"La Junta de Andalucía no puede sustentar la ficción de que va a haber agua ilimitada"

España afronta la mayor sequía en una década, aunque hay zonas especialmente afectadas, como Cataluña y Andalucía, con la cuenca del Guadalquivir como la más afectada por la escasez de agua. En ese contexto el Gobierno central y la Junta de Andalucía llevan semanas enfrascados en una pugna que arrancó con el impulso de PP y Vox a la ley de ordenación de los regadíos del entorno de Doñana en el Parlamento andaluz. El responsable de las conversaciones por parte del Ministerio de Transición Ecológica es el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ahora también es la punta de lanza de Moncloa tras el último capítulo de esta guerra del agua: el proyecto de urbanización de lujo en Trebujena que el Ejecutivo central ha frenado en seco con un informe desfavorable.

PREGUNTA. ¿Cómo de grave es la sequía que afronta España?

RESPUESTA. Hay dos puntos especialmente preocupantes, Andalucía y Cataluña. Desde hace meses se vienen poniendo en marcha restricciones en el uso del agua, pero España cuenta con un sistema de gestión hidrológica muy robusto, con capacidad para dar respuesta a situaciones de estrés hídrico que son recurrentes en nuestro país. Eso nos ha permitido dotarnos de herramientas de gestión con capacidad para garantizar la disponibilidad de agua en situaciones como las que en estos momentos vivimos. Con carácter general no hay un riesgo, ni a corto ni a medio plazo, de falta de abastecimiento de agua para los usos urbanos, para los usos prioritarios que se establecen en la legislación. Pero hay que aplicar todas las medidas de uso adecuado y de reducción de consumos para que no se haga un uso de agua más allá de lo estrictamente necesario.

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P. ¿A qué se refiere con medio plazo?

R. El año pasado por estas fechas se anticipaba una situación complicada, pero al comienzo del año hidrológico 22-23 hubo un periodo de aportaciones naturales que permitió salvar la situación crítica. Llegaremos a octubre, al inicio del siguiente año hidrológico, confiando en que las lluvias respeten el comportamiento meteorológico normal, tendríamos esa recuperación que naturalmente se produce.

P. Entonces, ¿se pueden descartar los cortes de agua?

R. Los grandes sistemas de abastecimiento cubren al 90% de la población y tienen capacidad para poder gestionar esta situación sin problema. Puede ocurrir, y ocurre de forma recurrente, que en las zonas que están fuera de esos sistemas generales puedan tener problemas de abastecimiento si no llueve. Y habrá que suplirlo con aportaciones externas. Menos del 10% de la población podría tener ese riesgo, sobre todo en pequeños núcleos dispersos que dependen básicamente de fuentes naturales, como manantiales o arroyos superficiales.

"Quien pretenda lanzar respuestas sencillas a problemas complejos de esta envergadura lo único que está generando son falsas respuestas"

P. ¿Es la sequía más importante desde la que hubo en la primera mitad de los 90?

R. Hubo un episodio entre 2008 y 2011 y estamos en esa misma situación. En 2008 se planteó incluso la necesidad de aportar agua desde el Ebro para garantizar el suministro a Barcelona. Llegó a aprobarse la obra de conducción, que finalmente no se ejecutó porque llegaron las lluvias y la situación se resolvió. Es un episodio de los que experimenta nuestro país cada 10 o 12 años. La situación excepcional se da en el Guadalquivir, que lleva encadenados prácticamente 10 años, en los cuales las aportaciones que recibe la demarcación están por debajo de las extracciones que se producen. Es decir, de la demanda. Y lo que provoca es que la capacidad de respuesta se va aminorando en la medida en la que nunca se llegan a reponer el 100% de las necesidades.

P. ¿Cuál es la solución?

R. No hay una solución mágica. Quien pretenda lanzar respuestas sencillas a problemas complejos de esta envergadura lo único que está generando son falsas respuestas. Esta situación probablemente se vaya convirtiendo en estructural, por lo que tenemos que adaptar nuestro protocolo de interrelación social con el agua a ese nuevo escenario. Eso pasa por tres elementos. Primero está el ahorro. Como país tenemos que acentuar el esfuerzo para adecuar nuestros usos del agua a los estrictamente necesarios. Luego está la eficiencia, que puede acompañar al ahorro. Si la gestión es eficiente no va a haber un desperdicio de agua. Tenemos redes urbanas que superan el 40% de pérdidas de agua, eso no se lo puede permitir un país como el nuestro. La tercera respuesta es la reutilización. Somos el país de Europa que más agua reutiliza, pero solamente lo reutilizamos el 10% del agua del ciclo urbano. En el Real Decreto Ley de Medidas contra la Sequía hay una adaptación de la Ley de Aguas para mejorar nuestra capacidad de regeneración con la vocación de llegar en el 2027 a duplicar la capacidad y pasar de algo más de 400 hm³ al entorno de los 1.000 hm³.

P. Pero con este escenario, en zonas como el Guadalquivir, el terreno agrícola no hace más que crecer. Y se lleva la mayor parte del consumo de agua.

R: La planificación del desarrollo agrario de nuestro país arranca en un momento previo al conocimiento que tenemos ahora sobre los impactos de cambio climático. Nuestro primer plan de adaptación al cambio climático, que es de 2005, ya establece indicadores que alertan sobre la necesidad de adaptar la planificación agraria a la planificación hidrológica. Ahora podemos decir con rotundidad que por delante de cualquier otra planificación debe ir la planificación hidrológica. No podemos generar expectativas de necesidades de agua que superan la capacidad de respuesta. La agricultura, y especialmente el regadío, ha hecho un esfuerzo de modernización muy considerable. Somos uno de los países del mundo que más ha avanzado en materia de modernización de regadíos. Eso ha permitido reducir la necesidad de agua y debería suponer aumento de la capacidad de resiliencia en escenarios de sequía. Pero lo que ha ocurrido es que se ha incrementado la superficie de regadío, con lo cual los ahorros de agua necesaria para producir no se han traducido en un ahorro de consumo. Los últimos planes hidrológicos ya obligan a que una parte sustancial de los ahorros que se producen como consecuencia de la modernización de regadíos no puedan utilizarse en implementar nuevas superficies de regadío. Y hay que repensar qué cultivos son los que van a resultar viables en el escenario de cambio climático hacia el que vamos, tanto por la restricción de disponibilidad de agua como por las temperaturas, las condiciones climáticas o los fenómenos extremos. Nuestro país va a seguir sustentando una parte importante de su PIB en la actividad agraria, pero en una actividad agraria que va a tener que desarrollarse en un país distinto del que hemos conocido hasta ahora.

P. En este contexto, el Gobierno y la Junta de Andalucía andan enfrascados en una pugna por los regadíos en el entorno de Doñana.

R. En Doñana hay algo que es irrefutable y es que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga al conjunto de las administraciones. Y la Junta de Andalucía no puede ser una excepción. No puede eludir su obligación de respetar, ejecutar y aplicar una sentencia que es firme. La Junta, al igual que hace cualquier gobierno responsable, debe entender cuáles son las proyecciones que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) viene haciendo desde hace ya varias décadas. Asumirlas, incorporarlas a su plan de gestión y no sustentar una ficción que parte de que va a haber agua ilimitada en el futuro. En estos momentos no hay agua suficiente para sustentar algunos proyectos de megaurbanizaciones, nuevas superficies de regadío o campos de golf. Y la tendencia es que va a haber menos agua en el futuro. Seguir instalados en un modelo de desarrollo económico que contradice radicalmente lo que dice la ciencia es conducir hacia el colapso.

P. Se entienden así las quejas del presidente andaluz, que desliza que la alternativa del Gobierno pasa por el decrecimiento de sectores que son básicos para el PIB andaluz como el turismo o la agricultura.

R. En absoluto. El trabajo que están haciendo prácticamente todos los países para adaptar sus modelos económicos va encaminado a buscar las oportunidades de desarrollo en actividades económicas y en generación de empleo. Pero no puede estar basado en un modelo de la década de los 50 o de los 60 del siglo pasado. Lo sorprendente es que la Junta de Andalucía, a estas alturas, todavía siga instalada en el modelo desarrollista de la década de los 60 o los 70 de nuestro país, cuando constatamos en el día a día que eso es absolutamente inviable.

"En estos momentos, la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras tiene problemas de agua"

P. La Junta de Andalucía asegura que la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras, en Huelva, es excedentaria y que tiene agua para acabar con los problemas de los agricultores en el entorno de Doñana y hacerlos compatibles con el futuro del espacio protegido.

R. En estos momentos, la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras tiene problemas de disponibilidad de agua. Solo hay que escuchar a los regantes de la propia demarcación, que advierten que hay que tener cuidado con llevarse el agua desde allí a otras demarcaciones. Necesitan el agua y la van a necesitar todavía más en escenarios de disponibilidad de recursos decrecientes. El papel lo aguanta todo, pero con papel no se riega.

P. ¿Ni cuando se culminen las infraestructuras que quedan por hacerse? Muchas son competencia del Gobierno central y están comprometidas desde hace años.

R. Las obras del túnel de San Silvestre van a comenzar en las próximas semanas, pero es una actuación pensada básicamente para garantizar el suministro de agua en Huelva capital. Los 19,99 hm³ previstos en el trasvase de 2018 necesitan una inversión de 40 millones de euros que acaba de aprobarse ahora en el Real Decreto ley. Pero esa agua aparece recogida en el Plan de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana y servirá para sustituir regadíos que en estos momentos cuentan con concesión de aguas subterráneas [del acuífero de Doñana]. En ningún caso para incorporar nuevas superficies de regadío. Es lo que ha dicho la Comisión Europea y lo que parece que la Junta de Andalucía no quiere entender. El recrecimiento de la presa del Agrio es exactamente para lo mismo. Los propios regantes que cuentan con concesión, que respetan la ley, que están en el entorno de Doñana, y hacen ahí su trabajo, están alertando permanentemente de que el crecimiento ilimitado de superficies va a provocar que no haya agua para los que ya están en estos momentos en una situación de perfecta legalidad del entorno. Se está generando una ilusión a mucha gente a la cual se le está engañando. Y es gente que, en la mayoría de los casos, va de buena fe, se lo cree. Eso, lógicamente, genera frustración social en el territorio. Es una tremenda irresponsabilidad por parte de quien tiene la obligación de gestionar desde la verdad.

P. ¿La presa de Alcolea tampoco es una solución?

R. Es una cosa también muy sorprendente. Cuando llegamos al Gobierno en 2018 nos encontramos con una obra que estaba parada. Cuando nos ponemos manos a la obra para intentar reactivarla nos encontramos con un documento de la Junta de Andalucía que dice, en 2019, que es previsible que las aguas que almacenaría la presa de Alcolea no reúnan las condiciones de garantía para usos agrarios y de abastecimiento. Es una obra que la propia Junta de Andalucía nos está diciendo que hay serios indicios de que luego no sirva para nada. Desde la aplicación del principio de precaución, encargamos un estudio al Cedex que dice que esa advertencia que hace la Junta de Andalucía tiene una alta probabilidad de que sea así. Nosotros no vamos a desplegar presupuesto público para acometer una obra que pudiese ser inútil para lo que se pretende. No tomaremos una decisión definitiva hasta que no sepamos si esas aguas son aptas o no lo son. La Junta de Andalucía encargó un informe a una consultora internacional que inicialmente planteaba que podría ser salvable la situación, pero en su conclusión definitiva dice que hay serias dudas de que esas aguas puedan ser aptas para los usos que se pretenden. Un gobierno responsable no va a enterrar un montón de millones de euros en una obra que no se sabe si va a tener alguna utilidad.

P. ¿No hay posibilidad de una salida negociada al conflicto por la ley de regadíos del entorno del parque nacional?

R. No es negociable porque hay una sentencia firme del Tribunal de Justicia de la UE. No sé qué concepto tiene el Gobierno de Andalucía en relación con el cumplimiento de las sentencias, pero en un Estado de derecho cuando las sentencias son firmes, se cumplen, no se negocian.

P. Entiendo entonces que la ley no se podría aprobar.

R. Se puede aprobar, pero eso significaría incumplir una sentencia y tendría que asumir las consecuencias finales, que ya ha advertido la Comisión Europea cuales serían. La activación de las medidas coercitivas correspondientes a respecto a alguien que ha incumplido una sentencia firme.

P. Se refiere a las multas.

R. Lógicamente.

P. ¿La compra de derechos de agua y de fincas junto al parque sería una salida aceptable para el Ministerio?

R. La Junta en este sentido está lanzando también un mensaje equívoco. A quién no tiene derechos de agua no se le pueden comprar.

P. ¿Por eso la ley aborda la recalificación del terreno para dar derechos de agua?

R. Efectivamente. Pero la cuestión es que hay una sentencia que dice que no se pueden dar.

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P. En el PSOE andaluz no todas las voces son igual de efusivas cuando defienden el rechazo a la ley. En 2021 los socialistas se abstuvieron en el Parlamento regional.

R. Tengo que remitirme al estado de tramitación actual de la ley y el voto del PSOE ha sido el que ha sido, en contra.

P. ¿Cuándo prevén acabar las obras pendientes para que el acuífero de Doñana deje de surtir a los regantes del Condado de Huelva?

R. Buena parte de las infraestructuras en estos momentos ya están en algún grado de ejecución. Es el caso la captación de Matalascañas, ya se están haciendo los trabajos de los sondeos para desplazar dos de los pozos de extracción. En otros casos ya se están licitando los proyectos o redactando los proyectos. Nuestra expectativa es alcanzar en el actual periodo de planificación, que llega al 2027, la ejecución de toda la batería de actuaciones que van encaminadas a recuperar la viabilidad ambiental de Doñana. Ese es el calendario que nos tenemos marcado.

R. ¿Por qué la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no ha parado antes el proyecto de urbanización de lujo en Trebujena?

R. Porque no es la CHG quien paraliza o no el proyecto. Las competencias en el dominio público marítimo-terrestre, que es donde se ubica este este proyecto, son de la Junta de Andalucía. Durante 20 años el proyecto ha estado ahí precisamente por las dificultades de su desarrollo, sin que las administraciones le hubiesen dado carta de naturaleza. Lo que tiene que explicar el Gobierno andaluz es por qué después de 20 años sin que ninguna Administración haya dado los permisos oportunos para su desarrollo lo hiciera el mismo día que se tramita en el Parlamento de Andalucía la iniciativa legislativa para la regularización de regadíos de Doñana. No entiende uno muy bien cuál es la estrategia de la Junta de Andalucía en este caso. El Gobierno de Andalucía en esto de los informes de la CHG va por barrios. En algunos casos quiere informes y en otros no. La Junta de Andalucía tiene colgada en su página web la cartografía de suelos inundables y sabe perfectamente que son suelos inundables. Lo único que puede hacer la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es certificarlo y, por lo tanto, este proyecto no puede desarrollarse.

"La dirección de la Junta contradice una sentencia del TJUE y los informes de la propia Comisión Europea"

P. Cuando el PSOE estaba en la Junta dio luz verde a la incorporación del proyecto al plan de ordenación urbanística de la Costa Noroeste de Cádiz.

R. Nunca se concedió el permiso para hacer ese desarrollo. De hecho, si es así, ¿por qué nunca se ejecutó? Cuando se concede el informe favorable es ahora.

P. En 2009 la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio aceptó una alegación del Ayuntamiento de Trebujena y la promotora del proyecto.

R. Sí, pero siempre sujeto a que los suelos sean compatibles y que haya disponibilidad de recursos hídricos. Eso no lo determina la Junta de Andalucía en aquel momento.

P. Entonces el suelo ya era inundable.

R. La determinación de suelos inundables, hasta donde yo conozco, es del año 2016. Una vez que se determina que ese suelo es un suelo inundable y que tiene unas limitaciones para las actividades que se puedan implantar no hay ninguna posibilidad. Legalmente es inviable. No entiendo cuál es la razón por la cual la Junta de Andalucía entiende que se pueden ampliar regadíos y que se pueden construir urbanizaciones, hoteles y campos de golf en el entorno de Doñana. En una dirección que contradice absolutamente una sentencia que es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los informes de la propia Comisión Europea y de la UNESCO. Es sorprendente que durante tantos años hayan estado ahí proyectos a los que nunca se les dio carta de naturaleza y al mismo tiempo se declare barra libre para todo tipo de actividades que van en contra de la viabilidad ambiental de Doñana.

"Con carácter general no hay un riesgo, ni a corto ni a medio plazo, de falta de abastecimiento de agua para los usos urbanos"

P. Pero Trebujena no es estrictamente Doñana ni el agua para este proyecto llegaba, en su mayor parte, del Guadalquivir, sino de la demarcación de Guadalete-Barbate.

R. Entonces entraríamos en una nueva contradicción. Si la aportación es del Guadalete-Barbate, ¿por qué necesita informe de la CHG?, ¿entonces es que se está pensando en que no sea solamente Guadalete-Barbate? Y entonces sí estamos hablando de en qué términos esto afecta a Doñana en su conjunto. Pero más allá de eso, de que el espacio natural de Doñana es el que es, y la ubicación física de este proyecto es la que es, pensar que en términos ambientales se puede marcar una raya en el en el mapa y decir que "de aquí para allá esto no afecta y de aquí para allá esto sí afecta" es desconocer cuál es la realidad medioambiental, que no entiende de líneas en el mapa, ni de barreras administrativas.