La Cámara de Comercio de Barcelona tiene 18 demandas por vulneración de derechos

La Cámara de Comercio de Barcelona, que preside el independentista Joan Canadell, tiene 18 demandas por vulneración de derechos fundamentales interpuestas por miembros de la entidad como consecuencia de la arbitraria anulación de votos en las elecciones que esta institución celebró en mayo de 2019. En un principio, según ha podido conocer El Confidencial, se presentó una demanda colectiva ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero este organismo lo derivó diciendo que no era competente. La solución era presentar demandas individuales en los juzgados de Barcelona.

En todas estas demandas, la Fiscalía provincial se ha posicionado alertando de que las elecciones a la institución cameral se habían llevado a cabo sin garantías y vulnerando las reglas democráticas, hasta el punto de que si no se hubieran anulado varios cientos de votos, “el vuelco electoral sería manifiesto”.

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La Fiscalía, no obstante, habla de 19 recursos “interpuestos por empresarios y comerciantes, interesando la nulidad de varios acuerdos de la junta electoral de la Cámara, en los que, de forma contraria a derecho, dicha junta habría declarado nulos cientos de votos remotos por defectos en el sistema informático de votación”. A esta alusión a la junta electoral se aferra oficialmente la Cámara de Comercio barcelonesa para desligar a su presidente, Joan Canadell, del pucherazo. Pero tanto las normas como la junta electoral fueron pergeñadas por la Generalitat para facilitar el ‘asalto’ a la Cámara por parte del independentismo.

El Ministerio Público destacó este miércoles, no obstante, que es cierto que la decisión de la junta electoral nombrada por la Generalitat de Quim Torra “supuso la vulneración del derecho fundamental al acceso a cargo público y el principio de igualdad”. Conforme desveló El Confidencial, la junta decidió que centenares de votos clave de las candidaturas no independentistas fuesen anulados, por lo que se computaron solo los votos favorables al independentismo, de ahí que Canadell obtuviese una apretada victoria.

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Si se hubieran computado bien los sufragios, a la candidatura independentista, que estaba auspiciada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), no le hubieran salido los números para presidir la institución barcelonesa. La culpa de esta inusitada situación la tiene “un programa informático sin garantías”, hecho que ya habían denunciado las candidaturas no independentistas antes de los comicios, pero que el Govern y el mundo independentista se empeñaron en aplicar.

El auditor auditado

La Cámara aduce, además, que los resultados fueron auditados por una empresa y que los actuales mandatarios de la institución no tienen nada que ver con ella. Eso, jurídicamente, es cierto: la Generalitat convocó un concurso para supervisar el proceso electoral, pero quedó desierto. Entonces, adjudicó el trabajo a la firma Agtic, que a la postre fue la que aprobó que se eliminasen votos de candidaturas no independentistas.

Tras el inicio de los procedimientos judiciales pertinentes, el Govern encargó un informe a un perito 'independiente' que resultó ser, de nuevo, Agtic. De ese modo, en el informe ‘Dictamen pericial en relación con el proceso electoral por votación electrónica en la Cámara de Comercio de Barcelona’, presentado en los juzgados, daba una pátina de autenticidad a todo lo que había ocurrido.

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Ese dictamen, sin embargo, ya estaba ‘contaminado’, puesto que Agtic no era una consultora independiente, sino que era la auditora del propio sistema electoral denunciado. Un recurso presentado por los perjudicados ante los jueces señala que el director de la compañía auditora veía, así, “comprometida su objetividad e independencia para llevar a cabo un dictamen, aunque sea de parte, en el que se ve obligado a peritar sobre su propio trabajo y el de su empresa, el cual ha quedado en entredicho en el presente proceso”.

Pero no son las únicas irregularidades: si las principales auditoras habían rehusado participar en el control de las elecciones porque la votación electrónica no se puede fiscalizar, Agtic no solo lo hizo, sino que identificó a los propietarios de los terminales que habían votado y les llamó por teléfono. “En un proceso electoral, no puedes identificar al que ha emitido un voto, porque estás revelando datos. Ya veremos si acudimos también a la Agencia de Protección de Datos (APD) para poner en su conocimiento este hecho”, explica a El Confidencial una de las partes en litigio.

En el recurso contra el informe de Agtic, hay un apartado relativo a esta cuestión: según la acusación, Agtic, como perito, “lejos de exponer las cuestiones técnicas para las que se supone que fue contratado por la Administración demandada, se dedica a defenderse a sí mismo y el buen trabajo que hizo en su etapa de auditor de las elecciones a la Cámara”.

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Agtic no se quedó solo ahí: para refuerzo de sus argumentos, presenta una tesis doctoral, lo que es calificado de “insólito”. “Quizá si en vez de adoctrinarnos jurídicamente se hubiese limitado a exponer hechos y conocimientos técnicos, las referencias al mundo académico de las facultades de derecho le hubiesen resultado prescindibles”, dice uno de los recursos presentados. También destacan los perjudicados que la propia auditora reconoce que “una interpretación jurídica rigurosa no los ha de considerar votos nulos” (refiriéndose a los sufragios desechados de las candidaturas rivales a la independentista) e ironizan que “debería habérselo comunicado a su cliente, es decir, a la propia Administración demandada”.

Concluyen los demandantes que existe una incompatibilidad de esta empresa para auditar su propio trabajo. "El señor R. ha sido el director del equipo de la auditoría. O sea, el máximo responsable, como él mismo reconoce, y consiguientemente está absolutamente incapacitado para llevar a cabo un dictamen, aunque sea de parte, y para peritar sobre su propio trabajo, el de su empresa y el de su equipo".

Según los papeles entregados en los juzgados, “Agtic es una empresa que trabaja habitualmente con la Generalitat y otras administraciones públicas”, y critican que en su dictamen afirme que “no tiene vinculación económica ni personal o profesional con el Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, la Cámara, la compañía mercantil Scytle [la contratada para el proceso del voto electrónico] o las partes demandantes en esta causa”.

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Ante esa afirmación, los demandantes señalan que “la realidad es que Agtic y el señor R. tienen y han tenido vinculación económica y profesional con la Generalitat. ¿Quién ha pagado el contrato negociado de auditoría de las elecciones de la Cámara que fue adjudicado a Agtic sino el propio Departamento de Empresa de la Generalitat?”. Le recuerdan, así, al director de Auditorías de Agtic que “él cobró del Govern el trabajo de auditoría de las elecciones de la Cámara y cobra ahora por un dictamen técnico de perito”. Para mayor inri, aportan un pantallazo con los clientes de la compañía, entre los que figuran la Generalitat, la Cámara de Comercio de Barcelona y Scytl. Para rematar el recurso, los denunciantes acusan al peritaje de Agtic, encargado por la Generalitat, de “parcialidad, falta de objetividad e independencia, amén de incluir un planteamiento jurídico que está prohibido por el Tribunal Supremo”.

Protestas masivas

El escrito de Fiscalía y la información al respecto de El Confidencial provocaron un alud de protestas en el mundo independentista. La portavoz de JxCAT en el Congreso y futura candidata de esta formación a presidir la Generalitat, Laura Borrràs, zanjaba el tema con dos tuits: el primero llevaba el titular de la noticia y la expresión “¿De quién depende?”, refiriéndose a la Fiscalía. Otro tuit posterior señalaba: “Qué fuerte, pero no podrán con nosotros”.

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Marta Madrenas, alcaldesa de Girona, jugaba con el titular de El Confidencial que decía "Fiscalía afirma que Canadell ganó en la Cámara de Barcelona de forma ilegal". “No he entendido si dice ‘Fiscalía afirma’ o ‘Fiscalía afina’…”, tuiteó la también diputada. El propio Joan Canadell se dedicó a retuitear multitud de mensajes que criticaban la denuncia de Fiscalía y que, por ende, le defendían a él.