Moreno contrarresta la polémica de Doñana con su apuesta por el agua en la mayor sequía del siglo
El despliegue de obras hídricas de la Junta da argumentos al líder popular en una nueva denuncia contra la Moncloa. PP y PSOE mantienen la pugna sobre el parque natural con un cruce de cartas en Bruselas
En el Gobierno andaluz, no tienen intención de desviar el foco de atención de Doñana, pero sí pretenden darle la vuelta al relato. El principal instrumento para hacerlo es su apuesta por las infraestructuras hídricas, ya que en San Telmo están convencidos de que es la solución a una escasez de agua que va camino de convertirse en estructural en el sur de España. En el fondo, es justo lo que Juanma Moreno defiende para la zona del Condado de Huelva, obras que permitan la llegada de más agua, pero sin tocar el acuífero. Y ese es el relato que el PP intentará que llegue a Bruselas para evitar una nueva multa por el deterioro del espacio natural.
Moreno asegura que desde su llegada la Junta ha invertido más de 1.500 millones en obras hidráulicas, a lo que hay que sumar los 303 millones de los tres decretos de sequía aprobados en los últimos meses. Los 141 millones de los dos primeros están ya desplegados y las obras están al 80%. El tercero, que recibe luz verde la semana próxima, incluye más proyectos y 40 millones de euros para ayudas al sector agroalimentario. Hay que tener en cuenta que sendos estudios de la Universidad Loyola Andalucía y de BBVA Research han alertado del efecto negativo que puede tener la sequía en el PIB andaluz por sus consecuencias en dos sectores básicos para la comunidad, el primario y el turístico. Juntos, son un cuarto del total de la riqueza de la región.
En la Junta, insisten en que este trabajo lo hacen casi a pulmón y citan el único decreto de sequía aprobado por el Gobierno central y que está dotado con menos de 10 millones de euros. Esto, para el Ejecutivo andaluz, es una muestra de que la Moncloa “no tiene política de aguas”. Desde el Gobierno, rechazan esta crítica y cifran en 1.055 millones la inversión desplegada desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Ejecutivo. Aquí hay fondos para desaladoras en Almería, para las conducciones de la presa de Rules (Granada) y también para el entorno de Doñana, con 118 millones del plan que presentó Ribera el pasado otoño en ejecución en este ejercicio.
La apuesta de Moreno, que habló de la “legislatura del agua”, es un nuevo argumento en su apuesta por hacerse ver como defensor de los intereses de Andalucía. Destaca aquí el Plan SOS, con 4.500 millones hasta 2027 y 450 de ellos ya en uso previstos para este año. Es un nuevo capítulo de este intento del malagueño, que tiene precedentes, como su defensa de una mejor financiación para la comunidad o su empeño en reducir la presión fiscal. La respuesta de la Moncloa a su bonificación del impuesto de patrimonio, con la creación del tributo a las grandes fortunas, dio alas a esta estrategia, que se refuerza cuando el Gobierno lleva alguna norma andaluza al Constitucional, como ocurrió con el primer decreto de simplificación administrativa o la nueva ley del suelo.
En la Junta, señalan a Sánchez como culpable de la situación en Doñana por el retraso en las obras del trasvase aprobado en 2018
Pero el mayor choque de los que se han vivido hasta ahora tiene su origen en la ley de reordenación de los cultivos del entorno de Doñana. En la Junta, se esfuerzan en culpar al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE de la reacción airada de Bruselas y del propio problema. La tesis en San Telmo es que la situación en el humedal es responsabilidad de Madrid, porque no ha hecho las obras que debía para que llegasen los 19,99 hectómetros cúbicos del trasvase del Tinto-Odiel-Piedras al Condado de Huelva. Es cierto que las obras no se han hecho al completo, pero también que el Ministerio de Transición Ecológica no contempla ceder ni una gota de ese trasvase a los agricultores, sino a regenerar el acuífero de Doñana.
Cartas a Bruselas
Hay que recordar que es la segunda vez que la UE amenaza con multas a España por la intención de PP y Vox de regularizar más hectáreas de regadío en el entorno del humedal onubense. Pero la Junta insiste en que las comunicaciones de la Moncloa con la Comisión Europea y del PSOE en el Europarlamento han contaminado la visión de las autoridades comunitarias sobre esta ley.
A las críticas públicas que Teresa Ribera y el propio Pedro Sánchez han hecho tras tramitarse la proposición de ley, Moreno suma ahora la carta que el grupo socialista en la Eurocámara ha remitido a la Comisión. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Ramón Fernández Pacheco, ha acusado este martes al PSOE de mentir en su misiva, dirigida al vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, y al propio comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius.
El texto, divulgado por el dirigente popular y fechado el pasado jueves, asegura que la norma contempla la extracción de más agua del acuífero que nutre a Doñana y aumentos de los regadíos con “recursos del parque natural”. Es cierto que el texto que se tramita en el Parlamento andaluz no dice eso, sino que abre la puerta a recalificar determinadas fincas para que tengan derechos de agua, siempre que sea agua en superficie. Y recuerda que ese derecho debe concederlo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que depende del Ministerio de Transición Ecológica.
En Estocolmo, en un consejo de medio ambiente dedicado a la economía circular y a la protección del clima. Diálogo apasionante con la industria sobre cómo facilitar los cambios necesarios en el modo en que producimos y consumimos. Muy orgullosa de la participación de @ecoalf pic.twitter.com/GlLCP6XiZs
— Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) April 18, 2023
Es justo lo que defiende el grupo popular europeo en una carta remitida este martes a los mismos destinatarios y que lleva la firma del jefe de la delegación, el alemán Manfred Weber, y los eurodiputados españoles Dolors Montserrat y José Ignacio Zoido. Es la misma información que pretende trasladar Fernández Pacheco el próximo 3 de mayo en su reunión con el comisario de Medio Ambiente, a la que también acudirá la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.
La posición de la Comisión Europea pasa por insistir en que se respete la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno a cargo de Transición Ecológica, se ha reunido en los márgenes de la reunión informal de ministros de Medio Ambiente en Estocolmo (Suecia) con Virginijus Sinkevičius, comisario del ramo. Ha sido una “reunión larga, de unos 50 minutos, a la que se ha sumado también, además del comisario Sinkevičius, la directora general de Medio Ambiente de la Comisión, Florika Fink-Hooijer”, ha señalado una fuente del ministerio.
“El comisario ha dejado claro que la postura de la Comisión Europea respecto de Doñana es la misma que ya expuso Florika Fink-Hooijer en su carta hace unos días. No se ha movido nada”, ha señalado la fuente. En la primera carta, que data de enero de 2022, la directora general señaló su “inquietud y estupefacción” ante una propuesta similar. “Como ya advertí en mi carta de 31 de enero de 2022, la aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana. Por otra parte, la sobreexplotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío”, añadió Fink-Hooijer en una nueva carta fechada a finales de marzo.
Hace pocos días, la Comisión Europea volvió a insistir en la necesidad de cumplir con la sentencia del TJUE, y recordó que si es necesario puede tomar “medidas adicionales”. En un procedimiento de infracción como el existente sobre la cuestión de Doñana, el siguiente paso sería solicitar a la Justicia europea el establecimiento de multas diarias. “El comisario ha recalcado que la preocupación en Bruselas por lo que está haciendo el Gobierno de Moreno Bonilla es muy elevada”, ha asegurado una fuente del ministerio.
En el Gobierno andaluz, no tienen intención de desviar el foco de atención de Doñana, pero sí pretenden darle la vuelta al relato. El principal instrumento para hacerlo es su apuesta por las infraestructuras hídricas, ya que en San Telmo están convencidos de que es la solución a una escasez de agua que va camino de convertirse en estructural en el sur de España. En el fondo, es justo lo que Juanma Moreno defiende para la zona del Condado de Huelva, obras que permitan la llegada de más agua, pero sin tocar el acuífero. Y ese es el relato que el PP intentará que llegue a Bruselas para evitar una nueva multa por el deterioro del espacio natural.
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