Arranca el juicio por la 'mini Malaya' del PSOE en la Costa del Sol que se vincula a Villarejo

Dos años separaron las primeras detenciones de los casos Malaya y Astapa. Las dos investigaciones que pusieron de manifiesto una corrupción latente en la Costa del Sol y que confirmaron la simbiosis existente entre una parte de la clase política local y empresarios del sector de la construcción. Una relación estrechada a través de la prevaricación, la malversación y el cohecho que este lunes sentó en el banquillo el entramado presuntamente tejido en torno al Ayuntamiento de Estepona y que acabó con el ingreso en prisión del entonces alcalde, el socialista Antonio Barrientos. Una investigación marcada por la presencia espectral del comisario José Manuel Villarejo, figura en la que los abogados defensores fundamentan su solicitud de nulidad de las actuaciones y que ha llevado al Ministerio Público a solicitar que se aborde durante las vistas su hipotética vinculación.

Quince años después de que fuese arrestado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Barrientos enfilaba a primera hora de la mañana de ayer el camino de entrada de la Ciudad de la Justicia de Málaga para afrontar la primera jornada de un proceso cuya instrucción ha recibido muchas críticas. La dilación de la causa, con numerosos cambios de juez instructor, y una criticada falta de medios humanos y materiales cuestionaron la capacidad de la Administración de Justicia de afrontar macroinvestigaciones. Esta situación ha sido muy criticada por los 50 imputados, que 12 años después de que comenzara el juicio de Malaya podrán defenderse de unas acusaciones que en total suman más de 200 años de cárcel.

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La Fiscalía, en su escrito acusatorio, que se extiende a través de 162 páginas, considera que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el Gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona (PES) creó una caja B en el consistorio para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio. La misma, según afirma el representante del Ministerio Público, se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios, “que naturalmente no estaban obligados a soportar ningún pago que les viniera impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales”.

Tales contribuciones se tradujeron en donaciones directas al ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales y en la asunción como gastos propios de las empresas de determinadas deudas que las concejalías o sociedades municipales mantenían con sus proveedores, se detallaba en el documento.

La Fiscalía y el juez instructor hicieron referencia a dos cajas B y C para mover el dinero

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona advertía de la presunta existencia de una llamada caja C, de la que supuestamente se beneficiaban “personas directamente relacionadas con el ayuntamiento y su entorno” para “recibir” regalos o pagos para sufragar gastos de campañas electorales. Entre los presentes relatados por el juez en su auto, destacan desde televisores, viajes, relojes de importantes marcas o abonos de consumiciones en establecimientos hosteleros —incluso de naturaleza sexual— hasta trasferencias de dinero por “una cantidad escandalosa con destino a cuentas de personas del consistorio o familiares”.

Las defensas, como es lógico imaginar, desmienten estos hechos. Los letrados del exalcalde, por ejemplo, siempre han afirmado que su cliente actuó “dentro de la legalidad” y remarcan que “nunca se ha enriquecido ni obtenido beneficio alguno, ya sea directo o indirecto”. En un escrito presentado en febrero del año pasado, cargaron contra unos informes policiales y de la Agencia Tributaria supuestamente “plagados de errores” y de los que destacaban su “falta de imparcialidad y sustento”.

Los abogados, además de afirmar que “no existió una caja B en el Ayuntamiento de Estepona”, recalcaron que, “salvo en alguna ocasión”, ninguno de los órganos de control municipal pusieron “reparos” a las operaciones aprobadas. Y recordaron que el dirigente socialista presentó hasta siete denuncias en la Fiscalía cuando tuvo sospechas de determinadas actuaciones que pudieran ser irregulares.

Conexión Villarejo

La línea de defensa de Barrientos adquirió vuelo mediático cuando hace tan solo tres meses presentó un escrito en el que destacaba un nombre: José Manuel Villarejo. Este movimiento fue consecuencia de una serie de informaciones en las que se hacía hincapié en la participación del comisario en la elaboración de informes presuntamente “falsos” sobre distintos casos de corrupción. Astapa era uno de ellos y las sospechas se hicieron extensivas al denunciante de esta presunta trama, el entonces concejal del PSOE David Valadez, que sustituyó a su compañero al frente de la alcaldía esteponera.

Villarejo, en unos audios aportados por un empresario, se jactaba de controlar el urbanismo de Estepona después de la operación policial, dando a entender que Valadez era una marioneta a sus órdenes. El regidor rechazó cualquier connivencia con el antiguo policía y lo cierto es que esa vía de investigación no había tenido mucho recorrido. Los abogados de Barrientos, no obstante, insisten en que “todo apunta a la manipulación del sistema judicial para la consecución por determinados mandos policiales de fines espurios”. Esta tesis volvió a ser remarcada en las últimas horas.

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Con este contexto arrancó este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga un juicio cuyo primer acto se representa a lo largo de seis días y en el que las distintas partes presentarán las cuestiones previas, así como las posteriores alegaciones que tengan cabida en este apartado.

La jornada inicial concluyó con sorpresa, después de que la Fiscalía indirectamente diese peso a la hipótesis de las defensas y solicitara la inclusión de un nuevo bloque para que se dirima durante la vista oral la legalidad del origen de la investigación por la presunta implicación de José Manuel Villarejo. El fin, según manifestó en sala su representante, es facilitar el desarrollo de las otros 10 capítulos planteados originalmente y posibilitar testificales y pruebas documentales solicitadas por las partes personadas. Los letrados de los acusados han sido más contundentes y durante su intervención han solicitado la nulidad íntegra de la causa al entender, entre otras cosas, que las escuchas telefónicas o los registros no estaban justificados.

El fiscal ha pedido el sobreseimiento de dos acusados al prescribir los cargos contra ellos

Las vistas se retomarán a partir del 7 de marzo todos los lunes, martes y miércoles. Como ya ocurriera con Malaya, el proceso se divide en bloques con el objetivo de agilizar el macroproceso. El primero que se debía enjuiciar gira en torno a los convenios urbanísticos y habrá que esperar hasta el apartado octavo para que se trate la supuesta financiación ilegal de partidos políticos. Aunque el nuevo escenario, con la irrupción en el juicio de la figura de Villarejo, puede variar estos planteamientos.

Antonio Barrientos, para el que el fiscal solicita 10 años y nueve meses de prisión y 38 años de inhabilitación, está acompañado en el banquillo por otros exediles y empleados municipales. Se libró Patricia Rojo, hija del expresidente del Senado Javier Rojo. El Ministerio Público también ha solicitado el sobreseimiento libre respecto a dos de los procesados por prescripción del delito de cohecho que se les imputaba.