EL PSOE APOYA LA PROPUESTA NACIONALISTA, QUE SÓLO RECHAZA EL PP

El Senado gastará 120.000 euros para traducción simultánea del catalán, euskera y gallego

El plurilingüismo sigue vedado en el Congreso, donde José Bono sólo permite el uso del castellano como herramienta de trabajo. Pero el presidente del Senado, Javier Rojo, está a

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El Senado gastará 120.000 euros para traducción simultánea del catalán, euskera y gallego
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    El plurilingüismo sigue vedado en el Congreso, donde José Bono sólo permite el uso del castellano como herramienta de trabajo. Pero el presidente del Senado, Javier Rojo, está a punto de ceder a las presiones de los partidos nacionalistas para convertir la Cámara Alta en una torre de Babel, versión reducida, de cinco idiomas y decenas de intérpretes.

    A partir del próximo otoño, coincidiendo con el nuevo periodo de sesiones parlamentarias, el Senado estrenará un servicio de traducción simultánea para que los senadores que sólo hablen castellano puedan entender los discursos de quienes prefieran expresarse en catalán, euskera, gallego o valenciano.

    La iniciativa ha sido impulsada por Entesa Catalana de Progrés -el grupo parlamentario que aglutina a los tres partidos que sustentan al Gobierno catalán de José Montilla, más IU-, y saldrá adelante porque cuenta con el apoyo de todos los grupos, incluido el PSOE, y el único rechazo del PP. Su puesta en marcha supondrá un desembolso de al menos 120.000 euros anuales para la contratación de intérpretes.

    El Pleno del Senado debatirá hoy la propuesta, auspiciada por Entesa Catalana de Progrés y suscrita por 34 senadores, para impulsar una reforma del reglamento de la Cámara que permita el uso de las lenguas cooficiales. Si es aprobada, los parlamentarios de comunidades autónomas bilingües -Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares- podrán emplear esos idiomas en los plenos, comisiones y, como regla general, en la actividad cotidiana del Senado.

    Hoy, el primer trámite

    "La democracia cuesta dinero", señaló ayer a El Confidencial un portavoz de Entesa Catalana de Progrés para justificar la reforma del reglamento, que hoy superará sin sobresaltos el primer trámite de su toma en consideración gracias al respaldo del PSOE y todos los grupos nacionalistas. A partir de ese momento, el proyecto se debatirá en ponencia, luego en comisión y, por último, será aprobado por el Pleno del Senado.

    Los promotores de la iniciativa consideran que, para que el Senado "ejerza con plenitud su función como Cámara de representación territorial que le otorga la Constitución", es necesario ampliar "al conjunto de la actividad de la Cámara, y singularmente al Pleno, la posibilidad de que las intervenciones se realicen en cualquiera de las lenguas oficiales de una comunidad autónoma". En la actualidad, los senadores sólo pueden utilizar el catalán, euskera, gallego y valenciano en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que suele reunirse un par de veces al año.

    El Senado dispone de un pequeño equipo externo de intérpretes que sólo contrata, de forma temporal, cuando se convoca la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Pero ese recurso será insuficiente cuando el catalán, euskera, gallego y valenciano se conviertan en lenguas habituales de trabajo en plenos y comisiones, lo que obligará a contratar traductores e intérpretes con carácter fijo.

    Más de 120.000 euros

    El pasado 15 de enero, Rojo reclamó al senador Miquel Bofill y los otros 33 impulsores de la reforma que le remitiesen una "evaluación del coste económico" del sistema de traducción simultánea. Entesa Catalana de Progrés comunicó al presidente del Senado que, según sus cálculos, traducir al castellano las intervenciones en catalán, euskera, gallego y valenciano podría ascender a 120.000 euros anuales. Sin embargo, fuentes del PP -que rechaza de plano el proyecto- consideran que esa estimación está hecha "muy a la baja".

    La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL) entregará hoy mismo en el Senado un escrito solicitando a Rojo y a los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE -Carmen Silva- y del PP -Pío García Escudero- que frenen la reforma del reglamento. "Sería vergonzoso que los representantes de los ciudadanos españoles no fuesen capaces de entenderse en la lengua oficial del Estado dentro de sus principales instituciones", afirma la ANLL en un comunicado, que lamenta que "en plena crisis económica el dinero de los contribuyentes se emplee en contratar traductores para satisfacer los deseos de una minoría nacionalista".

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