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La hispanofobia se consolida en Cataluña como la principal causa de la 'violencia política'
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La hispanofobia se consolida en Cataluña como la principal causa de la 'violencia política'

El 88,89% de las agresiones políticas en 2021 fue realizado contra partidos y entidades constitucionalistas. Vox es la formación más atacada, seguida por el PSC. Ni la CUP ni JxCAT sufrieron incidentes

Foto: Disturbios en Barcelona durante una protesta por la detención del rapero Pablo Hásel. (EFE/Enric Fontcuberta
Disturbios en Barcelona durante una protesta por la detención del rapero Pablo Hásel. (EFE/Enric Fontcuberta

La hispanofobia en Cataluña se dispara. El independentismo está en ‘stand by’, cuando no en retroceso, pero un sector soberanista se ha blindado y radicalizado en un segmento que ha puesto España y lo español en su diana. Los actos de violencia política se mantienen e incluso las agresiones contra partidos no independentistas suben de manera importante. Es una de las conclusiones del último informe de violencia política que hace el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña. En esta entidad, participan organizaciones constitucionalistas como Impulso Cívico y Movimiento contra la Intolerancia, que quieren contrarrestar las cifras del Gobierno catalán, que obvia muchas de las acciones perpetradas por colectivos soberanistas, amparándolas bajo la consigna de la "libertad de expresión".

El informe denuncia que tras las elecciones autonómicas del 14 de febrero de 2021, la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat lanzó un tuit animando a “realizar protestas de forma efectiva y pacífica contra la extrema derecha filofascista”. Este mensaje se considera una “toma de decisión partidista inadmisible en una Administración pública". "Se realiza en un contexto en el que las protestas ‘efectivas’ contra quienes se oponen al nacionalismo incluyen boicots, acosos, amenazas, impedir la movilidad, lanzamiento de objetos y destrozos materiales… Un clima de coacción que en ocasiones supone la utilización de la violencia contra las personas”, añade el escrito.

Foto: Concentración convocada por los CDR con motivo del tercer aniversario del 1-O. (EFE)

Además, deja caer una crítica velada a la Generalitat, que únicamente considera violencia política la agresión personal, pero no las coacciones y amenazas a los rivales: “Con demasiada frecuencia, se da a entender que tan solo se considerarán como actuaciones violentas las agresiones físicas contra las personas, en una visión reducida de violencia que resulta totalmente inadmisible”.

Desprestigio de lo español

El informe destaca que “en una proporción casi exclusiva", la violencia política en Cataluña durante 2021 procede del ámbito adscrito ideológicamente al secesionismo. De un total de 351 incidentes, en 312 casos han sido perpetrados por personas o grupos independentistas, lo que supone un 88,89% del total anual.

Los números hablan por sí solos, pero dejan entrever una preocupante connivencia del poder institucional con una situación de tensión. “El año 2021 ha mostrado que la violencia política en Cataluña, con 351 incidentes contrastados, no solamente sigue siendo estructural, como se había denunciado en informes anteriores, sino que es crecientemente admitida por actores políticos relevantes y los propios poderes públicos", argumenta el observatorio. Y añade: "Estos han continuado en su tarea de deslegitimación de las instituciones, en particular del poder judicial, a la vez que incitaban a la limitación de derechos y la utilización de mecanismos coactivos contra quienes se oponen a sus planteamientos”.

La lista de partidos políticos atacados en Cataluña está encabezada por Vox (30 ataques), seguido del PSC (25), Ciudadanos (7) y PP (2)

El texto da un toque de atención a las administraciones públicas. “Si los poderes públicos trasladan el mensaje de que las instituciones tienen un comportamiento injusto o, incluso, ilegal, el malestar que se provoca puede acabar degenerando en violencia. En el caso de Cataluña, los nacionalistas practican desde hace años una política de desprestigio y deslegitimación del poder judicial que ha continuado en 2021”. Advierte también de que actuaciones como la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) de un acuerdo del Govern en el que se deslegitima la sentencia judicial que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano es un elemento que distorsiona la escena política y “muestra cómo la deslegitimación de las instituciones por parte del poder público se conecta con la violencia política”.

Alerta, asimismo, de que esta deslegitimación de la Justicia no es ajena “a la utilización de la violencia contra las familias que habían pedido que sus hijos fueran educados tanto en catalán como en castellano”. "El nacionalismo que gobierna en Cataluña tiene como eje de su proyecto político la creación de un Estado independiente en el territorio de la comunidad autónoma. Este proyecto implica la confrontación con el conjunto de España y, además, pretende justificarse en una visión distorsionada de la historia según la cual Cataluña y España son dos realidades distintas. Además, la segunda habría ocupado y expoliado a la primera”. Ese discurso, advierte, “puede convertirse en hispanofobia y, de hecho, esta transformación se ha producido. Y con cierta intensidad”.

Foto: Un hombre utiliza su teléfono móvil para tomar una foto de una barricada en Barcelona. (Reuters/Nacho Doce)

El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña explica que “la hispanofobia, lamentablemente, se ha asentado en nuestra sociedad y, como se ha indicado, se trata de un fenómeno que no puede desligarse de la forma en que se ha articulado el debate político en Cataluña”. Asegura también que la deslegitimación de lo español favorece “el discurso del odio, la amenaza de la violencia y, finalmente, el uso mismo de la fuerza contra los que se perciben como adversarios políticos”.

Ataques a partidos políticos

Los incidentes incluyen agresiones a sedes de partidos o entidades cívicas, agresiones físicas o verbales contra rivales y amenazas en redes sociales o a través de otros mecanismos. Esas agresiones violentas contra lo español sumaron en 2021 109 sucesos del total de 351, lo que representa un 31% del total. En 2020, hubo 122 hechos de esta naturaleza entre los 380 registrados (32%). El porcentaje apunta a una consolidación de este tipo de situaciones.

Además, hay un dato preocupante. En 2021, hubo 66 ataques a organizaciones políticas, mientras que en el año anterior se contabilizaron 62. “Una vez más, las formaciones políticas de la órbita constitucionalista o contrarias a la secesión de Cataluña acumulan la casi totalidad de los ataques a sedes y representaciones: 64 de un total de 66 ataques”, concluye el informe. La lista de objetivos está encabezada por Vox (30 ataques), seguido del PSC (25), Ciudadanos (7) y PP (2).

Foto: La fachada de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). (EFE)

Los dos actos vandálicos contra independentistas fueron sufridos por ERC y por la “formación de la ultraderecha secesionista Aliança Catalana”. Ni CUP ni JxCAT sufrieron agresión alguna. Se da la circunstancia, además, de que las agresiones a estas dos fuerzas provinieron del propio ámbito independentista. “Se confirma por segundo año consecutivo una fractura en el independentismo que se traduce en una incipiente violencia interna y un creciente número de agresiones entre los distintos actores políticos favorables a la independencia de Cataluña”, dice el informe.

En cuanto a agresiones a entidades cívicas, el número apenas varía en relación con el año 2020: el año pasado hubo 11 agresiones, una menos que el año anterior. Del total, 10 fueron perpetradas contra organizaciones constitucionalistas: S’ha Acabat, Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y Sociedad Civil Catalana (SCC), y solo uno de los actos violentos se dirigió contra una entidad independentista, Arran, que aglutina a las juventudes de la CUP.

El escarnio a rivales, igualado

La mayor parte de los incidentes fueron en distintas localizaciones del territorio catalán, con un total de 262 (75%), mientras que 89 fueron realizados a través de las redes sociales. Solo en Barcelona, se contabilizaron, según el Observatorio, 113 casos. El mayor número, 47, fue de daños a bienes de entidades constitucionalistas, ya sean sedes de partidos o de entidades, así como violencia ejercida contra carpas informativas. El acoso y boicot a actos contrarios a la secesión es la segunda causa de violencia política, con 30 acciones computadas, seguida de 27 actos de enaltecimiento del terrorismo y amenazas de agresiones físicas dirigidas a constitucionalistas. El escarnio a figuras y representaciones del ámbito independentista se elevó a 22, frente a las 23 acciones dedicadas a no soberanistas.

Foto: Incendio de contenedores tras una concentración en apoyo a Pablo Hasél. (EFE)

El porcentaje de agresiones o actos violentos atribuidos al independentismo, no obstante, bajó del 95% en 2019 y el 91,84% en 2020 al 89% en 2021. Según el informe, esta disminución se debe a que una parte de los sucesos se canalizaron “a través de incidentes de origen indeterminado que este año alcanzan un elevado porcentaje, del 10,83%. Esto es así porque se ha considerado que el importante número de incidentes en torno al encarcelamiento de Pablo Hásel incluía a otros colectivos y no era atribuible en exclusiva a las habituales organizaciones independentistas”.

La hispanofobia en Cataluña se dispara. El independentismo está en ‘stand by’, cuando no en retroceso, pero un sector soberanista se ha blindado y radicalizado en un segmento que ha puesto España y lo español en su diana. Los actos de violencia política se mantienen e incluso las agresiones contra partidos no independentistas suben de manera importante. Es una de las conclusiones del último informe de violencia política que hace el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña. En esta entidad, participan organizaciones constitucionalistas como Impulso Cívico y Movimiento contra la Intolerancia, que quieren contrarrestar las cifras del Gobierno catalán, que obvia muchas de las acciones perpetradas por colectivos soberanistas, amparándolas bajo la consigna de la "libertad de expresión".

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