidad, contra mi trabajo y contra mi reputación”.

Las dos pasiones

Para la presidenta de Junts, “esta causa está vinculada a dos pasiones: las letras catalanas y la lucha independentista. No renunciaré nunca a ninguna de ellas porque sería renunciar a mí misma. Yo no he malversado ni defraudado [en realidad, nadie la ha acusado de malversación]. Solo cumplí el encargo de modernizar una institución. Tenía el apoyo de los consellers y de mi equipo. Yo no he fraccionado contratos”. A continuación, pasó al plano político: “No renunciaré a mi ideología, mis convicciones y a mi deseo de vivir en una república catalana independiente sea cual sea la sentencia. Las deserciones en el ámbito independentista han sido constantes…”.

En ese momento, el presidente del tribunal la cortó por segunda vez: “Se aleja del objeto de este juicio. No está previsto en este turno para realizar manifestaciones como las que está realizando. Cíñase a los hechos que se juzgan. Tiene tres minutos para terminar”, le advirtió el magistrado. Ella siguió impertérrita. “Confieso que soy miembro de un grupo objetivamente identificable de personas y por eso estoy aquí. El nivel de judicialización es comprobable”, subrayó. Ese término fue también sacado a colación por su abogado defensor, Gonzalo Boye, en su turno, dando a entender que España persigue a la "minoría nacional étnica" catalana. Cuando ese término se consolide, el independentismo prepara una gran campaña mundial para denunciar la “colonización” de Cataluña y la opresión de la “minoría nacional” de esta comunidad.

Boye centró su alegato en el victimismo de su clienta. Empezó poniendo en duda la obtención de las pruebas: “Aquí se pasó de la patada en la puerta a la patada en el servidor”, afirmó, rechazando que los Mossos d’Esquadra, que fueron quienes comenzaron a investigar, hubiesen incautado las pruebas en el ordenador de Isaías Herrero, que estaba siendo investigado por otras causas. “Borràs ahora es un hecho, ya no es una persona. La palabra clave para buscar en los correos era Borràs. Se investigaba a Borràs. A por ella”, subrayó el letrado. En realidad, la clave de Borràs para buscar correos de interés para la investigación era normal y fue utilizada, lo mismo que otras claves como ILC o Institució, porque se trataba de elegir solo los correos concernientes a la causa. Borràs, por su parte, era el órgano y la persona que decidía los contratos y a quien Herrero enviaba presupuestos falsos y facturas, además de recibir por mail órdenes de qué trabajos acometer y cómo facturarlos, órdenes que eran enviadas directamente desde el mail de Borràs.

En esos correos era donde utilizaban la palabra trapi para hablar de los trapicheos que se traían. La expresión hizo fortuna: el abogado Boye, en un alegato lleno de frases grandilocuentes, de alusiones despectivas y de ironía, aludió de forma reiterativa a los trapis de Fiscalía con los otros dos acusados, Herrero y Pujol (cuyo delito fue prestar su nombre y el de su empresa para poder presentar presupuestos y cobrar facturas escondiendo el destinatario final el dinero). Quería decir “los pactos”. En realidad, esos pactos eran inexistentes: Fiscalía accedió a rebajar las peticiones de penas a los otros dos acusados por confesión voluntaria en el pleno, tal y como establece la Ley de Procedimiento Criminal.

"En el banquillo falta gente"

La defensa también intentó descargar las responsabilidades en los subordinados de Borràs, especialmente en la administradora, Assumpta Pagespetit, que advirtió en varias ocasiones a la dirigente política de que lo que estaba haciendo podía ser delito. Boye admitió que Herrero obtuvo muchos contratos porque “era un artista extracualificado. A mí me recuerda a Robert Louis Stevenson, capaz de lo mejor y lo peor. La señora Borràs le pidió colaboración cuando estaba en lo mejor y él le ha contestado cuando está en lo peor”, le espetó Boye al antiguo amigo, recriminando su confesión.

Además, negó que se hubiesen amañado presupuestos con una excusa sorprendente: “Los documentos que se reputan falsos solo eran para satisfacer el entendimiento muy personalísimo de doña Assumpta Pagespetit de que se necesitaban tres expedientes. Pero ella sabía perfectamente que muchos de esos presupuestos eran falsos y los tramitó. Pero eso es inocuo. Como si le pide seis. Esa falsedad era inocua. Todos sabían que esos presupuestos eran mendaces; no falsos, como se dice, sino mendaces”. Se refería a que la Administración obliga a presentar tres presupuestos diferentes cuando se trata de contratos menores, es decir, de contratos que no superan los 18.000 euros.

Borràs, no obstante, no está dispuesta a caer sola. Boye aseguró que, “si los hechos de los que estamos hablando son delito, en el banquillo falta gente. Se llama principio de oportunidad penal. Ahí falta la gente que conformaba los expedientes sobre los que se están acusando. No se trata de echar la culpa a nadie ni de descargar responsabilidades. Pero aquí Fuenteovejuna funciona al revés: todos a por ella. Todos a por Borràs”. Un eslogan que repitió en varias ocasiones a lo largo del alegato. Se refería, por otra parte, a que deberían ser acusados también Pagespetit y su sucesor, Roger Espar.

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Para el defensor, “Pagespetit y Espar tienen condición mixta de testigos y responsables. El señor Espar, hasta que no entró en el trapi, perdón, el pacto, de acusar a Borràs hubiese sido un acusado más (…). La señora Pagespetit estaba en su derecho de cambiar la declaración que hizo en el Supremo. La cambia porque el miedo es libre y, viendo lo que le está pasando a Borràs, es lógico que cambie su declaración. Dice que nunca le gustó lo que hacía. Pero mire las redes sociales, cómo aplaudía a la señora Borràs, cómo le gustaba lo que estaban haciendo y cómo se reían juntas. Eso no se puede dejar de tener en cuenta (…). No rige el principio jerárquico en estas relaciones. Desde Nüremberg no se veía tanta gente diciendo que: ‘Yo solo cumplía órdenes’. Mi defendida no se escuda en Pagespetit. Ella reconoce eficiencia y eficacia. Pero es lógico que le haya entrado el miedo, porque, si van a por Borràs, pueden ir a por cualquiera”.

El letrado alabó el trabajo realizado por sus peritos e intentó desmerecer tanto el trabajo como la formación de los peritos informáticos de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil. Pero, sobre todo, cargó contra el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, acusándolo de parcial y de que su clienta ha padecido todas las vulneraciones de derechos imaginables, incluso la de la presunción de inocencia, porque “autoridades públicas han dado por hecho la culpabilidad de mi defendida y, entonces, se la ha condenado de antemano”. Siguiendo la línea politizada de defensa, Boye y Borràs trazaron una línea en la que llegaron a acusar a los peritos de los Mossos y de la Guardia Civil de capciosos y mentirosos con un solo objetivo: cazar a Laura Borras. “Han pasado del ‘A por ellos’ al ‘A por ella”, escenificó el polémico letrado en su alegato. Desde este miércoles, la suerte está echada: el juicio ha quedado visto para sentencia.