Los partidos independentistas enmiendan la ley de memoria para retirar el título de rey

El Gobierno deberá asumir cambios profundos en la Ley de Memoria Democrática para poder sacarla adelante esta legislatura. Los grupos independentistas del Congreso han formado un frente común para enmendar el proyecto que lidera el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, después de que no saliesen adelante las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y ERC. Durante este debate, Bolaños prometió "flexibilidad" en la tramitación, pero entre las exigencias planteadas ahora por ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP y BNG se plantean cuestiones difícilmente asumidas por el Ejecutivo al poner en cuestión las bases mismas de la Transición. Así se plantea una enmienda para suprimir la Ley de Amnistía del 77 o incluso la supresión del título de rey "y los privilegios que del mismo se derivan habida cuenta que fue otorgado por un régimen ilegal".

El ministro Bolaños ya anticipó su respuesta a estas exigencias durante el debate de las enmiendas a la totalidad de la ley, defendiendo la Transición como un proceso "ejemplar" y destacando la necesidad de ponerlo en valor. Otras de las enmiendas conjuntas presentadas este lunes por los grupos independentistas reclaman que las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona se transfieran a la Generalitat para convertirlas en un museo en recuerdo de los torturados durante el franquismo. Unas transferencias de titularidad que se reclaman también para el Palacio de Aiete de San Sebastián.

Otra de las enmiendas consensuadas entre estos grupos buscan que se reconozcan reparaciones patrimoniales para los ateneos, asociaciones y otras personalidades jurídicas a los que durante la dictadura se les incautaron bienes que no han sido restituidos. Se plantea, asimismo, un reconocimiento y una reparación por motivos de "persecución cultural y lingüística" durante el régimen de Franco.

El texto de la ley que está sometida a trámite parlamentario incluye una serie de medidas entre las que destacan la "resignificación" del Valle de los Caídos —que implicaría el traslado de los restos de Primo de Rivera—, la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, la retirada de símbolos y distinciones otorgadas por el franquismo o la ilegalización de entidades como la Fundación Francisco Franco en la medida en la que se determinara que hace apología del franquismo.

La dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista es uno de los aspectos centrales que guía el texto del proyecto, buscando "establecer las bases de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición". Para ello, se asume la búsqueda de personas desaparecidas como una responsabilidad de Estado, elaborando planes cuatrienales de búsqueda, localización y exhumación de fosas e identificación de las víctimas.

Para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares se creará un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Una medida que irá acompañada de otras como el impulso del mapa de fosas, un protocolo de exhumaciones, un régimen de autorizaciones y un censo de víctimas. En el plano educativo, se incluyen medidas por las que se actualizarán los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como los planes de formación inicial y permanente del profesorado. Esto es, se incluye entre los fines del sistema educativo español el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas. Para ello se actualizará la Ley de Educación, pero no solo, dado que, una vez que entre en vigor la Ley de Memoria Democrática, se requerirán varias modificaciones normativas.