Extremistas secesionistas llaman a boicotear carpas informativas sobre el castellano

Plataformas de extremistas independentistas han llamado a sus activistas a evitar por la fuerza que haya puntos informativos para explicar la sentencia que obliga a la Generalitat a impartir el 25% de las clases en castellano. En una comunicación distribuida a primera hora de la noche de este martes, estas organizaciones distribuyeron por escrito la orden a sus militantes, animándolos a que los constitucionalistas “reciban cuatro gritos” e “incluso que no se les deje plantar la carpa”. Además, han editado un manual de desobediencia ante la decisión del Tribunal Supremo sobre el uso del español.

La comunicación incluye un listado con todas las carpas informativas que se repartirán por toda Cataluña durante este fin de semana y a las que hay que boicotear. Los independentistas, que exigen que la enseñanza sea únicamente en catalán, consideran que quien está detrás de esta iniciativa “no son más que los fascistas de Vox, PP, Ciudadanos, Sociedad Civil catalana y S’ha Acabat”.

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EFE

La plataforma convocante, Escuela para Todos, está formada por 16 entidades constitucionalistas, entre ellas Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Impulso Ciudadano, Sociedad Civil Catalana (SCC), Asociación por la Tolerancia, S’ha Acabat, o Aixeca’t-Levántate, entre otras. Su objetivo es que las escuelas sean bilingües y que se respete el 25% de horas lectivas en castellano, y que se mantenga el catalán como lengua mayoritaria. El discurso supremacista catalanista, sin embargo, difunde que la meta de los constitucionalistas es desterrar el catalán de las aulas y de la sociedad.

Manual de desobediencia

El movimiento radical independentista ha tenido hasta ahora una potente actividad en el ámbito universitario, donde a menudo destrozan las paradas informativas que los constitucionalistas ponen en el campus de Bellaterra, en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). En ocasiones, incluso, ha habido agresiones a los estudiantes no independentistas.

Esta postura de fuerza coincide con la distribución de un manual realizado por la plataforma Desobediencia Civil, en el que se explica cómo desobedecer la sentencia y la ley. “Es necesario postrar y guiar a la población en general, así como al sistema educativo, de algunas acciones de desobediencia civil que pueden llevar a cabo para no aplicar la sentencia”, dice el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial.

El manual de desobediencia insta a los docentes a dar las clases en catalán, aunque deba ser en castellano, pero "sin hacerlo público ni explícito"

Para los profesores, la primera acción es dar todas las clases en catalán aunque deba hacerlo en castellano, pero “sin hacerlo público ni explícito". "Seguir haciendo la clase en catalán siempre que no te estén vigilando. En caso de que haya una inspección o visita de control, temporalmente, en el momento de la inspección, utilizar la lengua castellana”, indica el manual. También recomienda no entregar las evidencias de evaluaciones o trabajos aunque lo pida la inspección. Otra de las alternativas es negarse públicamente a cumplir la sentencia y expresarlo por las redes sociales, al tiempo que se realiza una comunicación a la dirección del centro, pero siempre “oralmente”.

A las direcciones de los centros y al personal de administración les piden el posicionamiento público, aunque hay otras maneras de boicotear la sentencia: “Suspender toda participación en actividades educativas estatales”. “Rechazarlo mediante una carta, escrito o con justificaciones suficientes para no asistir”, añade. Otra de las acciones es “retirar los símbolos del Estado en la educación”, ya sean banderas, retratos o referencias al Estado español.

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Beatriz Parera

A los padres y alumnos se les pide que escriban a los grupos de familias su voluntad de que los niños estudien en catalán, además de exigir que las asociaciones de padres y madres aprueben acuerdos apoyando al profesorado y exigiendo el catalán. Asimismo, plantea que los padres aleccionen a los niños para que, si el profesor da una clase en castellano, levanten la mano y pidan la asignatura en catalán.

Finalmente, se dan varias pinceladas sobre la presión que se debe ejercer sobre el Govern. “Hay que hacer presión pública para forzar la dirección colegiada”, dice la primera consigna. Con ello, se pretende evitar que haya una responsabilidad penal de desobediencia por parte del responsable del centro. “En medios, redes sociales y en correos electrónicos, debemos exigir al Govern que proteja a las direcciones y al personal docente para que mantengan el catalán en las aulas”, apunta el manual. Además, se llama a no apoyar en las próximas elecciones a quien no tome estas medidas. Para ello, aclara que se debe “hacer llegar a las direcciones de los partidos que no se dará apoyo a partidos políticos que no protejan explícitamente el catalán en las aulas”.