Dos candidaturas a la Cámara denuncian el control de Torra y piden anular la votación

El Gobierno catalán controló muy de cerca los votos emitidos en el proceso de elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona a comienzos del pasado mes de mayo, que terminó ganando la candidatura Eines de País, auspiciada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el Cercle Català de Negocis (CCN). Tanto la Administración como la empresa auditora del proceso tuvieron acceso a los votos de algunos de los electores e incluso llamaron por teléfono a algunos de ellos para explicarles posibles irregularidades en sus votaciones. Así se desprende de una denuncia de varios candidatos y de los informes realizados durante todo el proceso, a los que ha tenido acceso El Confidencial.

“De los nueve electores que aparecen en el censo, se ha podido contactar con dos. Una de las personas afirma no haber participado ni haber intentado votar. La segunda persona asegura que la persona de contacto del certificado no está relacionada con la empresa censada”, dice uno de los informes elaborados por la empresa auditora. En otro, se explica: “Dos personas afirman no haber votado, una tercera que lo delegó en un gestor y una afirma haber votado personalmente. La mayoría de empresas son de Terrassa y en los correos asociados vemos tres casos de una gestoría de Terrassa. Hubo 11 votaciones en un margen de 30 minutos”. Por ello, se propone excluir esos votos.

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En otro de los informes se excluye un puñado de votos. “Tenemos 27 certificados asociados a una única cuenta de correo (hechas las comprobaciones, la mayor parte de los NIF no están en el censo, parece que se hizo el intento de votar sin conocer la cualidad de elector de las personas). La secuencia temporal también indica que las personas no estaban presentes, ya que las conexiones en nombre de personas diferentes se producen en intervalos inferiores a dos minutos de manera consistente (sic). La mayor parte de los afectados son personas físicas de origen extranjero. No fue posible la verificación telefónica, pero de todas maneras el resto de los indicios son concluyentes. Estudio efectuado conjuntamente sobre esta IP y la número…”.

Votos chinos anulados

En un informe sobre 56 votos anulados, la empresa auditora determinó que examinó una muestra baja pero que “los otros datos confirman los motivos de expulsión”. Entre las características de estos electores figuraba que “la mayoría son sociedades limitadas de propietarios chinos”. En otro grupo de 17 votos, señala el acta que “se ha podido contactar con una persona, que no conoce el proceso de votación y niega haber participado”. En el análisis de las entidades, detalla que “todos son personas físicas chinas, nueve de ellas no figuran en el censo”. Pero anula todos sus votos. Lo mismo ocurre con otro grupo de 51 empresas o autónomos, que tras ser contactados por teléfono admitieron no haber participado en los comicios o haber dejado esa responsabilidad al gestor. “Todas las personas tienen nombres de origen chino o similar, actuando en nombre propio o en representación de empresas”. Resultado: todos los votos anulados.

En ocasiones, se anularon cientos de votos porque en dos horas y media votaron 205 electores y, aunque no pudieron localizar ningún testigo, “parece que se ha podido hacer desde la gestoría”.

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Este exhaustivo control ha alarmado a algunos de los candidatos integrantes de las diferentes listas que competían en esos comicios. En parte, porque la auditora estaba vinculada, afirman, a la patronal Pimec, que concurría por una de las candidaturas y, además, mantiene unos posicionamientos de clara oposición al ‘procés’ independentista. Por otro lado, llama la atención el hecho de que “se revele la identificación de votos y se vinculen determinadas IP con votos electrónicos. Es inconcebible que se llame por teléfono a los electores. Eso quiere decir que se ha revelado su identificación”, denuncian a este diario fuentes de algunas candidaturas. Otra de las fuentes consultadas explica que es “como si en una urna, a la hora de contabilizar los votos, el presidente de la mesa se dirige a uno de los presentes y le vincula con uno de los votos, cuando el voto ha de ser secreto”.

Ante este hecho, dos de las candidaturas, las encabezadas por Carles Tusquets y Ramon Masià, presentaron un requerimiento ante el Consejo de Cámaras para que anule las elecciones basándose en que la compañía Scytl, que prestó la infraestructura para la contabilización de voto, incumplió el contrato. De hecho, el escrito de denuncia va firmado por 21 candidatos integrantes de esas listas.

“Esto no hubiera pasado con una doble encriptación. El Consejo de Cámaras debe tomarlo en cuenta, porque esto está pagado con fondos públicos y Scytl tenía un mandato del auditor y de la Generalitat”, explican las fuentes citadas a El Confidencial.

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Las irregularidades

En el requerimiento, los denunciantes exponen que es primordial asegurar la privacidad de los votantes y el carácter secreto del voto. Por ello, denuncian como incumplimientos que el proceso de votación electrónica remota no cumple con la normativa al no autentificar “de forma robusta”. También hacen hincapié en que el proceso de votación incumple la normativa al discriminar a los electores por el tipo de votación, ya que discrimina entre los que utilizan el voto remoto y el voto presencial.

Asimismo, argumentan que las anulaciones de votos “en base a la dirección IP de forma arbitraria” incumplen la normativa. Fuentes de los denunciantes explican a este diario cómo votos aceptados fueron emitidos desde una gestoría mientras se anulaban otros votos por ser emitidos precisamente desde otra gestoría. “Esta aceptación crea un precedente de arbitrariedad absoluta, contraria a toda actuación administrativa”, explican. Otra actuación irregular fue permitir votar por una empresa que desistió, como la Fundación Esade, que a pesar de que no se presentaba obtuvo 14 votos. Por último, denuncian “la vulneración de la protección de datos personales”. Y subrayan: “La empresa Scytl ha incumplido, ya que ha conocido quién era el votante de las IP, y en especial de los votos de las IP anuladas”.

El escrito señala que todos los incumplimientos “ponen de manifiesto la flagrante, grave, múltiple, reiterada e intensa vulneración de la normativa vigente” y solicita la anulación de todo el proceso de elecciones. Paralelamente, se presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).