El agujero de 4,4 millones que el PSOE dejó en el Parque de Bomberos de Estepona
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Sentencia judicial

El agujero de 4,4 millones que el PSOE dejó en el Parque de Bomberos de Estepona

14 años después, una sentencia obliga al actual equipo de Gobierno municipal a abonar los 3,6 millones impagados que suman las deudas e intereses de demora por las obras

placeholder Foto: Parque de Bomberos de Estepona. (EC)
Parque de Bomberos de Estepona. (EC)

“14 años después, esta ciudad tiene que pagar el Parque de Bomberos que el PSOE construyó, pero no pagó. El daño que hizo a esta ciudad fue inmenso. Fueron los protagonistas y artífices de la etapa más oscura y del pasado más aciago de esta ciudad”. Con esta dureza se expresó ayer el teniente de alcalde del área Económica del Ayuntamiento de Estepona, José María Ayala, tras dar a conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que insta a esta Administración local a abonar otros 3,6 millones de euros por unas instalaciones que acumulaban deudas impagadas que se aproximaban al millón y medio. Un quebranto económico para las arcas municipales que ha obligado a aprobar en el pleno celebrado este jueves un suplemento de crédito de 400.000 euros.

Esta partida económica complementará el fondo de previsión de sentencias desfavorables que puso en marcha el actual regidor, el popular José María García Urbano, cuando llegó a la alcaldía hace una década y observó la cantidad de procesos por impagos en los que estaba inmerso el consistorio. Un tiempo en el que el Parque de Bomberos estaba cerrado por las deudas que fueron acumulando o desatendiendo los equipos de Gobierno socialistas que le habían precedido.

Foto: Imagen: EC.
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Fuentes municipales consultadas por este periódico precisaron que este equipamiento se presupuestó en 2,3 millones de euros, de los que los dos últimos alcaldes del PSOE, Antonio Barrientos y David Valadez, únicamente abonaron 845.000 euros. Cuando el PP se convierte en 2011 en la fuerza más votada, intenta incluir el resto del montante en el Plan de Pago a Proveedores habilitado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para evitar el colapso de las administraciones locales, pero la constructora había endosado buena parte de esa deuda al Banco Popular y no cumplía los requisitos. No obstante, finalmente, lograron acogerse por un importe aproximado de 300.000 euros y esto facilitó que pudiesen abrir las instalaciones, que hasta ese momento habían permanecido cerradas.

Quedaron pendientes de abonar 1.202.413,32 euros de dos certificaciones de obra —emitidas el 26 de febrero y marzo de 2007— que fueron la base de un proceso judicial en el que ahora se ha sustanciado la sentencia firme. La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, a la que ha tenido acceso El Confidencial, estima el recurso interpuesto por la sociedad Trigemer S.A. a la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga y condena al Ayuntamiento de Estepona a abonar la deuda contraída hace 14 años.

La resolución judicial constata los "perjuicios económicos" sufridos por la empresa

El fallo constata que la empresa “ha sufrido perjuicios económicos” y concluye que “las certificaciones de obra tienen el concepto de pagos a cuenta y responden al derecho del contratista al abono de la obra que ejecute con arreglo al precio convenido”.

Pero si esta resolución supone un menoscabo de las cuentas del consistorio, que podría obligar a repensar proyectos e inversiones para afrontar los 400.000 euros de crédito aprobados, su impacto se agrava si tenemos en cuenta que la autoridad judicial obliga a sufragar otros 2,4 millones de euros correspondientes a los intereses de demora. Cantidades que suman 3,6 millones y a las que hay que unir los 845.000 euros pagados inicialmente para hacer un total de 4.445.000 euros. Casi el doble de lo que se presupuestó el Parque de Bomberos.

El precedente del hospital

Con esta son ya dos infraestructuras claves para Estepona que acaba pagando el consistorio y que fueron impulsadas por los socialistas desde distintas administraciones. La anterior es el Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) que en su momento prometieron Manuel Chaves, la entonces consejera de Sanidad, María Jesús Montero, y José Antonio Griñán, que finalmente metió el proyecto en un cajón.

Precisamente, el mismo año en el que se sellaban las certificaciones de obra que ahora deberá afrontar el ayuntamiento, la actual ministra de Hacienda vaticinaba que “las obras podrían iniciarse a finales de año y prevemos un periodo de ejecución de entre 24 y 30 meses desde la colocación de la primera piedra”. Pero, tras cuatro años de tramitación administrativa, el 15 de junio de 2011 la Junta de Andalucía renunciaba a construir un equipamiento sanitario que era una vieja reclamación de la Costa del Sol occidental.

José María García Urbanos, alcalde del municipio, que heredó una deuda de 304 millones de euros, decidió seguir adelante con el proyecto y en solitario ha conseguido que sea una realidad. El pasado mes de febrero la Administración autonómica se hacía cargo de la dotación y gestión del hospital.

Ayala recordó que, “10 años después de que pusiéramos en marcha un plan de ajuste y recuperación económica, todavía seguimos haciendo frente a la nefasta gestión económica de los socialistas”.

Foto: Proyecto de ampliación del Hospital Costa del Sol anunciado por la Junta de Andalucía en 2016.

Recordó que han logrado abonar 220 millones de euros pendientes de pago y “lo hemos hecho con austeridad, buena gestión de los recursos públicos y llevando a cabo paralelamente el mayor proceso de transformación y modernización de la ciudad”.

“Me pregunto cuánto más se podría haber hecho en la ciudad si no hubiéramos tenido que hacer frente a ese desastre económico”, manifestó el edil, que destacó que todas las obras y servicios contratados en la última década de Gobierno popular están pagadas: “Hoy, Estepona es un ejemplo de seriedad económica, no genera deuda y paga a sus proveedores en 10 días”.

Estepona ha pagado una media de 22 millones al año de deuda heredada

Las citadas fuentes municipales agregaron que “los anteriores gestores públicos, a la mala práctica de no pagar, sumaron la de realizar gasto fuera del presupuesto municipal, sin contar con partida para ello. Esto generó una deuda sin contabilizar que superó los 33,5 millones de euros de las denominadas como ‘facturas en los cajones’. El ayuntamiento ha dado por finiquitado este capítulo oscuro, reconociendo y abonando todas ellas”.

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