EL COMISARIO GRABÓ A UN DENUNCIANTE

Nuevos audios desvelan la intervención de Villarejo en un caso de corrupción del PSOE

Grabaciones y documentos del comisario a los que ha tenido acceso este diario revelan que participó en la operación Astapa, una macrocausa con epicentro en el Ayuntamiento de Estepona

Foto: Imagen: EC.
Imagen: EC.

El comisario Villarejo habría intervenido en el caso Astapa, una macroinvestigación policial que en 2008 desmanteló una trama corrupta dirigida desde el ayuntamiento malagueño de Estepona, controlado en esos momentos por el PSOE, el mismo partido que gobernaba España. El agente encubierto sostiene en grabaciones clandestinas que no habían trascendido hasta ahora que asesoró a los concejales socialistas que presentaron en 2006 la denuncia que provocó la apertura del caso. Dos años después, la Policía Nacional detuvo a empresarios y dirigentes de la formación, entre ellos, el entonces alcalde del municipio, Antonio Barrientos, por formar parte de una red que amañó supuestamente convenios urbanísticos a cambio de sobornos y donaciones ilegales a la formación.

Audios y documentos de Villarejo conseguidos por 'Moncloa.com' y a los que ha tenido acceso El Confidencial indicarían que el presunto cabecilla de Tándem aprovechó una guerra interna en el PSOE local para contactar con los dos principales denunciantes del escándalo, los ediles Cristina Rodríguez y David Valadez, y tratar de teledirigir así las pesquisas desde dentro. De los audios se desprende que el Ministerio del Interior que entonces dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba habría intentado hacer una voladura controlada del escándalo. Se da la circunstancia de que Valadez logró auparse a la alcaldía cuando Barrientos se vio obligado a dejar el puesto por su detención. A pesar del estallido del caso, el PSOE consiguió mantener el Gobierno del municipio hasta que el PP ganó las elecciones locales de 2011.

Imagen de los denunciantes Cristina Rodríguez y David Valadez en 2008.
Imagen de los denunciantes Cristina Rodríguez y David Valadez en 2008.

​"Vamos a contemporizar"

En uno de los audios, grabado el 4 de abril de 2009, menos de un año después de la primera fase de Astapa, Villarejo asegura que estuvo al tanto de los pasos que dio Valadez para que su denuncia prosperara. “David toma la decisión de denunciar un tema, tal y cual, es porque se ha curtido ya el tema mucho... Ha ido varias veces al partido a Sevilla. Le han dicho: ‘Hombre, vamos a contemporizar… No sé qué...’. Y claro, han empezado a venirle 'inputs' de Madrid, de embajadas, de tal, de qué… Y ha dicho: ‘Hostia, antes de que...’, ¿entiendes?”, relata Villarejo.

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La grabación habría sido realizada por él mismo y forma parte de los 32 terabytes de audios y otros archivos que incautó Asuntos Internos tras detenerlo, en noviembre de 2017. Su interlocutor en este fragmento es Antonio Vallejo, un abogado local también implicado en el caso.

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Según Villarejo, Valadez había acudido al PSOE andaluz para contar lo que estaba ocurriendo con el urbanismo en Estepona, pero nadie le hizo caso, una versión que avalan fuentes consultadas por este diario. Después de varios intentos, el edil socialista y su compañera optaron finalmente por presentar una exhaustiva denuncia ante la UDEF que posteriormente ratificaron ante la Fiscalía.

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En el mismo audio, Villarejo insinúa que en Madrid tomaron conciencia de que Valadez estaba dispuesto a llegar hasta el final y que, por ello, decidieron monitorizar sus pasos para tratar de hacer una voladura controlada de unas pesquisas que podían salpicar al PSOE. “A David le admiten las cosas porque… La gente se cree que las cosas ocurren espontáneamente y todo tiene, como todo el mundo sabe, un diseño. Entonces, a David le admiten las cosas cuando ya ven... que esto se puede en un momento, eh, eh… ‘Va a tomar unos derroteros diferentes, vamos por lo menos a canalizarlo nosotros y a dirigirlo nosotros”, pensaron supuestamente en Madrid, según Villarejo.

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Un nuevo audio con fecha 9 de marzo de 2009 demuestra que, efectivamente, Villarejo y Valadez se conocían. En la grabación aparecen ambos hablando con un intenso ruido de fondo. El sonido no es bueno, pero es suficiente para entender algunos pasajes. “Date cuenta, Pepe, la prudencia que he mantenido durante todo esto”, asegura Valadez, que continúa siendo en la actualidad secretario general del PSOE local. “Me parece que (…)”, le interrumpe el agente encubierto. “Por eso te digo. Absolutamente nadie. Es más, muchas veces ni mi propia mujer”, añade el entonces alcalde socialista. “Bueno, pero que (…) eso es importante que podamos mantenerlo nosotros y luego, las (…) son inevitables”, termina Villarejo.

Aparece Juan Antonio González, JAG

En otro momento de ese encuentro entre policía y denunciante, este relata cómo vivió la presentación de la denuncia: “El primer día (…) cuando llegué a Madrid, (…) la vida (…) sentado en una mesa, y empezar a llegar gente, y llegar gente. Allí temblaba hasta el alma y allí fue cuando lo conocí”. La persona a la que se refiere Valadez es Juan Antonio González, más conocido por sus siglas, JAG, comisario general de Policía Judicial en aquellas fechas y máximo responsable de aquella investigación así como de Gürtel, motivo por el que el PP lo consideró su bestia negra. Tuvo que dejar el cargo tras descubrirse que participó en una cacería con Baltasar Garzón y el entonces ministro de Justicia, Mariano Bermejo, para celebrar el éxito de la operación contra los populares. Valadez desvela en esa conversación que JAG también estuvo encima de Astapa. “Juan Antonio es muy buen tipo, es un amigo”, remacha Villarejo.

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A preguntas de este diario, Valadez admite haberse reunido en dos ocasiones con el comisario pero asegura que ambos encuentros tuvieron lugar después de que saltara el caso Astapa en junio de 2008 y que, antes de ese momento, ni siquiera lo conocía. Se reunió con él, según el denunciante de Astapa, a petición de un hermano de Villarejo, Pedro, que precisamente era párroco en esos momentos de una iglesia de Estepona. “Accedí porque me dijo que tenía un hermano que era policía y quería conocerme. No me pareció mal. Lo de las cloacas del Estado no se supo hasta años después”, afirma Valadez, que niega que el comisario interviniera en la génesis de la causa.

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El policía mantiene lo contrario en las grabaciones a las que ha tenido acceso este diario. En otra de ellas, del 21 de octubre de 2009, da a entender que recibió instrucciones para meterse en el caso. Lo cierto es que conocía bien el municipio malagueño. Tenía intereses desde hacía años en la Costa del Sol. Ya había participado meses antes en la operación Malaya. Además, su hermano cura podía proporcionarle contactos en Estepona. Del audio se desprende que desde la capital le pidieron que aprovechara sus tentáculos en la zona para inmiscuirse en las diligencias.

La segunda denunciante

No solo se habría reunido con Valadez. “No, pero además, yo te digo una cosa”, relata el policía en esta otra grabación. “Yo, antes de toda la bronca [el caso Astapa], la tuve que ver dos o tres veces, hablamos con ella. Como yo estaba por allí, me decían: ‘Oye, habla con estos y tal, algunas cosas...’. Esto, dentro del secreto entre abogado y… [risas] Y a mí me sorprendía porque... ‘Vas a ver a una chica abogada, no sé qué’. Cuando yo terminé, digo: ‘Me he debido de equivocar’. Porque tiene menos cultura que una moto. Además, no sabe nada de derecho. No sabe nada de nada”. La chica de la que habla Villarejo es la segunda denunciante del caso, la también socialista Cristina Rodríguez, abogada de profesión, y con la que también se habría citado, según afirma en este corte.

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En otro pasaje de la misma conversación, el comisario insiste en que actuó de asesor en la sombra en el origen de Astapa, algo que Valadez niega a este diario. “El 90% de toda esa… es como pinchar… Yo decía: ‘Joder, cuando esa habla conmigo [Rodríguez] que parece que la tía no me conoce y que parece no tiene ni puta idea ni de quién soy’. Ya veo que era transmitirle cosas y decidir cosas”. Pese a ese supuesto papel de supervisión, el nombre del policía no figura en ningún lugar del sumario.

Estepona ocupa un lugar destacado en la instrucción del caso Tándem. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional mantiene embargados al comisario 15 propiedades en el municipio malagueño, la gran mayoría situadas en la urbanización el Mirador de la Cala, en primera línea de playa. Los investigadores sostienen que el policía habría utilizado los inmuebles para blanquear fondos procedentes de las operaciones por las que está siendo investigado.

La hija de Javier Rojo

Por su parte, las pesquisas de Astapa llegaron a acumular casi un centenar de imputados y había motivos para que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se preocupara. En la primera fase del caso, fueron detenidos Patricia Rojo, hija del entonces presidente del Senado, Javier Rojo, que había ocupado el puesto de gerente de Urbanismo de Estepona a propuesta del PSOE, y el exsenador socialista Francisco Zamorano. Además, la trama habría costeado con donaciones ilegales un mitin del exministro de Defensa José Bono, en mayo de 2007, y un concierto de Estrella Morente dos meses antes en la fiesta de presentación de los candidatos del PSOE a las municipales.

Finalmente, la instrucción se cerró el pasado año con 51 procesados que, 11 años después de que estallara el escándalo, aún están pendientes de juicio. La hija del expresidente del Senado fue exculpada en 2017 pero la lista de exdirigentes al PSOE es alargada. También tendrán que sentarse en el banquillo sus socios en el Gobierno local, Partido de Estepona (PES, antiguo GIL), así como empresarios y constructores. Se les acusa de provocar un daño a las arcas municipales de 28 millones de euros y el Ministerio Público les reclama 75 millones en concepto de responsabilidad civil.

La Fiscalía considera demostrado que el PSOE se coordinó con el PES para firmar convenios urbanísticos con constructores por importes muy inferiores a los reales, provocando de ese modo un enorme agujero en las cuentas del ayuntamiento. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) también ha acreditado que, a cambio, los empresarios pagaron actos municipales y pagaron regalos, viajes y otros obsequios a los principales implicados, así como actos electorales de los dos partidos de gobierno.

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