La Generalitat de Cataluña anima a hacer escraches contra Vox porque es "necesario"

La Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña, dirigida por Adam Majó, ha animado a través de Twitter a hacer escraches pacíficos contra las carpas que Vox ha colocado en distintas calles de las ciudades catalanas con el objetivo de recoger avales y poder presentarse a las elecciones del 14-F. Ocurrió el pasado fin de semana y las reacciones se han ido sucediendo desde entonces.

El tuit de la oficina era explícito: mostraba una fotografía de ciudadanos rodeando y protestando ante una carpa de Vox en Sant Joan Despí. “Protestar de forma efectiva y pacífica contra la extrema derecha filo fascista es posible y necesario”, decía el texto del organismo público. Los concentrados, según una grabación en vídeo también difundida en redes sociales, portaban carteles contra el partido ultra y gritaban la consigna 'Fuera fascistas de nuestros barrios'.

La fotografía había sido facilitada por la plataforma Unitat contra el Faixisme i el Racisme (UCFR), una organización que engloba varios centenares de pequeñas plataformas, entidades cívicas, asociaciones culturales, ateneos, CDR, asociaciones de vecinos, empresas, fundaciones, partidos (entre ellos, ERC, CUP, Podemos, ICV, Equo Cataluña, Estat Català, EUiA, Maulets y Procés Constituent), sindicatos y famosos como los actores Juan Diego Botto, Pilar Bardem, Sergi López y Quico Romeu (fundador de Comediants y de Dagoll Dagom). La organización se creó en 2010 como reacción al auge que en aquel momento tuvo el partido Plataforma per Catalunya (PxC), de Josep Anglada.

Esta plataforma había mantenido una febril actividad durante todo el fin de semana y había convocado a sus activistas ante las carpas del partido ultraderechista. El domingo, según esta organización, lograron convocar a 80 personas “ante la parada de Vox de Sant Feliu de Llobregat, para decirles que son fascistas. En el Baix Llobregat, no queremos ultras. Permitir que crezca este movimiento es permitir el odio y el recorte de derechos y libertades”, publicitó la UCFR después de que la ANC de la comarca del Baix Llobregat organizase el escrache. En Sant Joan Despí y Cornellà, localidades cercanas, ocurrió más de lo mismo.

Acción coordinada

La oficina y la UCFR se coordinaron para acorralar a Vox. Tras el tuit emitido desde el organismo público, la plataforma UCFR le respondió: “Exactamente, el fascismo es preciso confrontarlo para impedir que crezca (sic). Porque, primero, solo persiguen a los más débiles hasta acabar anulando los derechos de todos”. Los mensajes de UCFR y de plataformas que la apoyan eran muy explícitos: se trata de lograr que Vox no consiga avales. “Demostremos que no queremos odio en la campaña electoral del 14-F”, tuiteó la propia UCFR el domingo.

Las reacciones al tuit del fin de semana, no obstante, no se hicieron esperar. “No soy de Vox y estoy muy lejos de sus planteamientos, pero un organismo público no puede alentar a escraches contra un partido determinado”, explicaba a El Confidencial José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano y exdiputado de Ciudadanos. “He pedido que Majó sea cesado tras el tuit, porque no entiende qué es el pluralismo político. Lo que aplica es una política de sectarismo. Es una irresponsabilidad lo que ha hecho, porque la oficina debe velar por los derechos civiles y políticos de todos, no solo de unos cuantos”, añade Domingo. Todos los intentos de este diario por obtener la versión de Majó o de la oficina de prensa de la que depende resultaron inútiles.

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Carlos Silva, coordinador del Observatorio Cívico de la Violencia Política, critica también la toma de partido por parte de la Generalitat, llamando al boicot contra un determinado partido político que es legal. Silva señala a este diario que “esta oficina fue creada de una manera coordinada con los criterios políticos de la cúpula de la Generalitat y coincidió con la estrategia de lanzar el discurso de que todos los problemas son culpa de la extrema derecha española, lo cual no deja de ser una falacia, porque la extrema derecha es residual en Cataluña. Ni siquiera la violencia política que hay en la comunidad proviene de ese ámbito ideológico”.

Con esa intención, el entonces ‘president’, Quim Torra, puso al frente del nuevo organismo a Adam Majó, un antiguo militante del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) y más tarde concejal de la CUP. “Precisamente las formaciones de las que proviene Majó son las que abonaron el terreno sobre el que luego crece la violencia”. Añade el coordinador del Observatorio que la permisividad con que la oficina trata la actividad independentista contrasta con la dureza respecto a cualquier otra ideología. “Ese organismo, a pesar de ser público, ignora sistemáticamente la violencia que padecen los constitucionalistas. Los ataques a partidos considerados unionistas son ignorados y en sus informes se recogen detalladamente actos contra la libertad de expresión mientras que se considera violencia cualquier iniciativa constitucionalista”.

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Un 'think tank' independentista

Silva pone como ejemplo el hecho de que los independentistas copan los edificios públicos con pancartas, enseñas y símbolos independentistas, cuando esos edificios deberían ser neutrales, ya que son de todos. Y, sin embargo, consideran violencia el hecho de retirar lazos amarillos. “Siempre culpan a la extrema derecha de cualquier acto y obvian toda crítica a abusos de la Administración o a la utilización de los edificios públicos”, subraya.

También deplora que la oficina hiciese un informe ‘ad hoc’ sobre las detenciones de un comando de los CDR, en septiembre de 2019. “Lo único que podemos concluir es que sus informes son de parte. Por ejemplo, respecto a la extrema violencia independentista del otoño de 2019, tras conocerse la sentencia del 1-O, se denunciaron agresiones de la Policía a manifestantes, pero no se recoge la violencia de los manifestantes, que provocaron 300 agentes heridos. Para la oficina, cualquier acto violento contra un agente es 'autodefensa o libertad de expresión'. Sus informes, además, se ponen de parte de los manifestantes de manera indisimulada. La tarea que hace la oficina es la de un 'think tank' independentista”.

El coordinador del Observatorio cree que el acoso a Vox forma parte de una “estrategia de criminalizar todo lo que no sea independentista”

El coordinador del Observatorio cree que el acoso a Vox forma parte de una “estrategia de criminalizar todo lo que no sea independentista”, que irá en aumento conforme se acerquen las elecciones autonómicas. “Es una trayectoria continua y estable”, enfatiza.

Uno de los elementos que ponen por delante siempre los responsables de la oficina de la Generalitat es el derecho a la autodeterminación. “Llegan a decir que el derecho de manifestación está muy restringido, queriendo abrir un campo de actuación del independentismo radical, disfrazado de defensa de los derechos civiles. Pero desde la Administración no se ha de combatir a ningún partido opositor ni alentar el acoso a los rivales”.

Se queja Silva de que el independentismo “solo trata de dejar mal a España, alegando en todos los foros que puede que es un Estado de derecho defectuoso y franquista, tal y como lo calificaron literalmente en el último informe presentado ante la Comisión Europea. Con ello, cuestionan toda la legitimidad del sistema, que es lo que les interesa”.