El pago en prostíbulos con dinero público vuelve a marcar el inicio de la campaña andaluza

De forma precipitada, el 8 de octubre de 2018, Juanma Moreno citó a los medios de comunicación a una rueda de prensa improvisada en Sevilla. Los rumores apuntaban a que la entonces presidenta de Andalucía, Susana Díaz, iba a disolver el Parlamento para la convocatoria de elecciones. El popular, con ese acto de urgencia, dio inicio a la campaña electoral que terminó por abrirle las puertas de la Junta. La cita estaba cargada de simbolismo. Moreno compareció a las puertas del Don Angelo, un prostíbulo en las inmediaciones del Benito Villamarín y uno de los clubes de alterne en los que Fernando Villén, ex alto cargo del PSOE, pagó con tarjetas públicas. Era una derivada del caso Faffe, la trama de enchufismo que anidó en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo durante los gobiernos socialistas de Chaves y Griñán. Y ahora, cuando la comunidad vuelve a prepararse para una cita electoral, el fraude en el empleo andaluz vuelve a marcar el inicio del partido.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, dictó un auto este miércoles para la apertura del juicio oral contra Villén, el exdirector de la Faffe, y contra la que fuera responsable financiera de la entidad entre 2004 y 2011, Ana Valls. Se les acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos. El primero habría usado tarjetas públicas para el pago de 32.566 euros en diferentes prostíbulos, entre ellos el Don Angelo, y la segunda le habría ayudado a ocultarlo. La Fiscalía pide penas de cárcel de seis y cuatro años, respectivamente. Además, días antes de que Díaz convocase las elecciones tras las que el PSOE perdió la Junta, el Parlamento había aprobado una comisión de investigación sobre el caso, pero con la disolución de la Cámara los trabajos corrieron la misma suerte. Y ahora, una legislatura después, en función de la fecha que finalmente Moreno escoja para la celebración de las elecciones, los plazos podrían permitir un último pleno. Una sesión cuyo primer punto será la votación del dictamen de la segunda comisión de la Faffe, la celebrada con la llegada a la Junta del PP y Cs.

Moreno podría exprimir los plazos y permitir que se vote el dictamen de la comisión de la Faffe

Que la legislatura se despida con la votación de un dictamen que señala a Chaves, Griñán y Díaz como responsables políticos en el caso Faffe, aunque con distinto grado de responsabilidad, está en manos de Moreno. El presidente de la Junta ha reconocido en más de una ocasión que personalmente a él le beneficia más convocar en octubre y dejar que el Parlamento vote la resolución de la comisión de investigación, que el PSOE, en definitiva, quede señalado por un caso que PP, Cs y Vox han equiparado a los ERE. También, apurar hasta el otoño permitiría conocer la sentencia del Supremo sobre los ERE. Pero Moreno ha justificado la urgencia de convocar en junio por la necesidad de que Andalucía cuente con un nuevo presupuesto en 2023, por "el interés de la ciudadanía", y no por el suyo, según se ha molestado en remarcar en los últimos días.

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Y aunque la sentencia de los ERE no llegará antes de los comicios, ya que el Supremo aplazará la publicación del fallo en caso de adelanto para no interferir en el proceso electoral, Moreno sí que podría exprimir al máximo los plazos y dejar que el Parlamento acoja un último pleno esta legislatura. Esta posibilidad cabría si las elecciones se celebran el domingo 26 de junio, el último del mes. Sea como sea, el caso marcará el inicio de la campaña y aunque finalmente el PP deje pasar la oportunidad de que el pleno vote el dictamen de la comisión de investigación, Vox apretará. Los de Abascal ya pidieron la dimisión del líder de los socialistas, Juan Espadas, tras comparecer su mujer el pasado mes de septiembre en el Parlamento. Ella es una de las personas que se habrían beneficiado de la red de enchufes en la Faffe.

Pacto de no agresión

Precisamente, la comparecencia de Carmen Ibanco fue uno de los momentos que marcaron las sesiones. No tanto por lo que dijo, si bien no fue capaz de explicar cuál es el trabajo que desarrolla en el Servicio Andaluz de Empleo, sino por el uso que hicieron los partidos del momento. Si Vox no dejó pasar la oportunidad y despiezó la declaración difundiendo multitud de fragmentos en las redes sociales, y Ciudadanos, aunque en menor medida, también se recreó, el PP no quiso hacer sangre. "No haremos política carroñera", defendieron los populares aquellos días. Moreno impuso a sus parlamentarios una actitud de guante blanco. La consigna fue no personalizar el caso de corrupción en la mujer de Espadas.

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“Vamos a cargar muy duro en la comisión y en las conclusiones. El PP ha hecho un trabajo impecable, hay diputados que llevan años trabajando muy en serio en este tema y no vamos a dejar de demostrar lo que era la Faffe. La responsabilidad será del Gobierno que la contrató en un procedimiento claramente irregular, no de ella”, explicaron entonces fuentes del PP a El Confidencial. De hecho, este periódico pudo confirmar que la mano derecha de Moreno y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y el PSOE firmaron una especie de pacto de no agresión.