La sentencia de Europa sobre Doñana que ha complicado los planes de Juanma Moreno

Los planes de Juanma Moreno sobre Doñana han comenzado a alterarse tras topar con Bruselas y con una sentencia en la que exige una especial protección y conservación de tres zonas del parque natural que se consideran de especial importancia para la UE, en aplicación de la directiva sobre los hábitats de la región. La resolución ya ha sido esgrimida por la Comisión Europea, precisamente el organismo que estuvo en el origen de aquel fallo, por el que se condenó a España en junio de 2021 al concluir que las "extracciones desmesuradas de agua subterránea" en el espacio violaban el derecho comunitario.

Todo comenzó hace más de una década por una iniciativa de WWF, que presentó una queja ante la Comisión, denunciando la extracción "abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana" con destino al cultivo intensivo de fresas. La organización de defensa del medio ambiente consideraba que la práctica se desarrollaba de forma ilegal ante la total inacción y los reiterados incumplimientos durante años de las autoridades españolas: los ayuntamientos de la zona, la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

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La última de las advertencias de Bruselas respecto al proyecto de ley en Andalucía sobre el regadío en Doñana, reflejada por escrito por el comisario europeo de Medioambiente, Virginius Sinkevicius, señala específicamente que el plan "podría contravenir la legislación medioambiental comunitaria" y que la UE tiene la obligación de garantizar con "todos los medios disponibles" que esta se respeta en España.

La proposición de ley que PP y Vox impulsan en el Parlamento andaluz con el aval del Gobierno de Juanma Moreno busca reordenar los cultivos en la llamada Corona Norte Forestal de Doñana. El objetivo al menos inicial era recalificar unas 750 hectáreas que se quedaron fuera del reparto que se aprobó en 2014 con el aval de Bruselas y que dejó a “unas decenas” de agricultores sin poder regar. La norma aboga por estudiar cada finca y convertir en regables aquellas que tengan derechos históricos de agua. Los recursos hídricos deben llegar en superficie una vez que culminen una serie de obras que todavía no tienen fecha, pero la concesión de los mismos no depende de la Junta, sino de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, adscrita al Ministerio de Transición Ecológica.

La sentencia de junio de 2021 dictaminaba que se había producido un incumplimiento por parte de las administraciones responsables de velar por el buen estado ambiental de Doñana, lo que está "provocando un grave daño a la biodiversidad".

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Avisaba de que España debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana. Durante el año 2009, la Comisión y el Parlamento recibieron varias peticiones que denunciaban el deterioro de los hábitats del Espacio Natural Protegido. En la zona, además de las áreas de conservación, se encuentran los terrenos de cultivo de frutos rojos, sobre todo fresa, más importantes de Europa. En gran parte, esas explotaciones se alimentan de la extracción de agua subterránea que, en muchos casos, rebasa los límites en determinadas áreas, lo que ha provocado un descenso del nivel progresivo en los últimos años.

Extracción excesiva para el cultivo de la fresa

La Comisión denunció porque consideraba que esta situación constituía un incumplimiento del Derecho de la Unión. En concreto, una infracción de la prohibición de deterioro impuesta por la Directiva marco sobre el agua, así como lo que respecta a diversos hábitats de las zonas de conservación que se han secado como consecuencia del nivel cada vez menor de las aguas subterráneas. También de la prohibición de deterioro contenida en la Directiva sobre los hábitats.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia estimaba parcialmente el recurso y consideraba que España había incumplido sus obligaciones al extraer de más en el Espacio Natural. Señala aquí dos aspectos. Por una parte, las extracciones de agua ilegales y, por otra, las destinadas al abastecimiento urbano incluidas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021, que no contenía información que permitiera determinar la repercusión de la actividad humana en las masas de agua subterránea de la comarca de Doñana. Otro de los puntos clave de la sentencia se centraba en la falta de previsión del Plan Hidrológico sobre medidas destinadas a evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos.