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Otra condena obliga a repetir las elecciones en la Cámara de Comercio de Barcelona
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El Govern articuló el sistema de voto

Otra condena obliga a repetir las elecciones en la Cámara de Comercio de Barcelona

Por segunda vez, el independentismo es condenado en tribunales por vulnerar los principios más básicos de la democracia. Fue una elección tramposa, según el juez

Foto: Cámara de Comercio de Barcelona. (EP)
Cámara de Comercio de Barcelona. (EP)

En las elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona celebradas en 2019, hubo ilegalidades. Los independentistas ganaron con trampas, ayudados por la Generalitat, en aquel momento presidida por Quim Torra. Así lo expresa una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 12 de Barcelona que lleva fecha de 16 de diciembre. Es la segunda sentencia que pone en duda los resultados de las elecciones en esa institución. Unas semanas antes, otra sentencia del juzgado número 15 ya ponía el dedo en la llaga y emitía un fallo de parecidas conclusiones.

El relato de los hechos es alarmante. Para anular sufragios, los responsables decidieron que los votos que excediesen de ocho que se hubiesen emitido desde una IP (dirección de un ordenador) quedarían anulados, pero “en ninguna norma se dice que no puedan salir más de ocho votos de una misma IP o que esa circunstancia vaya a ser objeto de revisión”, ya que “no hay ninguna razón lógica ni coherente para poner el corte en ocho y no en dos, en 20 o en 100. Pura arbitrariedad”. La impugnación relata que el colectivo pakistaní (decenas de pequeños empresarios) cuyos sufragios iban a un candidato no independentista, al no poder entender el proceso, puesto que todo estaba solo en catalán, acudió a votar desde su gestoría. Los votos contabilizados desde aquel lugar fueron anulados arbitrariamente por los controladores del proceso. Y fueron a la papelera, contabilizándose solamente las papeletas soberanistas, lo que a la postre dio el control de la institución al soberanismo. Algunos de esos empresarios declararon que “recibían extrañas llamadas y les hacían una serie de no menos extrañas preguntas sobre si habían votado, cómo, cuándo, etc.”.

Foto: La presidenta de la ANC Elisenda Paluzie. (EFE)

Ello determinó que los demandantes solicitasen que el juez anule los resultados en varios de los sectores, como el comercio, la hostelería o la industria. La anulación de cientos de votos en esos capítulos dio la vuelta al marcador y permitió a los independentistas hacerse con una institución con solo un puñado irrisorio de votos en lo que ha sido un gran pucherazo.

Sin secreto del voto

¿De quién es la culpa? La sentencia recoge las peticiones de los denunciantes de que “el criterio y técnica utilizados para anular el voto han consistido en identificar y llamar al votante para decidir la nulidad o no de su voto”. Ello, según el recurso planteado en el juzgado, supone “infringir el principio básico y fundamental de secreto del voto, las normas más básicas de la democracia, las normas sobre confidencialidad y protección de datos”. Además, el texto señala que “alguien facilitó al auditor los datos personales (número de teléfono, nombre, 'mail') para localizar y llamar a los votantes a fin de inquirirles sobre su voto”. Y, por último, una circunstancia que salpica de lleno a la institución que articuló el sistema de voto, es decir, al propio Govern: “El sistema de votación remota fue implantado a sabiendas de que incumplía la normativa estatal y autonómica aplicable”. Se trataba, pues, de un pucherazo al que el Gobierno de Quim Torra no era ajeno. Es más: el propio ‘president’ había llamado para que se votase a la candidatura independentista, por lo que las instituciones catalanas no cumplieron con la neutralidad a la que les obliga la ley. El sistema fue puesto en marcha por el Govern a petición de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que propiciaba la candidatura Eines de País, y se articuló a través de la entonces consejera de Empresa, Àngels Chacón, que precisamente este martes presentó su nueva formación, Centrem, que pretende aglutinar el centro catalanista moderado.

Foto: Cámara de Comercio de Barcelona. (EP)

“Hasta la fecha, nos hemos encontrado con juzgados que desestiman rotundamente las peticiones de los recurrentes y otros juzgados estiman, de forma parcial, el recurso —señalan fuentes de la Generalitat a El Confidencial—. Sin embargo, hay que decir que el sistema de votación electrónica empleado en las elecciones cumple con la normativa y, por tanto, se presentará el correspondiente recurso de apelación contra todas las sentencias que lo cuestionen”. Fuentes cercanas a los recurrentes, no obstante, explican que “aunque en ocasiones se rechacen las apelaciones, basta solo una condena de uno de los recursos para poner en duda todo el sistema”.

La Cámara explicó ante el juez que el caso de una empresa recurrente no puede comportar el enjuiciamiento de todo el proceso y que, en definitiva, la actora pudo votar. En cierto modo, es verdad: pudo votar, pero le anularon los votos, por lo que en la práctica es como si se le hubiese impedido votar. Para afear el comportamiento de los independentistas, el juez rescata el ‘Código de buenas prácticas en materia electoral’ de la Comisión de Venecia, uno de los organismos de los que solían echar mano los soberanistas (hasta que les recordaron que la primera base de la comisión es no desobedecer leyes ni salirse de la legalidad) como ejemplo de democracia. Y también echa en cara a los responsables de las elecciones camerales que la información necesaria para realizar el voto electrónico “estaba solo en catalán, no estaba ni en castellano ni en inglés”.

Resultados "nulos de pleno derecho"

La Cámara, además, espera que el proceso judicial se alargue hasta después de las próximas elecciones para evitar que sus dirigentes puedan salir escaldados o que la propia institución se vea afectada seriamente por un proceso de corrupción profunda. Entre recurso y recurso, los procedimientos no estarán sustanciados antes de mayo del año que viene, que es cuando se deben realizar los nuevos comicios. Y para entonces, el independentismo tratará de controlar de nuevo el proceso y de retener la entidad. Se trata de correr un tupido velo ante el pucherazo y esperar a que el temporal amaine, tratando de que se hable lo mínimo del asunto.

Foto: Cámara de Comercio de Barcelona. (EP)

Pero la sentencia es muy clara: hubo pucherazo. El sistema no realizó la identificación respecto de los votantes en remoto y luego se realizó una comprobación del voto mediante llamadas telefónicas. “O, dicho de otro modo, el sistema permitió votar a pesar de que el elector no estaba plenamente identificado, lo que trajo consigo otra serie de cuestiones igualmente vulneradoras del derecho a la igualdad, como considerar sospechoso el voto múltiple desde una misma IP o declarar nulos —o no computarlos en el recuento— determinados votos por razones ajenas a las causas tasadas de nulidad previstas en la legislación”, dice la sentencia.

Por ello, el juzgado falla que “la actuación administrativa impugnada ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad” y que los resultados relativos a seis vocalías también son “nulos de pleno derecho”. Generalitat y Cámara irán por separado en sus recursos a tribunales de instancias superiores. “A nivel procesal, cada codemandado actúa con independencia”, señalan fuentes del Govern a este diario.

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