Los delitos de odio político se disparan en Cataluña mientras el Govern tapa las cifras

Cataluña se está convirtiendo en ‘territorio comanche’ a marchas forzadas para los demócratas partidarios de la Constitución. Según los últimos datos oficiales facilitados este jueves por la Fiscalía catalana, los delitos de odio han experimentado un ‘subidón’ de aúpa: en 2010 fueron contabilizados 169. En 2017, último año del que constan cifras oficiales, hubo 393. Y lo más peligroso, según puso de manifiesto el fiscal jefe, Francisco Bañeres: en ese ejercicio hubo 121 delitos de orientación política, un 124% más que en el año anterior, cuando se contabilizaron solo 54. Ser demócrata y español es cada día más difícil en esta comunidad.

Esta escalada de violencia política es ninguneada por el Gobierno catalán. Adam Majó, director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, un organismo creado por Quim Torra el pasado verano, compareció ante el Parlamento catalán, dijo que había hecho un informe y presentó unas conclusiones que incidían en la violencia de la extrema derecha y del Estado español. Nada que ver con la realidad. “Vino a reírse de nosotros. Contestaba con sorna a lo que preguntábamos”, manifestó un diputado de la oposición a El Confidencial tras la sesión. Majó había sido militante de MDT, el partido que era brazo político de Terra Lliure.

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Lógico. Lo que tiene el Govern es un informe fantasma que nadie ha visto. Tras insistir y pedirlo a través del Parlamento, Majó hizo llegar a la oposición un PowerPoint en el que dice que detectó 328 ataques a la libertad de expresión entre 2017 y 2018 y 20 grupos paramilitares. De extrema derecha española, por supuesto. Nada de los paramilitares de extrema derecha catalanistas, muy activos en los últimos meses en las redes sociales.

“Usted no cita fuentes, sino que determina un listado de supuestas entidades de ultraderecha que los perpetraron. Entre usted y sus amigos hicieron este PowerPoint, pero no tiene mayor rigor, porque ni siquiera cita las entidades secretas con las que se ha entrevistado”, le recriminó el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. Lo más curioso del caso: en los últimos tres meses de 2018, la oficina atendió 38 denuncias. “Teniendo en cuenta el sueldo que usted cobra, cada una de esas denuncias ha costado a los bolsillos de los ciudadanos 1.200 euros”. Ello dio pie a toda la oposición a calificar como ‘chiringuito’ la oficina creada por Torra.

Un informe ‘tuerto’

Las conclusiones que presentó Majó de su pretendido informe no tienen desperdicio. Habla de que una de cada ocho personas que viven y trabajan en Cataluña no tiene derecho a voto, una anomalía a resolver. Y de que la Ley Mordaza restringe el derecho a la protesta. Y de que la magistratura tiene una visión restrictiva de la libertad de expresión. Y de que proliferan los grupos de extrema derecha. Y de la incapacidad del Estado español “de vehicular democráticamente determinadas reivindicaciones que podríamos ubicar, por su carácter de voluntad de transformación profunda, en el ámbito de la disidencia”.

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Del acoso a partidos y líderes constitucionalistas, ni una palabra. El informe, además de ‘fantasma’, es ‘tuerto’, porque no entiende de agresión a los demócratas constitucionalistas. Y eso que el portavoz del PSC, Ferran Pedret, le sacó el listado de más de 100 ataques independentistas a las sedes socialistas en el último año.

Para mayor escarnio, Majó se limitó a definir el prototipo del violento, al que asocia a la ultraderecha: vestido de negro, encapuchado, armado con cúteres u objetos contundentes… Una directa alusión a los que arrancan lazos amarillos. Carrizosa le saltó al cuello: en 2017, Ciudadanos sufrió 14 ataques a su sede. En 2018, otros 14 ataques. Y otras 14 agresiones y ataques relevantes: desde carteles amenazantes hasta amenazas de violaciones en grupo, ataques a concejales, acoso en redes, martilleo de los escaparates de la sede, pinchazos en ruedas, rayadas en coches, amenazas de muerte por quitar lazos. “Le digo, para que se entere, que hubo un ataque a sedes de partidos cada cuatro días en 2018. Y los socialistas acaparan un tercio de estas agresiones. De los partidos independentistas se ha denunciado tres veces menos. ERC es la más atacada, con solo seis denuncias. Sí, hay un problema con la ultraderecha, pero que se debe de cebar con los partidos constitucionalistas. Tendremos que verlo así por lo que dice usted, ¿verdad?”, ironizó el portavoz de Cs.

Le recordó también Carrizosa que, el 19 de marzo, la sede de Ciudadanos había sido asaltada por individuos vestidos de negro, encapuchados y que a martillazos rompieron las cristaleras. Y el día anterior, la sede del PP de Terrassa fue asaltada de igual manera. Las acciones fueron reivindicadas por las juventudes de la CUP, Arran, que las colgaron en la red con música de rap. Carrizosa le recordó que “la propia Arran publicitó estas imágenes con música de rap, glorificando la violencia en el más puro estilo de la ultraderecha. Ese partido [el PP] recibió siete agresiones así en el último mes. Dice usted también que la ultraderecha ha hecho centenares de pintadas en fachadas. Oiga, de los más activos en fachadas es Arran. ¿Lo ha contado usted? (…) A nosotros algunos alcaldes no nos dejan poner carpas en algunos pueblos. Pero, según usted, esto no vulnera los derechos civiles y políticos. Y no vulnera la libertad de expresión”.

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Concepto de hispanofobia

Lo que no hace el Govern, pues, lo ha de hacer la sociedad civil para la que no gobierna Quim Torra. Según ha podido conocer El Confidencial, un grupo de entidades constitucionalistas ha creado el Observatorio Ciudadano de la Violencia Política, que ha echado a andar a primeros de año y que dentro de un mes tendrá listo el primer informe real sobre agresiones políticas en Cataluña, recogiendo todos los incidentes independientemente de que sean realizados por un bando u otro. Los números no tendrán nada que ver con los del Gobierno catalán, porque en él se contabilizan los ataques a los antiindependentistas, a los que Torra se niega a dar carta de naturaleza.

Los resultados se tendrán en cuenta no solo a la hora de poner negro sobre blanco la indecente escalada de violencia política que sufre Cataluña, sino para realizar acciones internacionales de denuncia ante organismos que hasta ahora han sido exclusivamente utilizados por los independentistas para desacreditar al Gobierno español. “Estamos hartos de ver cómo se criminaliza al constitucionalismo”, resume a El Confidencial este observatorio el espíritu de la iniciativa.

En el estudio, por primera vez, se introduce el concepto de hispanofobia a la hora de analizar las agresiones. “Majó investiga casi exclusivamente casos de agresiones o conflictos entre gente que pone y quita lazos amarillos. Y califica a la gente que los quita de extrema derecha y de paramilitares, en un intento de demonizarlos”, se quejan.

En la comisión parlamentaria a la que acudió el alto cargo del Govern, la propia representante de la CUP, Maria Sirvent, llamó al orden a Adam Majó: “No se han de banalizar las etiquetas. Una persona que arranca lazos amarillos no es una persona de extrema derecha, no es un paramilitar o un grupo organizado de extrema derecha. Supongo que esta oficina no ha entendido que un ataque de extrema derecha no es sacar un lazo amarillo”.

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Desde el bando constitucionalista, se afirma, no obstante: “Nos empieza a preocupar que solo se demonice un grupo, y que se hable solo de una aparente violencia política proveniente de un lado. Pero se da la circunstancia de que quienes más sufren esa violencia son los que defienden la Constitución. ¿Quiénes pintan las sedes de los partidos constitucionalistas? ¿A quienes prohíben actos? ¿A quiénes insultan?”. Para los impulsores del Observatorio Ciudadano para la Violencia Política, “decidimos ver qué está pasando y vemos que hay una violencia de baja intensidad que es, a nuestro juicio, la más peligrosa, porque no genera un gran escándalo pero es tremendamente eficaz, ya que con ella se disuade al más próximo. Esta violencia te permite ir amedrentando a los más cercanos y así se producen escenarios de violencia y disuasión que son muy eficaces”.

Lo que tratan, en definitiva, es de “contrarrestar la labor que no hace la oficina de la Generalitat, porque esta solo se preocupa cuando se conculcan derechos civiles de un grupo determinado”. Pero ya es sabido que, desde el minuto uno de la actual legislatura, el Govern se limitó a gobernar para la mitad de los catalanes.