La Justicia rechaza una paga extra de 1.300 euros por no faltar al trabajo y ser puntuales

Un complemento de 1.300 euros por no faltar al puesto de trabajo y llegar a la hora establecida. Esta es la controvertida paga que durante años estuvieron percibiendo los empleados públicos del Ayuntamiento de Estepona y que el actual equipo de gobierno suprimió hace poco más de una década para reducir su millonaria deuda. Una decisión que los funcionarios están tratando de revertir con una cascada de acciones judiciales que los tribunales, por ahora, están rechazando.

La última resolución que rechaza esta controvertida paga la emitió el pasado 28 de julio el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Málaga. Es la decisión a un recurso interpuesto por cuatro trabajadores del consistorio contra un decreto firmado por el alcalde, José María García Urbano (PP), en el que desestimaba la reclamación de estos para que se les abonara el “programa de productividad de puntualidad y reducción del absentismo laboral correspondiente a los ejercicios de 2016 a 2019”.

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El artículo 11 del convenio colectivo del ayuntamiento especificaba que con esta prebenda se pretendía lograr “el estricto cumplimiento de los horarios establecidos y la disminución de la tasa de absentismo laboral”, lo que en opinión de sus impulsores —de la época en la que la localidad era gobernada por el PSOE— “se traducirá en un incremento del rendimiento de los empleados municipales y una mejora en la prestación de los servicios que tienen encomendados”. Este plus era disfrutado por la totalidad de la plantilla —funcionarios y personal laboral—y contaba con un presupuesto de 1,2 millones de euros anuales.

Para conocer el origen de esta nueva reclamación judicial hay que retrotraerse en el tiempo. Concretamente, a 2011, año en el que García Urbano sellaba un acuerdo con los sindicatos para cancelar un plus cuya cuantía original era de 1.300 euros y que se iba reduciendo por cada retraso o falta de asistencia al puesto de trabajo. La medida se extendería durante un periodo de dos años y formaba parte del plan de ahorro con que el consistorio quería hacer frente a la dura crisis económica que azotaba el país. Una situación agravada en este municipio por los cerca de 300 millones de deuda que la corporación heredó de los anteriores equipos de gobierno socialistas.

Un centenar de funcionarios tenía intención de reclamar el plus pese a los reveses judiciales

Cumplido ese plazo, y viendo que la economía general no mejoraba, las partes optaron por prolongar la suspensión otros dos años más y posteriormente se acordó que la medida se extendiese en el tiempo mientras ninguna de las partes se opusiese. Hasta el 2 de julio de 2019, fecha en que la mesa de negociación acabó con la transitoriedad y fijó su desaparición definitiva.

Esta decisión fue ratificada meses después por el que entonces era presidente del comité de empresa en sede judicial. Fue tras el proceso iniciado por un empleado municipal que trabajaba como músico y que reclamaba el pago de 1.465,98 euros correspondientes a este plus. El Juzgado de lo Social número 9 de Málaga, en una sentencia emitida el 3 de diciembre de ese mismo año, desestimaba la demanda y avalaba la extinción definitiva de la polémica paga.

Ofensiva judicial

A pesar de que los documentos que sustentaban el fallo y la contundencia del testimonio del presidente del comité de empresa, que parecían cerrar la puerta a futuras reclamaciones, el antecedente judicial que generaba esta resolución no provocó desaliento en futuros demandantes. Más de un centenar de empleados municipales, muchos de ellos policías locales, insistieron en que se les abonase el plus. La reclamación media rondaba los 5.500 euros y fue impulsada en febrero de 2020 por el sindicato CSIF. Sus representantes defendieron la legitimidad de este complemento porque “fue gestado por el propio ayuntamiento para enjugar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo de los empleados municipales, que año tras año veían cómo sus sueldos seguían congelados, pero el IPC se disparaba”. Y lamentaron “la campaña de desprestigio hacia ciertas fórmulas retributivas” utilizadas por los trabajadores “para compensar las décadas de congelaciones salariales”.

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Esta ofensiva judicial se tradujo en una decena de procesos iniciados por, aproximadamente, 50 agentes que reclamaban en total el abono de 295.143,63 euros por la paga de reducción del absentismo y que están empezando a obtener respuesta en forma de sentencia. La más reciente, a la que ha tenido acceso El Confidencial, es producto del juicio que se celebró el pasado 20 de julio tras la acción iniciada por cuatro funcionarios municipales.

Los requirentes solicitaban 1.424,81 euros del abono del complemento por cada uno de los ejercicios entre 2016 y 2019, algo que el magistrado “desestima en su integridad” al poco de empezar su fallo. A lo largo de cuatro folios desmonta el “ficticio edificio argumental” de los demandantes, que está construido sobre una “base inexistente”. Recuerda que “la negociación colectiva ha de estar sujeta (...) a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe, publicidad y transparencia”; pero en el caso de la aprobación de este plus en el pleno del 25 de septiembre de 2007, “como refleja el informe del letrado municipal”, no se publicó el acuerdo de ratificación. Entiende la autoridad judicial que la actuación negociadora y su contenido estuvieron orientados “hacia fines ajenos” a la obligada “solidaridad social” y que fueron sustituidos “por el mero beneficio de los funcionarios públicos”.

Estepona ha ahorrado 90 millones en 10 años por la eliminación de polémicos complementos

El consistorio, sostiene la sentencia, “se alejó del obligado sometimiento a la legalidad y la defensa de los intereses generales” cuando eludió la comunicación a la Administración competente y su posterior publicación. Y la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) establece que este último paso “es una exigencia verdaderamente esencial para la incorporación de las reglas del convenio, pacto o acuerdo al ordenamiento jurídico”.

El juez, no obstante, exime a los demandantes del pago de las costas del proceso “habida cuenta el complejo entramado de negociación construido por el propio Ayuntamiento de Estepona”.

Fuentes municipales explicaron que el coste anual de esta paga, unido al de las ayudas para prestaciones sanitarias —que incluían el pago de dentista o de gafas—, sumaba tres millones de euros anuales. Por lo que el ahorro en la última década por ambos conceptos se estima en unos 30 millones. A esto hay que sumar 60 millones tras el ERE que afectó a 176 empleados municipales y que en 2016 avaló el TS. Antes del expediente de regulación de empleo, en el consistorio había 1.362 trabajadores, un coste “excesivo e insostenible que llegó a superar el 90% de los ingresos municipales”, explicó la Administración local para justificar la medida.