Todas las claves del juicio de Laura Borràs
La vista contra la presidenta de Junts por presunta corrupción desvela una estrategia perversa: repartir las culpas entre superiores y subordinados
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La presidenta de Junts per Catalunya (JxCAT) y expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha negado ante el tribunal los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, ambos en su versión de delitos continuados, por los que está siendo juzgada. La líder independentista está acusada de haber desviado 335.700 euros hacia los bolsillos de su amigo Isaías Herrero, también acusado en esta causa, entre los años 2013 y 2017, cuando ella era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo público dependiente de la Conselleria de Cultura. Estas son las claves del procedimiento.
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Durante años, Borràs intentó alargar la instrucción de la causa, cambiando constantemente de destino. Los expedientes fueron de un juzgado ordinario al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), más tarde, al Tribunal Supremo y luego de nuevo al TSJC. “Le dijimos que si no tenía nada que ocultar, renunciase al aforamiento. Así, podría ser juzgada por un tribunal ordinario, que no está politizado y podría defender mejor su inocencia. No quiso. Algo querrá ocultar para no asumir esa responsabilidad”, dice a El Confidencial una fuente de la dirección de la CUP, que le negó el voto de apoyo para seguir siendo presidenta del Parlament. “Su caso no es político. No tiene nada que ver con persecución política, sino que es por corrupción”, coinciden en asegurar desde la CUP y desde ERC. El juicio se celebró desde el 20 al 27 de febrero y este 1 de marzo queda listo para sentencia tras la presentación de los informes de parte.
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La propia Borràs, en su alegato final, subrayó que el suyo es “un caso de lawfare y de persecución política”. En las jornadas que duró el juicio, la política no salió por ninguna parte, pero sí se puso de manifiesto una forma de actuar desde la Administración muy controvertida. Los consellers de Borràs que pasaron por el banco de los testigos, Ferran Mascarell y Santi Vila, exculparon a su compañera de partido porque aseguraron no conocer ninguna irregularidad porque nadie les había dicho nada. No es extraño: si hubiesen conocido alguna irregularidad y no le hubiesen puesto coto, serían cómplices. Pero los subordinados de la presidenta de Junts no se mordieron la lengua y la dejaron a los pies de los caballos a la presidenta de Junts. Le advirtieron que podía estar vulnerando la ley.
Facturas simuladas
Junto a Laura Borràs se sienta en el banquillo su amigo Isaías Herrero, que fue el destinatario de los 335.700 euros llegados a través de 18 contratos supuestamente troceados de manera irregular, y Andreu Pujol, un amigo de ésta que prestó su nombre y el de su empresa para poder presentar presupuestos y cobrar un dinero que al final iba destinado al amigo de Borràs. Los altos cargos de la ILC y de Cultura declararon ante el tribunal que advirtieron a Borràs de que tantas concesiones a una sola persona podía ser ilegal: lo lógico sería convocar un concurso público o ir a un convenio negociado. Pero entonces, la adjudicación podía llevársela otro licitador. Si Borràs quería asegurar el tiro, debía cerrar los expedientes por lo máximo permitido simulando que eran por conceptos diferentes y con adjudicatarios diferentes.
De ahí que Herrero hacía los trabajos y éstos eran adjudicados a diferentes empresas en las que él participaba, para que no apareciese su nombre continuamente. Eso admitió él ante el tribunal y se certificó con la documentación hallada en su ordenador y en los archivos de la ILC. Es decir, fuera como fuese, el dinero acababa invariablemente en su cuenta corriente. La propia Borràs, en realidad, admitió ante el tribunal que quería que los trabajos se los llevase su amigo porque era algo más que un informático: era un “artista, un creador digital reconocido incluso en el MIT. Yo lo quería trabajando no sólo como creador informático, sino como artista y que pudiese poner sus conocimientos en el portal de la ILC. Le dije que lo necesitaba para llevar a cabo mi proyecto”.
La estrategia, conforme confesó Herrero ante el tribunal, era que Borràs le decía dónde, cuándo y cómo tenía que presentar tres propuestas para cada adjudicación. Ambos pactaban a cuál de esas propuestas le daban el contrato: en los pliegos, se añadía un OK o no OK para saber a cuál de las propuestas se le iba a adjudicar. Herrero presentaba esas propuestas de trabajo en nombre suyo y de diversas empresas, muchas veces sin saberlo éstas. Todo era una pantalla para simular que había concurrencia competitiva. En el sumario constan correos electrónicos enviados desde el mail personal de Laura Borràs a Isaías Herrero donde le explica cómo ha de presentar las propuestas y en alguno se ofrece a falsificar ella misma los presupuestos.
Las omisiones de Borràs
Ambos utilizaron en varias ocasiones el nombre del grupo Hermeneia -que la propia Borràs había fundado en la Universidad y dirigía - para simular esa competencia. La presidenta de Junts no aclaró en su alegato final su papel en este tema. Se limitó a decir que nunca había elaborado un presupuesto falso. Pero no permitió preguntas de las defensas de los otros acusados ni del fiscal. Tampoco aclaró si había pactado las adjudicaciones o el modus operandi con su amigo. De hecho, Borràs omitió en su declaración todos los aspectos que podían incriminarla y se limitó a alabar su trabajo al frente de la ILC como ejemplo de gestión.
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No despejó dudas sobre la veintena de concesiones. Repartió culpas entre sus superiores y sus inferiores. Afirmó que contrató a su amigo por motivos de “eficiencia y efectividad”, tras pactar con el conseller Ferran Mascarell que contrataría a un informático propio para elaborar un portal de la ILC que sería “una estructura de Estado convertida en una ventana a la literatura catalana”. Una excusa muy política, pero poco justificativa.
Además, todos sus subordinados coincidieron en asegurar que ella era quien decidía a quién contratar y cuándo. En otras palabras, que era la única responsable. Ella intentó eludir responsabilidades afirmando que los expedientes administrativos eran redactados por los funcionarios de la ILC, especialmente por quienes la habían acusado de decidir a quién, cómo y cuándo se adjudicaban: la administradora Assumpta Pagespetit y su sucesor, Roger Espar. Ambos juraron que advirtieron a Borràs de las irregularidades y le propusieron otras fórmulas de contratación ya en 2014, pero ella siguió eligiendo a su amigo Herrero y los contratos a dedo. Su explicación de que ella es inocente y no había hecho nada queda resumida en una frase: “Pagespetit es muy profesional. Trabajaba con mucha corrección y sus expedientes son expedientes 10. Los elaboraba y velaba por su cumplimiento hasta que los cerraba. Si no hubiese querido, no lo hubiese hecho”, zanjó la presidenta de Junts.
La versión de su subordinada es muy diferente. “Cuando vi el dinero que se movía con el portal, le hice ver a la directora que eso tenía que hacerse con un contrato negociado, pero ella me dijo que no era un único proyecto, sino proyectos diferentes, ya que eran muy específicos. Otras personas de la ILC lo veían como yo. Pedía ayuda al jefe de contratación de la Conselleria de Cultura y lo veía como yo. A comienzos de 2014, fuimos a ver a la interventora, Blanca de Gispert, que nos dijo que los contratos eran muy repetitivos y que parecían fraccionados, que a ver si se podían hacer de manera diferente porque se podría estar infringiendo el marco legal. Yo empecé a preparar un pliego de cláusulas técnicas para hacer un contrato para el mantenimiento de la web y cada semana lo llevaba a la reunión de coordinación que tenía con Borràs, pero no prosperó. Se quedó allí, porque la directora me dijo que no, que se continuase haciendo como se hacía”, afirmó Pagespetit ante el tribunal. La presidenta de Junts sólo admitió en una ocasión, de pasada, que su subordinada habló en alguna ocasión de hacer otro tipo de adjudicaciones, pero no le dio importancia a esa minucia.
“No hay que hacer un show”
Lo malo es que los documentos hallados en el ordenador de Isaías Herrero apoyan las teorías acusatorias. Por eso la estrategia de Gonzalo Boye es intentar anular esas pruebas materiales poniendo en duda la cadena de custodia, la acusan sin duda alguna. Las tesis mantenidas por los peritos de la Guardia Civil son coherentes: “El rastro de los documentos aportados en el juicio certifica que esos documentos son originales y no se han modificado”. Los peritos de Borràs, con el ultraderechista Emilio Hellín a la cabeza, apelaron a un tecnicismo (la variación del hash de una copia de CD respecto a otra copia) para anular la prueba. Pero las declaraciones de los demás acusados y de los subordinados de Borràs en la ILC la señalan como la principal responsable de los contratos irregulares. El tribunal decidirá.
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La vista del proceso ha sido una lección de estrategia jurídico-política. La defensora de Isaías Herrero, Marina Roig, ya advirtió el primer día de que su defendido era un acusado más, no un “coacusador”, como malintencionadamente la calificaba la defensa de Borràs, aunque esa calificación persiguió a su cliente hasta el final. Y Boye intentó recusar al tribunal por supuesta politización. En último extremo, alegó indefensión ante un pacto de los otros acusados con la Fiscalía, algo que las otras defensas reivindicaron como legítimo pero que negaron. Roig llegó a decir, refiriéndose a la defensa de Borràs de que “se está utilizando la sala para que el asunto pueda tener trascendencia fuera de ella. El ejercicio de la defensa se ha de ejercer individualmente. Si una estrategia no le gusta a otra parte, no tiene nada que decir. No hay que hace un show de este asunto”. El show está a punto de bajar el telón.
La presidenta de Junts per Catalunya (JxCAT) y expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha negado ante el tribunal los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, ambos en su versión de delitos continuados, por los que está siendo juzgada. La líder independentista está acusada de haber desviado 335.700 euros hacia los bolsillos de su amigo Isaías Herrero, también acusado en esta causa, entre los años 2013 y 2017, cuando ella era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo público dependiente de la Conselleria de Cultura. Estas son las claves del procedimiento.