Estudiantes y profesores catalanes estallan por la inacción de los rectores ante las agresiones

Los últimos incidentes violentos en el campus de la Autónoma de Barcelona (UAB), en los que grupos de independentistas asaltaron una carpa de la entidad constitucionalista S'ha Acabat y amenazaron a sus miembros, han provocado la reacción de los docentes no soberanistas. En una carta abierta a la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) enviada este viernes, la asociación Universitarios por la Convivencia denuncia “el deterioro de las libertades públicas” en los ámbitos ligados a la enseñanza superior.

“Las universidades realizan continuos pronunciamientos políticos en todos los temas de actualidad, pero cuando se producen agresiones a no independentistas ni siquiera las condena”, explica Isabel Fernández, portavoz de Universitarios por la Convivencia a El Confidencial.

Y es que el pasado 6 de octubre, la historia se repetía por enésima vez: unos 150 independentistas destrozaron una carpa informativa de la entidad S’ha Acabat, arremetiendo de paso contra los jóvenes que la atendían. Los ataques violentos en este campus son moneda corriente.

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“El rectorado de la UAB ha permitido esto, no se ha garantizado la seguridad ni la libertad”, denunció S’ha Acabat. Diputados de Ciudadanos y del PP llegaron a desplazarse al campus para solidarizarse con los agredidos. Los ataques fueron alentados por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), una organización de corte soberanista, que reclamó a los alumnos su movilización para plantar cara a los constitucionalistas. En la UAB también funciona una especie de plataforma ‘antifascista’ en la que se camuflan elementos de la ultraderecha catalana y que tradicionalmente se han dedicado a salir a ‘cazar’ a los alumnos que no comulgan con el soberanismo.

Amenazas físicas

La carpa se había montado (con todos los permisos) para denunciar los planes de la consejera de Universidades, Gemma Geis (JxCat), de hacer “listas de profesores universitarios que hablan castellano o catalán”. El rectorado de la UAB emitió poco después un comunicado en el que lamentaba “la instrumentalización ideológica que se realiza en el campus por ciertos partidos políticos”.

De repente, los agredidos habían pasado a ser agresores. La entidad expresaba su convencimiento “de que el campus universitario ha de ser un ejemplo de convivencia pacífica y de ejercicio de libertad de expresión, donde las ideas y reivindicaciones democráticas tengan cabida, siempre que se hagan con respeto hacia todos los miembros de la comunidad y los bienes públicos”. Sin embargo, no condenaba los ataques, durante los cuales se pudieron escuchar gritos de “Fuera fascistas de la Universidad” y “Pim, pam, pum, que no quede ni uno”.

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La carta de la asociación recuerda que hay “ciertos sectores del movimiento estudiantil” que quieren “monopolizar el espacio público universitario, expulsando de él a todos los que piensan de otro modo”. Esta pretensión, que no es exagerado calificar de totalitaria, se puso una vez más de relieve en los sucesos que tuvieron lugar en la UAB el pasado 6 de octubre, cuando un abultado y violento grupo de estudiantes hostigó durante horas a otro grupo, mucho menos numeroso, que pacíficamente trataba de dar a conocer sus ideas, hasta que, por fin, y por la fuerza bruta, destrozaron su carpa.

La intención era clara: tratar de amedrentar y de acallar una vez más a los estudiantes de S’ha Acabat. "Defender en público ideas democráticas básicas como el imperio de la ley o la igualdad ciudadana no es tarea fácil en los campus catalanes”. Se queja, además, de que ni la UAB ni la ACUP condenaron las agresiones.

“La inacción del rectorado ante la violencia es muy alarmante y nos preocupa mucho. Es inaudito y lamentable que tengamos que reivindicar cosas de una obviedad absoluta. Son peticiones de sentido común, pero, desgraciadamente, tenemos que hacerlo para demostrar la pluralidad de los campus. Aquí se está generando la sensación de un pensamiento único y eso no es cierto. Queremos transmitir que la Universidad es plural y generar un estado de opinión”, señala Isabel Fernández. La también profesora de la UAB recuerda que la propia consejera Gemma Geis asistió a la apertura del curso académico en la UAB “y allí soltó su soflama política en favor de Carles Puigdemont”. El rector calló sobre esa politización del acto académico.

Varias condenas

Para Universitarios por la Convivencia, "la libertad ideológica y la libertad de expresión de sus profesores y alumnos están siendo lesionadas una y otra vez por las declaraciones institucionales de contenido partidista por los órganos de gobierno y de representación de nuestras universidades". Así lo han establecido los tribunales en reiteradas ocasiones: tres centros catalanes (la Universidad de Barcelona, la Pompeu Fabra y la Oberta de Catalunya) han sido ya condenadas en sede judicial en los dos últimos años por esta razón y otra más (la UAB) lo fue por violar esos mismos derechos de un grupo de estudiantes constitucionalistas al negarse a inscribir su asociación en el directorio de colectivos.

"Alumnos y profesores nos hemos expresado con plena libertad en las aulas en castellano y catalán"

También recuerda la misiva la cuestión de que se quiera imponer la enseñanza 100% en catalán. “La libertad lingüística, o el derecho de todos a expresarse y comunicarse con los demás en cualquiera de nuestras lenguas está también hoy amenazada. Durante décadas, alumnos y profesores nos hemos expresado con plena libertad en las aulas en castellano y catalán (…) Sin embargo, ahora resulta que se quiere crear un problema donde no lo había. En el nombre de los principios de ‘transparencia’ y ‘seguridad’ lingüística, se fomenta la delación y la investigación, en definitiva, la intimidación de quienes se atreven a usar en clase, siquiera sea puntualmente y en atención a sus alumnos, una lengua distinta de la anunciada”. Isabel Fernández recuerda que “tanto el Estatuto como la Ley de Política Lingüística permite a los profesores y a los alumnos hablar la lengua que consideren”.

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La dureza de la carta se hace patente en sus últimos párrafos. “En su día, la dictadura franquista intentó poner a todas las universidades españolas al servicio de la causa del nacionalcatolicismo, y no fueron sus rectores quienes lo impidieron (…) una sumisión que tanto daño infligió a la salud cultural y política de varias generaciones (…) hoy, en Cataluña, el poder aspira a un semejante atropello, el de convertir a la universidad catalana en un eslabón más de la cadena con la que pueda someter a toda la sociedad a la causa del nacionalcatalanismo. El precio es el de sacrificar las libertades públicas de los que discrepan de esa causa”. Los firmantes remiten a los rectores al Manifiesto de la Capuchinada de 1966 (asonada contra el franquismo, salido de la pluma de Manuel Sacristán, que reivindicaba que “la única exigencia de una Universidad democrática es que ningún centro sea del dominio de un grupo político, religioso o ideológico”).

Se da la circunstancia de que, tras las últimas elecciones al claustro, las principales universidades catalanas tienen rectores alineados con las tesis independentistas. Fue un asalto a estas instituciones planificado desde la Asamblea Nacional Catalana (ANC), con el fin de politizar al máximo el ámbito de la educación superior y llevar la desestabilización política y social al límite.