LA BATALLA POR EL CONTROL DE INSTITUCIONES

Por qué el independentismo lucha por controlar las cámaras de comercio catalanas

Su ascendencia entre instituciones financieras e industriales de medio mundo sería puesta al servicio del 'procés' para convencer al mundo de la necesidad de la ruptura de Cataluña con España

Foto: El abogado y aspirante a presidir la Cámara de Comercio de Barcelona Ramón Masià. (EFE)
El abogado y aspirante a presidir la Cámara de Comercio de Barcelona Ramón Masià. (EFE)

El asalto del independentismo a las cámaras de comercio catalanas no es gratuito. Es una de las operaciones estratégicas más grandes del soberanismo en los últimos años. Pero su objetivo último no es solo estar presente en una institución con acceso a miles de empresas, sino hacerse con el control de los importantísimos fondos económicos europeos que llegan a esta institución y, sobre todo, poner a su servicio el prestigioso gabinete de estudios de la Cámara de Comercio de Barcelona, que serviría para validar la independencia. Su ascendencia entre instituciones financieras e industriales de medio mundo sería puesta al servicio del ‘procés’ para convencer al mundo de la necesidad de la ruptura de Cataluña con España.

El programa de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que cuenta con el apoyo del Cercle Català de Negocis (CCN), la Fundació Catalunya Estat y la plataforma Sobirania i Justícia, no deja lugar a dudas. Su eje primordial es “comprometer a las Cámaras con la implementación de la República Catalana y la soberanía fiscal, desvincular nuestra economía de los poderes fácticos centralizados (Ibex 35, Llotja, Bernabéu) y rediseñar el sistema de infraestructuras clave (aeropuerto, puerto, trenes, generación de energía, comunicaciones…) y fomentar las infraestructuras con el resto de los Països Catalanas (autovía del Mediterráneo, ferrocarril a Alicante, ferris con las Islas y eje Toulouse y Montpelier). Asimismo, su intención es “racionalizar la estructura interna de las Cámaras y evitar el presidencialismo” y “fomentar la recuperación de un sistema bancario propio, el sistema de cajas de ahorros y un índice bursátil de valores catalanes”.

Los soberanistas consideran que se juegan mucho y han distribuido vídeos con personajes famosos para reclamar el voto de los empresarios. Además del actor y productor Joel Joan (que protagoniza el spot principal, en el que se mezclan imágenes de cargas policiales el 1-O con imágenes de las empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña), los independentistas han desempolvado al juez Santi Vidal, el redactor de la polémica Constitución Catalana que daba conferencias en las que explicaba cómo el Govern se saltaba la ley para romper con España. Vidal ha reaparecido en las redes solicitando el voto para la candidatura independentista a las cámaras. “Que estas herramientas estén al servicio del pueblo de Cataluña es un deber de todos los soberanistas. Conseguirlo solo depende de tu voto”, dice. También se han distribuido vídeos en los que piden el voto Lluís Llach, Ramón Cotarelo, Joan Lluís Bozzo, Enric Majó, Lloll Bertran, Ramon Folch, o Miquel Àngel Pascual, entre otros.

Cambio de reglas del juego

Las elecciones a las cámaras se celebran durante estos días. Las empresas y autónomos pueden votar con certificado digital hasta el próximo 7 de mayo. El día 8, en Cataluña podrá realizarse el voto presencial, pero solo de modo electrónico, ya que la Generalitat ha cambiado las reglas del juego y ha prohibido tanto el voto por correo como el voto en papel. Fue una de las primeras medidas que llevó adelante el actual ‘president’, Quim Torra.

Esta circunstancia ha provocado un alud de críticas y de recursos judiciales, ya que el voto electrónico –sin la doble identificación, que lo haría más seguro- es fácilmente falsificable. De momento, ya hay una empresa que interpuso una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidiendo la anulación de la normativa del Gobierno catalán porque conculca sus derechos de voto por correo.

Con la normativa de la Generalitat solo están de acuerdo los independentistas. Toda la estrategia soberanista es digital. Los hombres de Carles Puigdemont y Quim Torra se mueven mejor en el ciberespacio que en la administración normal. Lo cierto es que el sistema impuesto, al carecer de la doble identificación, es poco seguro.

Además, hay otro problema añadido: la ANC y el candidato Enric Crous, uno de los aspirantes a presidir la Cámara de Barcelona (y que cuenta con el apoyo de la patronal Pimec) han solicitado a empresas y autónomos que cedan su certificado digital a un gestor para que sea éste quien vote por ellos. Eso ha provocado denuncias de los restantes candidatos: Carles Tusquets y Ramon Masià. Ambos coinciden en que el voto es personal e intransferible y la delegación de voto es ilegal.

Masià ya interpuso un recurso de reposición ante la Generalitat para poder tener interventores y vigilar todo el proceso. El recurso pedía que la candidatura pudiera tener interventores que pudiesen controlar el escrutinio y la votación, pero el Govern desestimó ese recurso. Ante ello, este lunes se presentará una denuncia ante el TSJC pidiendo la anulación de la normativa porque no garantiza la limpieza de las elecciones ni permite controlar la pureza de la votación. Nadie sabe cómo ni quién contabiliza los votos.

¿Suplantación de identidad?

Desde las filas de Tusquets se asegura también que aunque la propia Generalitat advirtió por dos veces la ilegalidad de solicitar la cesión de voto, “el candidato Crous y la ANC lo siguen pidiendo desde sus páginas web. Y ahí puede haber un delito de suplantación de identidad”. Por si fuera poco, si interviene la Agencia de Protección de Datos, podrían tener problemas los gestores que utilizan el certificado digital de un tercero, pero también los empresarios o autónomos que prestaron su certificado digital.

La Generalitat, en cambio, asegura que no habrá suplantación de identidades y que el sistema fomenta la simplicidad del voto. Es cierto, pero también facilita la suplantación. “Con el voto presencial en papel, tú puedes controlar que no se haga trampa, porque los votos que se saquen de la urna se contabilizan en director y ya está. Con el voto electrónico, no sabes quién va a contabilizar los votos ni cómo. Y si no es voto presencial, ni siquiera sabes quién ha votado, ya que no se exige la doble identificación que en un mecanismo similar se suele aplicar”, explican a El Confidencial fuentes de la candidatura de Ramon Masià.

La Generalitat asegura que no habrá suplantación de identidades y que el sistema fomenta la simplicidad del voto, pero facilita la suplantación

También existe otro foco de conflicto: la Generalitat contrató a una empresa auditora para controlar que no haya votos cedidos. Pero esa firma auditora está presidida por el mismo auditor que utiliza la candidatura de Crous para solicitar la cesión de la certificación de voto. “Es intolerable esa dualidad. Jordi Macias tendrá que decidir si hacer de auditor o de firma profesional. ¿Procederá a la nulidad de todos los votos en que haya intervenido su firma?”, critican los rivales.

A pesar de que las cámaras son órganos territoriales, en la Cámara de Comercio de Barcelona hay más de 15.000 empresas que no tienen su sede en esta ciudad: más de 10.000 están en otras partes de España (tienen derecho a voto unas 5.000 empresas con sede en Madrid y un millar con sede en Valencia, pero tienen actividad y centros de producción en Barcelona). Ante esta circunstancia, el mundo soberanista está preocupado. Joan Canadell, uno de los candidatos e impulsor del CCN, hacía un llamamiento al mundo independentista hace unos días para movilizarse y copar las instituciones. “Si no eres empresario, ayúdanos movilizando a 10-20 empresarios a votar. Familiares, amigos, comerciantes de confianza… Apúntate al canal Eines de País [el nombre de la candidatura] y haz campaña. Solo ganaremos si hay una alta participación y la tendremos si nos ayudas. ¡Hemos de ganar sí o sí!”, clamaba. Es mucho lo que hay en juego.

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