El Gobierno solo garantiza el abastecimiento del agua de las cuencas hasta septiembre

Los efectos de la sequía han ido escalando durante las últimas semanas en el ranking de preocupaciones del Gobierno, hasta convertirse en este momento en una de sus principales prioridades de actuación. Por el agravamiento de la situación, con consecuencias a corto plazo para el sector primario y por extensión en el precio de la cesta de la compra, y por las malas perspectivas de cara a los próximos meses, que han encendido las alarmas sobre las garantías de abastecimiento de agua. Fuentes de la cúpula del Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, aseguran que el Ejecutivo está en disposición de asegurar el abastecimiento de las cuencas hasta el próximo mes de septiembre, coincidiendo con el final del año hidrológico. Sin embargo, no descartan cortes en "zonas aisladas" durante el verano.

Las comunidades autónomas con peores perspectivas son Andalucía y Cataluña. Las mismas fuentes del ministerio llaman la atención sobre este último territorio, lamentando que la Generalitat no haya hecho los deberes en materia hidrológica, a pesar de que en 2008 se llegó a la situación de tener que enviar buques cisterna para abastecer el área metropolitana de Barcelona.

Desde el pasado 2 de mayo, casi medio millar de municipios catalanes sufre restricciones en el uso del agua y limitaciones en la dotación de litros por habitante. Con todo, desde la Generalitat se ha trasladado a la Administración central que están en condiciones de "responder" también en la garantía de abastecimiento hasta septiembre. En las comarcas cordobesas de Los Pedroches y del Guadiato, se está abasteciendo a la población a través de camiones cisterna por la sequía del pantano de Sierra Boyera, que abastecía a unos 80.000 habitantes, y la declaración de agua no potable de la alternativa que en un principio se buscó en el embalse de La Colada.

En abril, la precipitación ha sido solo del 22% del promedio normal y las temperaturas han estado una media de tres grados por encima de lo habitual, según Aemet. Las previsiones Copernicus apuntan asimismo a una primavera con temperaturas por encima de lo habitual y a un verano con temperaturas extremas, múltiples y prolongadas olas de calor. La reserva hídrica se encuentra al 48,9% de su capacidad, pero en las cuencas internas de Cataluña es del 25,6%, en la del Guadalquivir, del 24,4% y en la de Guadalete, del 26,8%. Algunas de las modelizaciones de la Aemet que maneja el Ejecutivo apuntan a posibles lluvias por encima de la media en agosto, aunque se evita el optimismo por si estas fuesen en forma de tormentas o gota fría, sin apenas incidencia en pantanos o acuíferos.

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Si bien la gestión del agua cuando llega a ciudades y regadíos es competencia autonómica y municipal, el Ejecutivo está declarando algunas zonas de interés general para poder intervenir y dotarlas de infraestructuras para garantizar el abastecimiento. En esta línea, el decreto contra la sequía aprobado este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario declara de interés general actuaciones para la construcción de desalinizadoras en Cataluña —una planta en Tordera, con un coste de 220 millones—, en Málaga y Almería —200 millones—, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones. Se ha dado también luz verde a Acuamed para licitar la construcción de nuevas plantas desalinizadoras alimentadas por parques solares fotovoltaicos con una dotación económica de 600 millones.

El nuevo decreto acelera la construcción de otras infraestructuras, algunas con carácter inmediato para las cuencas afectadas por la sequía. Se trata de bombeos de emergencia y adecuación de tomas para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses, para lo que se ha destinado un presupuesto estimado de 35,5 millones. Por otra parte, se modifica la ley de aguas para impulsar la reutilización de las aguas urbanas, con la perspectiva de que crezca un 150% (desde los actuales 400 Hm³ anuales hasta cerca de 1.000 Hm³ anuales en 2027). El objetivo es que llegue a representar el 20% del volumen de recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones.

La otra pata del plan antisequía se centra en las ayudas directas a agricultores y ganaderos para aliviar su situación. Las medidas de apoyo directo al sector agrario están cuantificadas en 784 millones. A los sectores ganaderos cárnico y lechero se destinarán 355 millones de euros, a la agricultura, 276,7 millones, y cinco a la apicultura. El decreto amplía también la subvención a los seguros agrarios ya contratados, hasta cubrir el 70% del coste de la póliza del seguro de sequía en los cultivos de secano, y contempla medidas de flexibilidad en la aplicación de la nueva PAC, como la ampliación hasta el 30 de junio del plazo de presentación de solicitudes de las ayudas.

El socio minoritario del Ejecutivo ha aplaudido estas medidas, aunque calificándolas de "insuficientes". Principalmente, "para evitar los cortes de agua en municipios rurales", según alertaba la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Para ello, reclamaba un plan de choque específico y más cambios en la ley de cara a "regular el procedimiento de cesión de derechos y revisar el sistema de concesiones". A través de su cuenta en Twitter, la también líder de Sumar ha apostado por poner en marcha "bancos públicos de agua" para hacer "un reparto más justo y razonable del agua".

Precios de los alimentos

Ante la previsión de que los regantes sufran este año una reducción de su dotación, se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua. Si el descenso de la dotación es del 40% al 60%, la reducción será de la mitad, mientras que podrá llegar al 100% si el descenso supera el 60%. Este plan de choque es complementario con otras medidas ya aprobadas, como la rebaja de 1.807 millones de euros en el IRPF a 828.000 agricultores y ganaderos, los 650 millones en ayudas directas extraordinarias destinadas a sectores ganaderos y cítricos para paliar el coste de fertilizantes o el fomento de los seguros agrarios con 257,7 millones de euros en 2022 y 317,7 millones en 2023.

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La preocupación en el Gobierno se ha elevado hasta el punto de que fuentes de la Moncloa se preguntan qué más les puede suceder esta legislatura tras tener que lidiar con la gestión de una pandemia, la erupción de un volcán y las consecuencias de una guerra a las puertas de Europa. "Se decía que ya solo podían venir los alienígenas, pero casi lo prefiero a esta situación", ironiza un ministro del ala socialista. Además de las consecuencias directas en el abastecimiento y el sector primario, desde el Ejecutivo comienzan a reconocer también su efecto en el encarecimiento de la cesta de la compra. "Es una cuestión de oferta y demanda", concluyen fuentes del Ministerio de Agricultura, admitiendo que la sequía va en detrimento de lo primero.